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Revista de Prensa: Artículos

martes, 29 de diciembre de 2015

Hacia la mejora en la coordinación de las instituciones públicas que velan por la seguridad nacional

David Marchal


Veintinueve artículos divididos en cinco títulos, cuatro disposiciones adicionales, una transitoria y cuatro finales. Así es la estructura que da forma a la Ley 36/2015 de Seguridad Nacional, enmarcada dentro de la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada en 2013, bajo la denominación de Sistema de Seguridad Nacional y dirigida directamente por el presidente del Gobierno. El fin de esta normativa es optimizar la coordinación de los recursos del Estado para la protección de la sociedad y sus estructuras.

El pasado 28 de septiembre, el BOE publicó la Ley 36/2015 de Seguridad Nacional, según la cual su principal objetivo es coordinar “la acción del Estado para proteger la libertad y el bienestar de sus ciudadanos, garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, así como contribuir a la seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos asumidos”. Este fin, además, ha de ser compartido por las diferentes Administraciones (estatal, autonómica y local), los órganos constitucionales, el sector privado y la sociedad civil.

Entre sus puntos más destacados, regula la gestión de crisis como marco general de funcionamiento del Sistema de Seguridad Nacional, y establece definiciones y competencias en dicha materia. Asimismo, pone el acento en los nuevos desafíos de seguridad como puedan ser la ciberseguridad, la seguridad energética o la protección de las infraestructuras críticas.

Por último, conviene matizar que esta ley no afecta a la regulación de los distintos agentes e instrumentos que ya son objeto de normas sectoriales específicas. Como, por ejemplo, los estados de alarma, excepción y sitio; la Defensa Nacional; las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; la protección de la seguridad ciudadana; la protección de infraestructuras críticas; la protección civil; la acción y el servicio exterior del Estado; o la seguridad privada. Todos ellos los integra en el esquema de organización general, establecido por la Estrategia de Seguridad Nacional, de 31 de mayo de 2013, bajo la denominación de Sistema de Seguridad Nacional.

Disposiciones generales

La Ley de Seguridad Nacional comienza con este apartado que consta de once artículos, en los que, aparte de las disposiciones relativas a su objeto y ámbito, establece las definiciones y principios generales que inspiran el concepto de Seguridad Nacional. Entre ellos, en primer lugar, se encuentra la Política de Seguridad Nacional, cuyos principios básicos son la unidad de acción, anticipación, prevención, eficiencia, sostenibilidad en el uso de los recursos, capacidad de resistencia y recuperación, coordinación y colaboración.

A continuación, detalla en qué consiste la Cultura de Seguridad Nacional, entendida como las acciones y planes del Gobierno que tienen por objeto aumentar el conocimiento y la sensibilización de la sociedad acerca de los requerimientos de la Seguridad Nacional, así como de los riesgos y amenazas susceptibles de comprometerla.

La cooperación con las Comunidades autónomas a través de una conferencia sectorial es otro factor importante que define la Seguridad Nacional, junto con la participación ciudadana y la colaboración privada. Asimismo, la Ley enumera los componentes fundamentales de la Seguridad Nacional, que son la Defensa Nacional, la Seguridad Pública y la Acción Exterior, los cuales se regulan por su normativa específica; los ámbitos de especial interés, aquéllos que son básicos para preservar los derechos, libertades y el bienestar de los ciudadanos; y las obligaciones de las Administraciones Públicas con respecto a ellos.

Órganos competentes

En el Título I, que comprende los artículos del 12 al 17, la ley establece quiénes son los órganos competentes en materia de Seguridad Nacional. El primero de todos son las Cortes Generales, donde corresponde debatir las líneas generales de la política de Seguridad Nacional. Para ello, además, se designará una Comisión Mixta Congreso-Senado, con el fin de que ambas cámaras dispongan de la más amplia información sobre las iniciativas sobre este asunto.

En segundo lugar, se sitúa el Gobierno, quien debe establecer y dirigir la política de Seguridad Nacional y asegurar su ejecución. A continuación, se encuentra el presidente del Gobierno, que es a quien le corresponde dirigir la política de Seguridad Nacional y el Sistema de Seguridad Nacional, y los ministros, como responsables del desarrollo y ejecución de la política de Seguridad Nacional en los ámbitos de sus respectivos departamentos ministeriales.

Cierra la lista de órganos competentes el Consejo de Seguridad Nacional, institución a la que le corresponde asistir al presidente del Gobierno en la dirección de la política de Seguridad Nacional y del Sistema de Seguridad Nacional, así como ejercer las funciones que se le atribuyan por esta ley y se le asignen por su reglamento.

El Sistema

El título II, que va desde el artículo 18 al 22, se ocupan de definir, marcar las funciones, establecer la estructura y difundir la composición del Sistema de Seguridad Nacional. Básicamente, se conoce por este nombre al conjunto de órganos, organismos, recursos y procedimientos integrados en su estructura que permiten a los órganos competentes en materia de Seguridad Nacional ejercer sus funciones. Precisamente, entre ellas se encuentra evaluar los factores y situaciones que puedan afectar a la Seguridad Nacional, recabar y analizar la información para tomar las decisiones adecuadas, y coordinar la respuesta ante las situaciones de crisis. Para ello, establece una estructura en cuya cúspide se encuentra el presidente del Gobierno, seguido por el Departamento de Seguridad Nacional, que ejercerá las funciones de Secretaría Técnica y órgano de trabajo permanente del Consejo de Seguridad Nacional y de sus órganos de apoyo, así como las demás funciones previstas en la normativa que le sea de aplicación.

A continuación, se establecen una serie de órganos de apoyo que deberán ejercer las funciones asignadas por el Consejo de Seguridad Nacional en los ámbitos de actuación previstos en la Estrategia de Seguridad Nacional, o cuando las circunstancias propias de la gestión de crisis lo precisen. Eso sí, la ley remite a un desarrollo reglamentario posterior que regule con mayor detalle estos órganos de coordinación y apoyo, así como los mecanismos de enlace con las Administraciones del Estado.

Este Título concluye con la enumeración de las funciones y la composición del Consejo de Seguridad Nacional. En el primer caso, destaca la potestad para dictar las directrices necesarias en materia de planificación y coordinación de la política de Seguridad Nacional, así como para dirigir y coordinar las actuaciones de gestión de situaciones de crisis. Además, puede promover e impulsar la elaboración de las estrategias de segundo nivel que sean necesarias, aprobar el Informe Anual de Seguridad Nacional antes de su presentación en las Cortes Generales, e impulsar las propuestas normativas necesarias para el fortalecimiento del Sistema de Seguridad Nacional.

Finalmente, en la composición del Consejo de Seguridad Nacional debe figurar el presidente del Gobierno, que lo presidirá; los vicepresidentes del Gobierno, si los hubiera; y los ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Justicia, de Defensa, de Hacienda y Administraciones Públicas, del Interior, de Fomento, de Industria, Energía y Turismo, de Presidencia, de Economía y Competitividad y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. A ellos se unen el director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, el jefe de Estado Mayor de la Defensa, el secretario de Estado de Seguridad y el secretario de Estado-Director del Centro Nacional de Inteligencia. A partir de ahí pueden ser convocados otros cargos públicos en función de los asuntos que se deban tratar.

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