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Revista de Prensa: Artículos

miércoles, 6 de junio de 2018

Problemas de la Universidad española

Clara Eugenia Núñez
Catedrática de Historia Económica (UNED) y autora de Universidad y Ciencia en España


La polémica suscitada por el máster de Cristina Cifuentes ha puesto de relieve los serios problemas que aquejan a las universidades españolas. Independientemente del desenlace de este embrollo, cuyas consecuencias políticas pueden ser importantes, sus orígenes estructurales tienen, en mi opinión, mayor importancia a largo plazo y bien merecen una reflexión.

Muchos nos preguntamos si tiene sentido que las universidades españolas ofrezcan un elevado número de titulaciones. En principio, la diversidad y la competencia son buenas: cuantos más grados y másteres, más opciones de elegir tendrán los alumnos. Pero para elegir bien deben tener unos elementos de juicio mínimos: ¿cuánto se tarda realmente en lograr un título?, ¿cuántos abandonan los estudios antes de terminar?, ¿cuántos encuentran empleo relacionado con su formación, en qué plazo y con qué retribuciones? Todos estos datos serían fáciles de obtener. Hay sistemas informáticos que permiten cruzar los datos necesarios respetando la identidad de los individuos y a coste prácticamente cero. Pero las universidades españolas no son partidarias de darlos a conocer, y ni los gobiernos autónomos de cuya financiación dependen, ni el Gobierno central cuya regulación sufren, les exigen hacerlo. A todos parece aterrar la imagen que daría su universidad. Como aquellas empresas que se niegan a abrir sus archivos a los historiadores por temor a que aparezcan los temidos esqueletos en los armarios, las universidades guardan celosamente su intimidad, anulando así la principal justificación de su abigarrada oferta de titulaciones.

Como instituciones públicas que son, financiadas con los impuestos de todos los españoles, los que han pasado por sus aulas y quienes no las han pisado nunca, las universidades deben responder ante la sociedad a la que dicen servir. Pero si no están dispuestas a facilitar información tan elemental como ésta, si se esfuerzan por ocultar sus miserias, ¿cómo pueden jactarse de ser socialmente responsables? Se ha tratado de resolver esta grave contradicción con complejos sistemas de evaluación de la calidad, buscando un marchamo exterior de solvencia. Lo malo es que, como veremos, el marchamo está lejos de ser exterior. Así nacieron las agencias de evaluación, la ANECA y las correspondientes anequillas autonómicas, cuya burocracia no ha hecho sino crecer, como si de un virus se tratara. Se evalúan los profesores, las titulaciones, las universidades, etcétera. Se firman acuerdos de reconocimiento entre agencias. Se crean comisiones y comités, se redactan protocolos de actuación, se diseñan nuevos sistemas informáticos para obtener una información ya asequible, y se acaban convirtiendo esos procesos, y las agencias que los alimentan, en la justificación misma de la universidad. Si Ortega publicara hoy su libro sobre la universidad tendría que recoger entre sus «misiones» la de producir documentos irrelevantes para alimentar a las agencias supuestamente evaluadoras.

Pero, y aquí está lo interesante, ¿quiénes controlan a las agencias que controlan a la universidad? Y la verdad es que son las propias universidades, o, mejor dicho, sus profesores. No es extraño que los rectores envíen cartas a sus docentes rogándoles que «se apunten como evaluadores» de la ANECA, a fin de que la universidad pueda contar con voces amigas cuando le llegue el momento de ser evaluada. Pero, además, la Conferencia de Rectores y los sindicatos universitarios forman parte de ANECA y deciden conjuntamente los criterios por los que van a ser evaluadas sus universidades. Los criterios de eficacia como los que señalábamos al principio ni se publican ni se utilizan en las evaluaciones, aunque sería muy fácil hacerlo. La endogamia en la universidad española, una de las claves de su fracaso, no se limita a la contratación de profesores: se ha extendido a todo un sistema de evaluación que, en teoría, debía velar por la calidad de la universidad, pero que no lo hace, en virtud de un sistema de compadrazgos y socorros mutuos. El sistema de control controla lo menos posible, sin duda por temor a poner al descubierto casos como el que ha aflorado con el máster de Cristina Cifuentes.

Este espíritu de compadreo y endogamia universitarios, que se extiende y engrana con la esfera política, viene de antiguo. Basta con leer los debates en Cortes de la Ley de Reforma Universitaria de 1983, para advertir hasta qué punto los diputados que eran profesores universitarios se sirvieron de su posición para avanzar su carrera académica. Esta ley contribuyó poderosamente al localismo y la endogamia de la universidad democrática, pero esto no pareció preocupar a los padres de la patria. De aquellos polvos, estos lodos.

Más recientemente, la Ley Orgánica de Universidades de 2007 pretendió equiparar nuestras titulaciones -y universidades- con las europeas. El primer paso fue suprimir títulos como el de licenciado, reemplazado por el de graduado, poco atinada traslación al español del título de bachelor que da entrada a los estudios graduados de máster y doctorado en las universidades norteamericanas. ¡Cómo si bastara cambiar las etiquetas para mejorar los contenidos! El segundo paso fue fijar la duración de todos los grados en cuatro años (240 créditos), frente a los tradicionales cinco de las licenciaturas o seis de las ingenierías. Curiosamente no se adoptaron los grados de tres años, los más frecuentes en el Espacio Europeo al que se suponía que esta reforma nos iba a integrar, lo que dificultó extraordinariamente la homologación con Europa. ¿Por qué no se hizo? Porque no se podía cesar de un día para otro a los profesores que los nuevos grados, más cortos, harían redundantes. He aquí los criterios científicos con que se planifica en nuestro sistema universitario. El siguiente dislate fue compensar los grados largos con másteres cortos. La puerta quedaba así abierta para programas de apenas 30 créditos reales, es decir, para titulaciones de fin de semana, sin exigencia, rigor, ni utilidad alguna, salvo que determinados profesores puedan justificar una parte de su carga docente. Y quizá también, de paso, para favorecer a alguna figura influyente.

Como era de esperar, ninguna de estas medidas nos ha dado mejores universidades, ni más europeas, y ello por una razón muy sencilla. Porque el problema no estaba allí, ni en la evaluación ni en la redefinición de nuestras titulaciones. El problema está donde siempre estuvo, y de donde todos se esfuerzan en quitar el foco: en la incapacidad de la universidad para seleccionar a profesores y alumnos en función de su cualificación y de nada más. Y en la imposibilidad de que los jóvenes elijan sus estudios en función de criterios objetivos acerca de la calidad de la formación que van a recibir.

Quizá fuera hora de plantearse seriamente la posibilidad de depurar nuestras universidades. Los políticos deben dejar de hacer la vista gorda (actividad al parecer favorita del ministro para abajo) y marcar unas líneas generales que favorezcan la regeneración del sistema universitario y permitan que aquellos centros que lo merecen crezcan y se reorganicen, mientras los ineficaces se supriman o cambien radicalmente. Los universitarios debemos proponer medidas de regeneración honestas y eficaces, empezando por ofrecer transparencia sobre nuestra verdadera contribución a la sociedad (algo que desde 2013 hace una institución privada: el BBVA-IVIE). El fin del período de congelación del número de profesores que se inició con la crisis de 2008 abre una oportunidad única de renovar y vitalizar la universidad mediante la repatriación de tantos jóvenes talentos que se vieron obligados a abandonarla entonces, y la reorganización, esta vez en profundidad y contando con esta nueva savia, de las titulaciones que ofrecemos. No hay una receta única y por tanto ninguna debe ser impuesta desde el ámbito político; hay que admitir la posibilidad de error, pero también la responsabilidad de asumir dichos errores y corregirlos.

Sería un final feliz para un asunto tan bochornoso como el del actual culebrón del máster fantasma; al cabo, los contribuyentes y los estudiantes tendrían por fin algo por lo que felicitar a los políticos y a los profesores.

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