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Seguridad Colectiva y Defensa Nacional.

 

Revista de Prensa: Artículos

martes, 27 de marzo de 2007

Articulo Jesús A. Núñez Villaverde. www.elpais.es. 23/03/07

Jesús A. Núñez Villaverde
Codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH, Madrid)


El impacto de algunas imágenes bélicas parecería dar a entender que lo relevante hoy en el campo de la seguridad y la defensa sería el nivel tecnológico que unas Fuerzas Armadas (FF AA) puedan desplegar sobre el terreno. Guerra cibernética, dominio del espacio electromagnético, bajas cero, vehículos aéreos no tripulados, armas inteligentes... Alguien podría pensar que el factor humano ya no cuenta. Sin embargo, y a pesar de los cambios registrados desde el final de la Guerra Fría en el terreno tecnológico y estratégico, el elemento humano sigue siendo la pieza fundamental de los aparatos de defensa nacional y del sistema internacional de seguridad.

En España, esos cambios se han traducido, por resumirlo mucho, en la incorporación a organismos internacionales de defensa colectiva -se cumplen ahora 25 años del ingreso en la OTAN-, una notable reducción de efectivos humanos, la incorporación de las mujeres a sus filas, la participación creciente en operaciones militares internacionales, el paso a unas Fuerzas Armadas plenamente profesionales, la integración de personal extranjero y, todo ello, en paralelo a un incesante desarrollo tecnológico en sistemas de armas y en procedimientos de actuación.

Si se tiene en cuenta que la legislación de referencia en materia de personal nos retrotrae a la Ley 17/1989, complementada con la Ley 17/1999, que asienta el modelo de profesionalización de las Fuerzas Armadas, resulta inmediato dar la bienvenida a un proyecto de ley de la Carrera Militar, como el que acaba de iniciar su andadura en el Congreso de los Diputados. Hasta ahora, y en paralelo a una sucesión de planes de adecuación escasamente creíbles -que incluyen la todavía vigente Ley de Plantillas-, se ha ido capeando el temporal gracias, sobre todo, al sobreesfuerzo personal de los miembros de unas FF AA empeñadas en responder, aun sin los medios adecuados, a los desafíos que planteaban los nuevos tiempos. Agotada esa vía y descartada la ruptura con el camino recorrido, se impone ahora impulsar el proceso, añadiendo los pasos necesarios para saber qué tipo de militares queremos/necesitamos.

La ley plantea un objetivo ambicioso -en un camino del que ya forma parte la Ley de Tropa y Marinería, Ley 8/2006 de 24 de abril, y que debe continuar con unas nuevas Ordenanzas de las FF AA y una ley de derechos y deberes de los militares-: lograr la excelencia en el empleo de los profesionales de las Fuerzas Armadas. Tres son los puntos esenciales que destacan en su articulado:

La creación de una escala única de oficiales, que dé sentido al maremágnum heredado de la larga historia de nuestras Fuerzas Armadas. Lograr este objetivo implicará con seguridad sacrificios personales, para profesionales que deben readaptar sus expectativas y superar pruritos corporativos y de clase, y de ahí que sólo quepa esperar una sensibilidad especial para limar las asperezas que surjan en el camino.

Se trata de una exigencia racional y operativa que debería sumar el apoyo de todas las fuerzas parlamentarias. El temor, en todo caso, está en que la tensión política nacional se traslade también a este ámbito, olvidando que se trata de una política de Estado, y que cada partido quiera convertirse en portavoz interesado de algunos grupos de hipotéticos damnificados. Tiene sentido el debate para encontrar el mejor modo de llevar a cabo la integración; no lo tendría que este tema se convirtiera en una baza de competencia partidista en el marco preelectoral en el que nos movemos.

La instauración de un sistema de formación que combina la específicamente militar con la universitaria. La demanda de un profesional con capacidades múltiples para enfrentarse a misiones y contextos muy distintos a lo largo de su extensa vida militar, lleva necesariamente a ampliar los ya exigentes planes militares de estudio con los propios de la universidad española. Con la nueva ley un oficial de las Fuerzas Armadas tendrá que disponer de un título universitario -y un suboficial del de formación profesional de grado superior- para convertirse en militar de carrera y para ejercer su profesión; de ese modo se refuerza la institución, con mejores profesionales, y la persona, mejor dotada dentro y fuera de las Fuerzas Armadas. No es, como algunos quieren entender, un intento de cubrir una supuesta carencia de raíz -según la cual los estudios militares serían de segundo nivel-, sino de aspirar a esa excelencia en tareas cada vez más especializadas y más desafiantes.

No se da el paso, como se ideó en su origen, a una Universidad de Defensa Nacional, y el sistema elegido (de adscripción de los centros docentes militares a las universidades ubicadas en su entorno geográfico) debe asegurar que no reduce el nivel de exigencia propio de las academias militares y que, por el contrario, suma el caudal de conocimientos civiles de aplicación a las diversas tareas a desempeñar en las Fuerzas Armadas. El modelo elegido parece idóneo para fomentar aún más los vínculos entre la sociedad civil y las FF AA, pensando no sólo en el beneficio mutuo de compartir saberes y técnicas, sino también valores y principios.

La fijación del volumen de efectivos en el entorno de los 130.000-140.000 (de los que 50.000 deben ser cuadros de mando). Es una triste tradición de nuestras Fuerzas Armadas, y ahí está el actual proceso de profesionalización para demostrarlo, la esquizofrenia permanente de unos inexistentes ejércitos de papel que poco tienen que ver con la realidad de nuestras unidades. Sobre la base de cálculos realistas, la futura ley apunta a la fijación de un marco que parece encajar por fin las necesidades de la defensa con la disponibilidad de recursos presupuestarios adecuados, sin olvidar el imperativo demográfico.

Con buen criterio, el sistema de ascensos se inclina cada vez con mayor fuerza hacia el mérito, en detrimento de la antigüedad, y por combinar destinos operativos con una especialización que termine por definir distintas trayectorias profesionales -no todas necesariamente orientadas al mando de unidades-.

Nos interesa a todos poner el reloj en hora. Y a eso se aspira con la nueva escenificación del acto de jura a la bandera y con la inclusión en su articulado de unas normas de comportamiento ajustadas a la ética de todo servidor público, que a la disciplina y respeto a la jerarquía añaden la lealtad, el estricto acatamiento a la Constitución y el respeto a la dignidad humana. Se puede y debe aprovechar el esfuerzo, asimismo, para llegar a la eliminación de instancias anacrónicas -como el Servicio de Asistencia Religiosa, que bien se puede externalizar- y para, siguiendo el impulso racionalista de la estructura que se propone, fundir en un único Cuerpo de Logística a los tres de Intendencia que, de momento, siguen fragmentados en los tres Ejércitos. Sus señorías tienen ahora la palabra.

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