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miércoles, 11 de noviembre de 2009

Articulo El Mundo. El Mundo. 05/11/09

El Mundo


EL 'GRAN HERMANO' al que hacía referencia George Orwell ya no es la fantasía de un intelectual sino una inquietante realidad que amenaza la vida íntima y las libertades de los ciudadanos.

Esteban González Pons, vicesecretario del PP, anunció ayer la presentación de una proposición no de ley en el Congreso para garantizar la privacidad de las comunicaciones. El dirigente del PP denunció el uso abusivo e ilegal que el Ministerio del Interior está haciendo del sistema Sitel, un ordenador que registra todas las comunicaciones electrónicas.

Además de grabar las conversaciones, el Sitel permite localizar a cada individuo a través de su teléfono móvil, cruzar sus llamadas con las de otras personas y saber las páginas por las que navega en internet o las transacciones económicas que realiza.

La decisión de instalar el Sitel fue adoptada por el Gobierno de Aznar para emplearlo en la lucha antiterrorista, pero tuvo que paralizarlo por informes jurídicos de Justicia, Interior y el CGPJ, que advirtieron de su posible inconstitucionalidad. La Fiscalía de Madrid también se pronunció en contra por su falta de garantías jurídicas.

El Ministerio del Interior está utilizando desde finales de 2004 este sistema para diversas investigaciones policiales. Según Alfredo Pérez Rubalcaba, se emplea siempre con autorización judicial y se destruye aquel material que carece de interés para la causa.

Pero nadie sabe a ciencia cierta dónde están los ordenadores que graban las conversaciones ni cuántos hay, aunque se tiene constancia de que el CNI, al igual que la Policía Nacional y probablemente la Guardia Civil, tiene un equipo de estas características.

Nadie sabe tampoco qué información se archiva en discos, cuál es el criterio de selección, quién determina el material que se entrega al juez y quién custodia esos registros, como González Pons subrayó ayer.

Estamos ante un asunto que suscita enormes interrogantes, máxime teniendo en cuenta los abusos cometidos por el antiguo Cesid, que montó un dispositivo similar para espiar a políticos, jueces, empresarios y periodistas.

Por mucho que asegure el ministro del Interior que el sistema se usa dentro de la legalidad, parece imposible en la práctica garantizar que no se cometan abusos por parte de los servicios secretos o los aparatos policiales, que pueden controlar gracias al Sitel no sólo qué dicen los ciudadanos sino a dónde van y con quién se relacionan.

No dudamos de que el sistema puede ser muy útil para luchar contra ETA o contra las mafias, pero también puede ser instrumentalizado para espiar a personas honestas e incluso para chantajearlas con datos sobre su vida íntima.

Es cierto que el Estado tiene derecho a recurrir a las nuevas tecnologías para ser más eficaz en la persecución del crimen organizado, pero no todo vale. Tiene que haber límites y controles. Por ello, estamos también en contra de la obligación legal de los usuarios de los móviles con tarjeta de prepago de comunicar su identidad, lo que nos parece un exceso. Siguiendo la misma lógica, ¿por qué no forzar a revelar su nombre al que sube a un tren o llama desde una cabina telefónica?

Las enormes posibilidades de crear un Estado policial que ofrecen las tecnologías de la información obligan a abrir un gran debate social y a una mayor transparencia de los poderes públicos. El Parlamento debería entrar a fondo en este asunto que afecta a una cuestión sagrada en una democracia: los derechos de los ciudadanos y su seguridad jurídica.

Experto: Sitel: todos los datos al alcance de la mano, por Luis del Pino (06/11/2009)

Artículo: Las escuchas telefónicas, en cuestión
Artículo: Sitel requiere un control

 

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Fuente: El Mundo
Fecha: 05/11/09

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