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Revista de Prensa: Artículos

martes, 25 de enero de 2011

Más autocontrol en la empresa

Fernando Ferrín
Jurista


Hasta ahora, sólo podían ser autores criminalmente responsables de un delito o falta las personas físicas o naturales. El próximo día 23 de diciembre entra en vigor la última (por ahora) reforma del Código Penal por Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, que, entre otras novedades, introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas, rompiendo así con el viejo principio societas delinquere non potest, abandonado hace ya un siglo en el mundo anglosajón, pero no así en la vieja Europa (salvo Alemania e Italia, que alegan razones constitucionales para negar tal posibilidad). Se viene así a reforzar la responsabilidad individual, no a sustituirla. Ambas serán compatibles.

De lo que se trata, como señala el profesor Nieto Martín, es de exigir a las empresas que, en cierto modo, asuman una tarea pública, y que se autorregulen, con el fin de ponerse del lado del Estado en la tarea de controlar nuevos riesgos, proteger accionistas o consumidores o evitar hechos delictivos, permitiendo en su caso su esclarecimiento y denuncia a las autoridades públicas. Y ello sobre la base de que forma parte de la ordenada gestión de la entidad preocuparse por la prevención de hechos delictivos. Se busca, con ello, motivar a las empresas para que adopten mecanismos internos de control de aquellas conductas que puedan conllevar consecuencias penales para la entidad, colaborando activamente en la prevención y denuncia de la delincuencia económica, premiando con la aplicación de atenuantes a las entidades que denuncien los delitos que se cometan en su ámbito, o bien que colaboren en su investigación. Lo que, por cierto, va a crear un conflicto de intereses entre su defensa y la de las personas físicas a ellas vinculadas.

Para la fijación de la responsabilidad de las personas jurídicas (como reza la Exposición de Motivos) se ha optado por establecer una doble vía. Junto a la imputación de aquellos delitos cometidos en su nombre o por su cuenta, y en su provecho, por las personas que tienen poder de representación en las mismas, se añade la responsabilidad por aquellas infracciones propiciadas por no haber ejercido la persona jurídica el debido control sobre sus empleados, naturalmente con la imprescindible consideración de las circunstancias del caso concreto, a efectos de evitar una lectura meramente objetiva de esta regla de imputación. La responsabilidad penal de la persona jurídica podrá declararse con independencia de que se pueda o no individualizar la responsabilidad penal de la persona física.

No todo delito susceptible de ser cometido por las personas físicas podrá ser de forma simultánea imputado a personas jurídicas, sino exclusivamente los que determina la reforma. Concretamente, la promoción, favorecimiento, facilitación o publicidad del tráfico ilegal de órganos; trata de seres humanos; delitos relativos a la prostitución; delitos de encubrimiento y revelación de secretos; estafa; insolvencias punibles; daños informáticos; propiedad intelectual, industrial y contra el mercado y los consumidores; blanqueo de capitales; delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social; delitos contra los derechos de los trabajadores extranjeros; delitos relativos a la ordenación del territorio, el urbanismo y el medio ambiente; delitos relativos a la energía nuclear y radiaciones ionizantes; tráfico de drogas; falsificación de tarjetas de crédito, débito o cheques de viaje; tráfico de influencias; corrupción de funcionarios extranjeros; criminalidad organizada y financiación del terrorismo. Se han dejado fuera, al menos por ahora, figuras delictivas tales como el homicidio o las lesiones graves, lo que hubiera sido perfectamente factible e incluso aconsejable desde el punto de vista preventivo. Piénsese, por ejemplo, en los casos del síndrome tóxico, de catástrofes aéreas o ferroviarias (aunque las personas o entes públicos están excluidos) acaecidas en nuestro país; en materia de prevención de riesgos laborales, de seguridad alimentaria, etc.

Las penas que van a imponerse por estas conductas (excluida, lógicamente, la de prisión) son, principalmente, la de multa, bien sea por cuota diaria o proporcional, y en los supuestos más graves las de disolución, suspensión de actividades, clausura, inhabilitación para obtener subvenciones o contratar con el sector público, etc. A lo que, lógicamente, se añadirá la indemnización correspondiente al perjuicio causado.

Para evitar que la efectividad de esas medidas pueda quedar burlada mediante operaciones societarias o dispositivos de fraude, se prevé la transmisibilidad de la responsabilidad penal en los casos de transformación, fusión y absorción, y también en los de disolución encubierta; entendiendo por ésta la creación de entidades que continúen la actividad de la condenada y asuman o se aprovechen de todos o la mayor parte de los clientes, proveedores y empleados.

En suma, una reforma importante. Las empresas deberán implementar las medidas y códigos éticos de conducta de los empleados, y de prevención y reparación de hechos delictivos.

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