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Seguridad Pública y Protección Civil.

Articulo Lydia Garrido. El País. 20.10.2002

Lydia Garrido


Líderes y subiendo. Así se define la posición de la Comunidad Valenciana en lo que a número de delitos se refiere. Si el balance sobre la delincuencia en 2001 encendió aparentemente todas las alertas, desató un alud de medidas de choque y no menor número de teorías que explicaran una situación que se resumía en un incremento medio en las tres provincias del 25% de los delitos, 10 puntos por encima de la media de España, los cómputos provisionales de 2002 no hacen más que consolidar la primera posición en inseguridad ciudadana.

El aumento respecto a los datos del año anterior ronda el 17%, frente al 3,7% como media española. Pero además, el retrato que ofrecen las cifras se complica con elementos nuevos: el reconocimiento de que al menos 30 mafias, la mayoría de países del Este y cada vez más de Colombia, están instaladas en la costa de Alicante, con lo que ello supone de crímenes en ajustes de cuentas y delitos relacionados con la introducción de mujeres a las que se obliga a prostituirse, el tráfico de armas y de estupefacientes; se repite posición de líder también en delincuencia de menores y jóvenes, y el índice de criminalidad (que en 2001 alcanzó en la Comunidad de Valencia una ratio de 70,06 por cada 1.000 habitantes, mientras que la media de España estaba en 49,70 por cada 1.000 habitantes) ronda ya el doble de la estatal. La tasa de criminalidad se encontraba en la comunidad ya en 1996 en el 49,87, por encima de la media estatal del pasado año. Las provincias de Alicante y Valencia se sitúan entre las seis con más delincuencia de España.

Al incremento se añaden nuevas modalidades delictivas: al menos 20 pequeños empresarios han sido secuestrados y más de 40 amenazados por diferentes mafias en los últimos 18 meses; sólo en la ciudad de Valencia han ardido en lo que va de año 193 vehículos (casi 800 en poco más de dos años), y la Guardia Civil sigue en estos días la pista a una banda de ladrones que asalta de noche casas en la zona de huerta próxima a Valencia y que al menos en dos casos ha narcotizado a quienes dormían en el interior, encontrándose al despertar el espectáculo de la vivienda desvalijada. 'Tengo la garganta seca, un terrible dolor de cabeza y náuseas', dijo el joven de 16 años que se quedó a dormir con su abuela en Benifarach (Valencia) y que a la luz del día, sin haber oído nada, descubrió que las joyas de la familia y los ahorros habían desaparecido. Él puso sobre la pista de la posible utilización, por parte de una banda, de aerosoles narcotizantes en los robos.

'La gente, los comerciantes, en el transporte público, en un garaje... hay sensación de inseguridad', dice la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, Carmen Vila. 'Aquí no se puede tener un comercio a no ser que tengas un vigilante privado. En las calles del centro es un horror. Esto es un pasaje peatonal y me han robado cinco veces este año. ¿Dónde está la policía? Yo no la veo. Llevo 18 años en la tienda y nunca había sentido tanto miedo. Sólo hay que fijarse en cómo se han multiplicado los establecimientos que tienen ante la fachada pivotes de hierro para evitar los alunizajes, sobre todo las joyerías', explica Carmen Bou.

La sensación de inseguridad está refrendada por los datos. Según el propio Ministerio del Interior, durante el mes de agosto pasado, la Comunidad Valenciana registró 23.236 infracciones penales (12.849 delitos y 10.387 faltas), lo que supone un incremento respecto al mismo mes de 2001 del 38,1%, ya que el pasado año el total fue de 16.822 (10.035 delitos y 6.787 faltas). De las tres provincias, el incremento mayor lo registró Valencia, con un 41,7%, seguida de Alicante, con el 35,1%, y Castellón, con el 28,7%.

Si se compara la evolución del primer trimestre del año, el incremento de infracciones penales fue del 12,75% (el 20,11% en Alicante, el 11,29% en Valencia y un descenso del 1,94 en Castellón). El propio general de la Guardia Civil en Valencia, Teodoro López Fuertes, reconoció, durante la celebración de los actos de la patrona del instituto armado el pasado día 12, 'cierta insatisfacción del cuerpo porque el plan contra la delincuencia no consigue el descenso de los pequeños delitos'. El delegado del Gobierno y ex director general de la policía durante los últimos seis años, Juan Cotino, no quiso pronunciarse sobre el incremento que ya demuestran los balances parciales sobre delincuencia.

'La explicación está en el abandono de la seguridad pública por parte del Gobierno del PP y el abandono de las políticas sociales, especialmente las dirigidas a colectivos con grave riesgo de exclusión', asegura Joan Ignasi Pla, secretario general del PSPV-PSOE, cuyo grupo presentó recientemente en las Cortes autonómicas un plan de choque en el que uno de los ejes es apostar por un incremento de las plantillas policiales, especialmente de la Unidad Adscrita (policía autonómica), que está compuesta por 313 agentes.

Falta de efectivos

Mientras los delitos crecen, hasta el punto de que en 2001 se duplicaron las diligencias en los juzgados, y el aumento de la población en la Comunidad Valenciana se cifra en alrededor de 200.000 personas desde 1999, las plantillas policiales se mantienen inmóviles. En 1995, la comunidad tenía 3.303 agentes del Cuerpo Nacional de Policía; ahora no llega a los 3.610. Sumando esos agentes a los de la Guardia Civil (4.254), por cada 1.000 habitantes de la Comunidad Valenciana corresponden 1,8 policías. Si a ellos se agregan los 6.691 agentes de las policías locales, que tienen competencias en seguridad ciudadana pero no en investigación policial, la tasa es de 3,4 por cada 1.000 habitantes.
Alejandro Valle, jefe superior de policía de la Comunidad Valenciana desde el 14 de enero de 2001 -que aseguró venir con el encargo directo del entonces director general de la policía, Juan Cotino, para reducir la delincuencia y que afirmó, tras su toma de posesión, que siempre que aumenta, 'la eficacia de la policía tiene algo que ver'-, es ya objetivo de las críticas de los colectivos vecinales, que reclaman una mayor sensibilidad ante la situación, y de los sindicatos policiales, porque la respuesta ante el incremento de la inseguridad ciudadana ha sido dejar al mínimo de efectivos unidades como el Grume (Grupo de Menores), aplicar una política de objetivos que consideran arbitraria e injusta, y sacar más agentes a la calle sin activar mecanismos de coordinación con otros cuerpos.

Fuente: El País
Fecha: 20.10.2002

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