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Seguridad Corporativa y Protección del Patrimonio.
 

 Expertos

Jorge Salgueiro Rodríguez

Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
Vicepresidente Primero de AECRA (Asociación Europea de Profesionales para Conocimiento y Regulación de las Actividades de Seguridad Ciudadana)
Arbitro por AEADE (Asociación Europea de Arbitraje de Derecho y Equidad)
Director de Seguridad
Master en Asesoría Jurídica por el CEF

Director General de Servicios de Asesoría Legal Interna/Relaciones Institucionales
Securitas Direct España

La normativa de seguridad privada (y II)


Hallándome de viaje en el momento de escribir el presente artículo y por ello teniendo más tiempo para la reflexión tras la lectura en el AVE de un libro de una “persona que se dice experta en materia de seguridad privada” me asaltan de inmediato numerosas dudas e inquietantes pensamientos acerca de la falta de ajuste a la realidad del Libro leído a la realidad social española.

Evidentemente que tan sólo aquellos que como yo, por ejemplo entre otros muchos, diariamente nos encontramos recorriendo la geografía española conociendo las diferentes realidades y problemas existentes en cada provincia estamos cualificados para podemos confirmar con total certeza la realidad de dicha afirmación. Es por consiguiente que se exige ahora más que nunca que levantemos la voz y dejemos de teorizar sobre cuestiones que con una adecuada suma de voluntades podrían resolverse.

Es más parece legítimo y necesario que evitemos que sean catedráticos o profesores de diferentes Universidades quienes creen doctrina administrativa sobre nuestra materia.

En esta línea de suma de voluntades entre todos los agentes del sector no creo que debiéramos encontrar demasiadas dificultades en poder establecer o marcar foros/puntos de encuentro que al margen de “camisetas” y fuera de la famosas Comisiones abordaran todas aquellas cuestiones que nos surgen en nuestro quehacer diario y que intentamos solventar desde nuestro punto de vista limitado y no siempre enriquecido con otras opiniones.

Continuando con dicha reflexión, no tengo duda alguna que cada vez con más frecuencia, observamos en nuestro sector de la seguridad privada la presencia de una serie de intrusos que amparándose en los vacíos existentes en nuestra Normativa pretenden competir con los que estamos habilitados para ello con la clara indefensión que ello supone para las Empresas de Seguridad habilitadas. Afortunadamente en este mes y respecto a las prácticas ejecutadas impunemente tal como por un “intruso cualificado” Administraciones Locales (Ayuntamientos) parece que comienza a haber algún tipo de freno a las mismas y que los garantes o tuteladores de nuestro Sector han comenzado a expedientar a algún Ayuntamiento infractor con una propuesta sancionadora de treinta mil euros. Habrá que seguir con total dedicación el resultado de dicho Procedimiento Administrativo Sancionador incoado.

En fin, que vuelvo a lanzar desde esta magna publicación, un mensaje de colaboración a todos los agentes intervinientes en nuestro sector, para que por fin podamos erigirnos en auténticos portavoces de la Seguridad Privada.

Para finalizar prosiguiendo con la línea que en el pasado artículo paso a hacer partícipe a todos los lectores de dicha Revista de aquellos Informes, que un humilde servidor en su quehacer diario y con motivo de las preguntas que por el personal de la seguridad privada de cada empresa suelen formularse, tuvo que elaborar para satisfacer esas inquietudes profesionales. Espero que os satisfagan aún a pesar que con total probabilidad habrá opiniones divergentes o no coincidentes a la información vertida en mis citados Informes. En este número abordo la problemática del intrusismo practicado tanto por Administraciones Locales como por personas físicas o jurídicas procedentes de la Unión carentes de homologación para ejercer por ejemplo la actividad de instalación de sistemas de seguridad en España.

DICTAMEN SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE LOS AYUNTAMIENTOS O ADMINISTRACIONES LOCALES PUEDAN SERVICIOS DE SEGURIDAD A TRAVES DE CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS

CUESTIÓN PLANTEADA

El presente dictamen pretende aclarar una cuestión largamente comentada en el mundo de la seguridad y que ha sido objeto de amplia polémica.

Debemos, sin necesidad de entrar en análisis pormenorizados, afirmar que para que un Ayuntamiento pueda ejercitar una actividad de seguridad tal como la Explotación a través de una Central Receptora de Alarmas, para recepción, verificación y transmisión de las señales de alarma y su comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad así como la prestación de servicios de respuesta, haber obtenido la preceptiva autorización administrativa concedida por la Dirección General de Policía (Ministerio de Interior).

Como consecuencia de lo expuesto, todo Ayuntamiento que preste servicios de seguridad sin tener la preceptiva autorización u homologación administrativa y por consiguiente sin tener la condición de Empresa de Seguridad, estará infringiendo la normativa vigente reguladora de la seguridad privada en España siendo por ello dicho ente administrativo sujeto pasivo objeto de la oportuna sanción por tal infracción.

RÉGIMEN GENERAL.

NORMATIVA APLICABLE

ESTUDIO PARTICULAR DE LA CUESTIÓN

Son de enorme interés las respuestas de la Secretaría General Técnica que pasan a enunciarse dado que aclaran o complementan enormemente lo dispuesto por la Ley de Seguridad Privada y su Reglamento.

Así, me interesa traer a colación el informe de fecha abril de 2001 emitido por dicha Secretaria cuando afirma: “ Las actividades de seguridad privada tienen carácter exclusivo y excluyente; esto es, dichas actividades sólo pueden desarrollarse por empresas de seguridad y éstas sólo pueden tener como objeto el desempeño de actividades y servicios contemplados en la Ley 23/1992”.

Más concretamente centrado en la cuestión o asunto objeto del presente estudio supone el Informe de la Secretaría de abril de 1995 surgido ante la actuación ilegal llevada a cabo por un Ayuntamiento de la provincia de Barcelona. No parece resultar aplicable a aquellas actividades que insertas en el concepto de seguridad privada, pudieran ser prestadas por los Municipios, en virtud de normas reguladoras de sus competencias. Con esta afirmación lo que se quiere expresar es que una norma aprobada por un Ayuntamiento en modo alguno legitimaría a dicho ente administrativo para prestar una actividad de seguridad privada.

Las competencias municipales aparecen definidas en la Ley de Bases de Régimen Local pudiendo confirmarse que entre dichas competencias figura alguna que se aproxime a las actividades inmersas en el concepto de seguridad privada.

En este informe citado la Secretaria General técnica ratifica lo anteriormente enunciado concluyendo que : “ Los Municipios pueden promover toda clase de actividades que contribuyan a satisfacer las necesidades de la comunidad vecinal, aunque siempre en los términos de la legislación. La instalación de una Central de Alarmas puede entenderse que contribuye a satisfacer las necesidades de una comunidad vecinal pero es evidente que esta actividad no tiene la consideración de servicio público local y habrá de sujetarse en su ejercicio a lo dispuesto en los artículos 86.1 y 2 de la LBRL. En resumen si un Municipio decide prestar el servicio de central para la recepción, verificación y transmisión de señales de alarmas, actuará, en esta actividad, como una persona jurídica privada, por lo que habrá de someterse a las mismas exigencias que las establecidas para éstas en la LSP y RSP.

Por todo ello, la prestación municipal del servicio de central para la recepción, verificación y transmisión de alarmas requiere básicamente los siguientes requisitos: Para su prestación deberá constituirse como empresa de seguridad con los requisitos de la LSP y hallarse inscrita en el Registro correspondiente y su funcionamiento habrá de ajustarse a las disposiciones contenidas en los artículos 46 a 51 RSP.

La prestación del servicio de Central de alarmas por un Ayuntamiento sin la previa constitución de una empresa de seguridad así como la instalación de dispositivos de alarma por una empresa no inscrita y autorizada para tal actividad constituyen presuntas infracciones muy graves en el artículo 22 de la LSP

Circular interna de 1 de abril de 1999 emitida por la Dirección General de la Policía también es suficientemente ilustrativa y clara respecto a este asunto por lo cuál paso a reproducirla literalmente a continuación incorporando mis comentarios personales oportunos:

  1. Si los ayuntamientos disponen de Centrales de Alarma para prestar privadamente a los ciudadanos servicios de centralización de alarmas... para ello deberán cumplir todos los requisitos que se exigen a los particulares tanto para la inscripción y autorización inicial como en su funcionamiento posterior. Es decir debería estar constituida como empresa de seguridad.
  2. Si la Central de Alarmas del Ayuntamiento no tiene autorización como Empresa de Seguridad solamente podrían conectarse a la misma dependencias municipales pero no los ciudadanos residentes en el Municipio por no ser una competencia de las que recoge la legislación local como propia de los Ayuntamientos. Es evidente por lo expuesto que en ningún caso ningún Ayuntamiento podría ejecutar un servicio de monitorización de alarmas en el cuál estuvieran incluidos los vecinos o ciudadanos del Municipio salvo que dicho Ayuntamiento tuviera la condición de Empresa de seguridad. Obviamente se le autorización para que pueda realizar dicha tarea de monitorización de aquellos sistemas de seguridad que estuvieran instalados en los edificios o locales propiedad del Ayuntamiento pero no respecto a los instalados en domicilios particulares o locales de los ciudadanos del Municipio.

CONCLUSIONES

Es de extrema necesidad que ante el caso de que un Ayuntamiento esté ofertando y prestando servicios de seguridad coincidentes con los desarrollados por Securitas Direct España, que el personal de nuestra empresa notifique dicho extremo al Departamento Jurídico al objeto de que se investigue si dicho Ayuntamiento tiene la condición de Empresa de Seguridad y puedan iniciarse la acciones pertinentes para frenar dicho tipo de prácticas. Es responsabilidad de Securitas Direct España como Empresa de seguridad homologada, frenar el intrusismo existente en el sector, y ello aún cuando el mismo provenga de un Ente administrativo e informar a los ciudadanos de dicho Municipio acerca de la ilegalidad del acto administrativo cometido por dicho Ayuntamiento. A tal fin podéis mostrar y entregar el presente dictamen.

DICTAMEN SOBRE ILEGALIDAD DE INSTALACIONES DE SISTEMAS DE SEGURIDAD REALIZADAS POR EMPRESAS NO HOMOLOGADAS

CUESTIÓN PLANTEADA

Ante las enormes irregularidades denunciadas por las Gerencias de Securitas Direct España S.A. en relación al intrusismo practicado de manera principal en la Costa Mediterránea, por Personas físicas y jurídicas naturales de países de la Unión Europea que dedican su actividad profesional principal a la venta e instalación de sistemas de seguridad sin contar con la preceptiva autorización administrativa para el ejercicio de una actividad de seguridad, paso a ejecutar un análisis somero de las implicaciones que para la normativa de seguridad Privada suponen dichas actuaciones no sin antes poner de manifiesto las dificultades que a nivel de prueba constituyen dichas actuaciones.

RÉGIMEN GENERAL.

NORMATIVA APLICABLE

ESTUDIO PARTICULAR DE LA CUESTIÓN

Para comenzar a analizar dicha cuestión deseo aludir a la definición que de la Seguridad Privada se proporciona o menciona en la Exposición de Motivos de la Ley de Seguridad Privada Española: “servicios privados de seguridad como servicios complementarios y subordinados respecto a los de seguridad pública. Lo que se busca con estas normas es articular facultades que puedan tener los ciudadanos de crear o utilizar los servicios privados de seguridad con las razones profundas sobre las que se asienta el servicio público de seguridad“.

Ello significa que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han de estar permanentemente presentes en el desarrollo de las actividades privadas de seguridad conociendo la información trascendente para la seguridad pública que en las mismas se genera y actuando con protagonismo indiscutible, siempre que tales actividades detecten el acaecimiento de hechos delictivos graves, perseguibles de oficio”.También debemos traer a colación por su relación con la cuestión objeto de análisis la definición de sistema de seguridad:”el conjunto de aparatos o dispositivos electrónicos contra robo e intrusión cuya activación sea susceptible de producir la intervención policial y ello conforme a la Orden Ministerial de 23 de abril de 1997 apartado vigésimo cuarto.

Y añade la misma Orden Ministerial de manera totalmente concluyente:“ su instalación deberá ser efectuada por una empresa de seguridad autorizada y ajustarse a lo dispuesto en los artículos 40,42 y 43 del Reglamento de Seguridad Privada”.

Y hablando de autorización administrativa si buscamos el significado de la palabra Autorización conforme al Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua por tal se considera “ permiso: necesitas una autorización para poder salir del colegio antes de tiempo; Documento en que se autoriza una cosa. Más explícito en el presente análisis resulta el significado que de la palabra autorizar se proporciona por el mismo Diccionario y que paso a expresar a continuación:

  1. Dar autoridad, poder o facultad para hacer algo: el presidente autorizó al secretario para representarle en la reunión.
  2. Dar o conceder permiso: el gobierno no autorizó la manifestación.
  3. Aprobar o dar validez: autorizar una documentación. Se conj. como cazar.

Sí que creo importante que relacionemos con el presente estudio, la conclusión que de manera pormenorizada se contempla por la normativa de seguridad privada vigente en España en el sentido de que: cualquier actuación dirigida a la comunicación de datos (incidencia de alarma) a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que provoque o sea susceptible de provocar una intervención policial, deberá implicar la constitución de cualquier persona física o jurídica como Empresa de Seguridad.

Tenemos que usar como Empresa instaladoras homologadas el artículo 24 de la Ley 23/92 de Seguridad Privada antes citado, y ello mediante denuncia frente a aquellas personas físicas o jurídicas que practican el intrusismo en nuestro sector. Por ello he decidido reproducir literalmente el mismo para los efectos informativos e ilustrativos oportunos: Artículo 24.

  1. Será considerada infracción grave, a los efectos de esta Ley, la utilización de aparatos de alarmas u otros dispositivos de seguridad no homologados. Sin embargo, se reputará infracción muy grave la utilización de tales dispositivos cuando fueran susceptibles de causar grave daño a las personas o a los intereses generales.
  2. La utilización de aparatos o dispositivos de seguridad sin ajustarse a las normas que los regulen, o su funcionamiento con daños o molestias para terceros, será considerada infracción leve.
  3. endrá la consideración de infracción grave la contratación o utilización de empresas carentes de la habilitación específica necesaria para el desarrollo de los servicios de seguridad privada, a sabiendas de que no reúnen los requisitos legales al efecto. Tendrá la consideración de infracción leve la contratación o utilización de personal de seguridad, en las mismas circunstancias.

A este artículo 24 debemos asociar de manera inexcusable el artículo 28 de la Ley 23/92 de Seguridad Privada al establecer las sanciones aplicables a aquellas personas físicas o jurídicas que infrinjan la normativa de seguridad privada les vendrá aparejada una multa que oscilará entre 300 a 3005 euros.

También se contempla o arbitra por la Ley de Seguridad Privada (artículo 29) como medida cautelar para garantizar la legalidad del sector impidiendo dicho intrusismo denunciado, la opción para las autoridades administrativas competente de decomisar y ser objeto de pública subasta el material no homologado o indebidamente utilizado en servicios de seguridad, al entenderse que dicho material comercializado e instalado por personas no autorizadas tuviera la consideración de acto de ilícito comercio. Con posterioridad entraremos para comprender dicho artículo y las alegaciones que deberán usarse la definición de acto de comercio. De fundamental debe calificarse igualmente el artículo 39 del Reglamento de Seguridad Privada de acuerdo con la redacción dada por el RD 1123/2001 al afirmarse de manera clara que “ Únicamente podrán realizarse operaciones de instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad electrónica contra robo e intrusión y contra incendios las empresas autorizadas. La única salvedad vendría determinada para aquellas empresas que se dediquen a la instalación de sistemas de seguridad contra robo en vehículos automóviles así como a la instalación de dispositivos de seguridad contra incendios”.

Hay que tener en cuenta igualmente para crear el ámbito diferenciador claro entre las empresas instaladoras homologadas de las no homologadas, que toda instalación de un sistema de seguridad debe ir precedida de la presentación por una Empresa de seguridad de un Proyecto de Instalación así como de un Certificado de Instalación. Ello nos llevaría a cuestionar “como puede certificarse por una persona física o jurídica no autorizada y por ende intrusa, la instalación de un sistema de seguridad electrónico que no viene acompañado de los requisitos documentales básicos”.

Se hace preciso por ello el ejercicio de una labor formativa e informativa sobre el usuario de seguridad objeto de dicha práctica, y ello con el fin de que denuncie dicha irregularidad ante las autoridades policiales. El sistema de seguridad instalado es un sistema ilegal y por ello el usuario de seguridad ante una inspección del mismo por las autoridades policiales o cuando dicho sistema cause molestias o perjuicios a terceros con motivo de una incidencia de alarma podrá ser objeto de un expediente sancionador por tal motivo. Es decir se hacer recaer la responsabilidad directa de dicha instalación en el usuario de seguridad pudiera entenderse de manera injusta, cuando en realidad debiera haberse imputado la misma en la persona física o jurídica instaladora de sistemas de seguridad no homologada, es decir al intruso.El Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Interior emitido con fecha julio 1997 ratifica todo lo expuesto con anterioridad y así mismo se afirma: “la instalación y el mantenimiento de los aparatos o dispositivos que integran un sistema de seguridad deberán efectuarlos obligatoriamente empresas de seguridad inscritas como tales cuando concurran las siguientes circunstancias:

  • Que se trate de aparatos o dispositivos electrónicos.
  • Que el objeto de su instalación sea la prevención contra el robo o la intrusión.
  • Que la activación de tales aparatos o dispositivos sea susceptible de producir la intervención policial. Este último requisito debe entenderse con independencia de que el sistema de seguridad esté o no conectado a una Central de Alarmas.

Por consiguiente, la Secretaría General Técnica apunta y expresa un dato de extrema importancia centrado en que aquellos sistemas de uso doméstico, es decir, sin conexión a una Central de Alarmas también estarían sujetos a la normativa de seguridad privada y por ello aquella persona física o jurídica que se dedicara de manera profesional o habitual a dicha actividad comercial, es decir obteniendo una contraprestación económica por dicho acto de comercio, vendría obligado a obtener la oportuna autorización administrativa para poder ejercer la actividad de instalación.

Las consecuencias ,aún a riesgo de ser reiterativo en mis apreciaciones por la realización de tal actuación, son bien conocidas : “Calificación de dicho acto como infracción administrativa leve y la subsiguiente sanción económica o multa por tal motivo tanto para el usuario de seguridad, cuando procedente de dicha instalación se deriven daños o perjuicios para un tercero, como para la Empresa instaladora no homologada”.

Pero, dado que aludimos a acto de comercio ¿Qué se entiende por tal?: “Actos necesariamente onerosos encaminados a la circulación de la riqueza, que se ejercen con habitualidad y profesión y que atienden a la valor permutable de las cosas y ello según definición dada por el Tribunal Supremo de fecha 8 de octubre de 1929.

Prosiguiendo con la exposición, debo afirmar que tampoco tengo duda alguna respecto a que carecerían de todo fundamento aquellas alegaciones que pudieran formularse por los intrusos citados en relación a que” justifiquen su falta de infracción de la normativa de seguridad privada en base a que no hayan percibido de manera habitual precio o contraprestación alguna por la ejecución de una instalación de un sistema de seguridad en una vivienda o lo cal”. Es evidente que para que dichos intrusos pudieran escapar al expediente sancionador así como la sanción económica impuesta por la comisión de dicha infracción administrativa, deberían contar con la complicidad del usuario final o comprador/ arrendatario del sistema y servicio de seguridad. Es decir, que dicho intruso haya realizado la instalación de un sistema de seguridad electrónico, sin emitir factura alguna por dichos trabajos con lo que ello igualmente supone: Infracción a la normativa de consumo y infracción a la normativa tributaria en España.

CONCLUSIONES

Primero: Se hace preciso para denunciar las irregularidades anteriormente comentadas obtener todo tipo de información escrita que pueda haberse emitido por dicho persona física o jurídica no homologada. Una lectura de inserciones publicitarias o folletos, tarjetas de visita con alusiones a dichas actividades de venta e instalación de sistemas de seguridad con alusión al pago de un precio suponen medios probatorios suficientes para iniciarse por las autoridades policiales pertinentes las diligencias oportunas para perseguir dichas infracciones.

Segundo: Hay que desarrollar una labor informativa sobre los clientes y usuarios en relación a la Este escrito y su contenido va dirigido exclusivamente a sus destinatarios y contiene información privilegiada o confidencial. Queda terminantemente prohibida su reproducción, distribución, y copia salvo que se cuente con la expresa autorización de Securitas Direct España S.A.U. La vulneracuón de la presente notificación supondrá para su autor la comisión de un hecho tipificado como delito en el Código Penal vigente y el inmediato ejercicio por Securitas Direct de las acciones penales pertinentes ante las Autoridades Españolas. Si no es Ud. el destinatario indicado, queda notificado de que la utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente y es susceptible de persecución penal por las autoridades pertinentes. Si ha recibido este texto por error, le rogamos nos lo comunique y proceda a su destrucción. Securitas Direct España inscrita DGP con el número 2737.normativa de seguridad privada, haciéndoles partícipes de las sanciones que pueden acarrearles ser partícipes en de dichas instalaciones no homologadas. Si es preciso dadles los teléfonos policiales para que formulen la pertinente consulta.

Tercero: Utilizad todo el argumentario incluido en el presente dictamen y tened en cuenta que por normativa de consumo se exige respecto a un sistema de seguridad el otorgamiento de una garantía por dos años. Con total probabilidad que de ningún modo a los clientes objeto de la actividad de instalación ilegal se les ha concedido dicha garantía. Por último sería recomendable advertir a dichos futuros usuarios de seguridad acerca de las consecuencias de no disponer de factura o documento alguno a los efectos de poder reclamar todo tipo de perjuicio frente a la empresa vendedora e instaladora del sistema de seguridad.

Para concluir expresar que es mi esperanza que con este tipo de artículos el resto de agentes que intervenimos en el sector de la seguridad creemos un foro de opinión sobre cuestiones que nos afectan. Espero que alguien recoja dicho testigo.

La normativa de seguridad privada (I) (04/08/2006)

Suplemento Temático: Los nuevos retos del Director de Seguridad

 


Fuente: Securitas Direct
Fecha: Noviembre de 2005

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