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Ministerio del Interior

Instalación de videocámaras en líneas de tranvías


En relación con la consulta formulada relativa a la legalidad de la instalación de videocámaras en los andenes, zona del intercambiador, zona de transito de viajeros, talleres y cocheras, así como de la captación, grabación, visionado y custodia de las imágenes grabadas por la empresa gestora de unas líneas de tranvías, se participa lo siguiente:

1.- La pretensión formulada por la empresa no puede, como pretende, basarse ni fundamentarse en el Real decreto 596/1999, de 16 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos, toda vez que, de conformidad con lo establecido en la citada Ley Orgánica y Reglamento de desarrollo, para que dicha normativa sea de aplicación deben concurrir diversas circunstancias:

  • Unas, de carácter subjetivo, ya que la utilización de tales sistemas de seguridad en lugares públicos se reserva exclusivamente al uso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, todo ello de conformidad a ciertos criterios de autorización, de procedimiento y de respeto a determinados principios de utilización.
  • Y otras, de carácter objetivo; es decir, sólo se autoriza a dichos Cuerpos y Fuerzas la instalación de los referidos sistemas de seguridad cuando tengan por objeto la cobertura de alguna de las finalidades previstas en el Art. 1, en relación con el 4, de la Ley Orgánica 4/97, que básicamente se circunscriben a la prevención y, en su caso, persecución de infracciones relacionadas con la seguridad ciudadana.

Significándose, en este sentido, que aún está pendiente de desarrollo reglamentario la Disposición Adicional Novena de la repetida Ley Orgánica, al efecto del traslado y adaptación de los principios inspiradores de la misma al ámbito de la seguridad privada, por lo que, de conformidad con lo expuesto, esta normativa no sería aplicable al caso planteado, al no darse los requisitos subjetivos y objetivos previstos al definir su objeto regulador.

2.- En ausencia de normativa específica, como se ha indicado, las imágenes que pudieran obtenerse, la gestión de las mismas, su conservación y en su caso destrucción, habrán de respetar el contenido de la Ley Orgánica 1/82, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a al intimidad personal y familiar y a la propia imagen, así como de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, recayendo, en todo caso, la responsabilidad por un uso incorrecto, en el titular de la instalación.

También y desde un punto de vista penal, el uso de las video grabaciones obtenidas sería punible si su utilización fuera constitutiva de las conductas tipificadas como delitos en el Art. 197 y siguientes del Código Penal (delitos contra la intimidad y el derecho a la propia imagen), previa denuncia de la persona agraviada, salvo que la comisión del delito afecta a los intereses generales, supuesto en que el delito podría ser perseguido de oficio.

3.- En atención a lo expuesto, se pueden efectuar las siguientes consideraciones al respecto:

  • La utilización de videocámaras en la vía pública por particulares es una actividad no autorizada expresamente, por lo que su empleo puede suponer una intromisión ilegítima en la esfera jurídica de las personas, en particular en el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen de las mismas.
  • La instalación y mantenimiento de estos dispositivos, cuando tengan como finalidad prevenir el robo o la intrusión en la esfera privada y su activación sea susceptible de intervención policial, debe ser efectuada por empresa de seguridad autorizada e inscrita, quedando, en este supuesto, tales actividades reguladas por la Ley 23/92 de Seguridad Privada y su Reglamento de desarrollo.
  • Caso de que tal empresa instaladora no estuviera autorizada como empresa de seguridad incurriría en la infracción leve, prevista en el Art. 22.3 b) de la Ley de Seguridad Privada y en el Art. 150.19 de su Reglamento de desarrollo. Por su parte, el titular de la instalación podría incurrir en la infracción tipificada como grave en el Art. 24.3 de la citada Ley y en el Art. 154.2 b) del repetido Reglamento.
  • Que los sistemas de video grabación contra robo e intrusión constituyen una medida de seguridad cuyo funcionamiento ha de ser necesariamente gestionada por personal de seguridad privada debidamente habilitado, y como quiera que tal personal tiene expresamente prohibido por ley la prestación de servicios de vigilancia fuera del ámbito privado, ya sea de forma personal y directa, o mediante e! uso de medios o procedimientos técnicos, es por lo que se considera que si la instalació y utilización de sistemas de video vigilancia lo fuera para el control de los viales públicos constituiría una actividad contraria a los principios ordenadores de la normativa de seguridad privada.

Suplemento Temático: Videovigilancia

 


Fuente: Boletin Informativo Seguridad Privada nº 23
Fecha: Diciembre de 2006

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