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Seguridad Corporativa y Protección del Patrimonio.
 

 Expertos

Jorge Salgueiro Rodríguez

Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
Vicepresidente Primero de AECRA (Asociación Europea de Profesionales para Conocimiento y Regulación de las Actividades de Seguridad Ciudadana)
Arbitro por AEADE (Asociación Europea de Arbitraje de Derecho y Equidad)
Director de Seguridad
Master en Asesoría Jurídica por el CEF

Director General de Servicios de Asesoría Legal Interna/Relaciones Institucionales
Securitas Direct España

La filosofía de la seguridad privada. Contrastes, reflexiones y valoraciones personales


Los derechos fundamentales constituyen sin ninguna duda, la parte nuclear de la Constitución española y por ello nuestra Constitución alberga un amplio catálogo de derechos fundamentales en su Titulo I en concreto de los artículos 14 al 29.

Ello no obstante, a pesar de desplegar su eficacia de manera inmediata, precisan de una Ley que regule su ejercicio no de manera libre, sino condicionada (limitaciones), si bien no podrán nunca desvirtuarlos al hallarse creados por la Constitución.

El control de la pertinencia o no de los límites legales establecidos corresponde al Tribunal Constitucional. Un derecho fundamental para ser tal ha de hallarse protegido o disponer de garantías las cuáles vienen establecidas principalmente a través del artículo 24 y 53 de la Constitución Española.

La realidad va siempre por delante del Derecho. Las nuevas necesidades sociales han superado con creces las expectativas del legislador a la hora por ejemplo de contemplar las medidas de seguridad con las que puede contar un ciudadano a la hora de proteger su patrimonio así como la tipología del delito (delitos contra la propiedad).

Las causas de crecimiento en la demanda de servicios de seguridad privada son de diversa índole, y acudiendo a F. Ocqueteau provendrían de:

a) la crisis de la regulación clásica de la justicia por lo que se hace referencia a la
protección de los delitos de la propiedad.
b) La incapacidad de la política de regular los desórdenes y la violencia urbana
mediante acciones de aproximación.
c) Una presión eficaz por parte de los profesionales de la seguridad.

Así pues, la adaptación de las nuevas tecnologías a las necesidades de usuarios empresas con una imperiosa necesidad en disponer de servicios de seguridad que prevengan la comisión del delito y la protección de su patrimonio se revela de importancia capital especial en la actualidad.

La adecuación de la oferta a las demandas requeridas por dichos usuarios no resulta nunca una tarea fácil. Es por ende necesario ejecutar por parte de los ofertantes de este tipo de servicios de seguridad una labor informativa o incluso formativa sobre dichos usuarios.

Es indudable que hay que encontrar una auténtica razón de ser en la existencia de la Seguridad Privada y por consiguiente al tratarse de actividades privadas sus necesidades de seguridad deben ser cubiertas por la Seguridad Privada.

Las acciones informadoras ejercidas por todos los agentes principales tales como Administración y Empresas de Seguridad deben orientarse a comunicar a dichos destinatarios de servicios de seguridad que no puede recurrir directamente a la Seguridad Pública para su protección.

Tenemos que partir de un principio tal como que delimitar unos contornos claros para legitimar de manera motivada por el ciudadano el recurso a la seguridad pública o a la seguridad privada es una actividad harto difícil.

Por consiguiente, parece lógica la conclusión que en relación a dicha cuestión sostiene A. Fabregat Díaz cuando manifiesta que no existirán dichos contornos perfilados “ mientras no exista un auténtico desarrollo de lo que se entiende por Derecho a la seguridad…”

Es muy importante a fin de establecer parcelas de competencia material y alcances particulares entre Seguridad Pública y Privada, poner de relieve las notas definitorias del concepto de Seguridad Privada, y ello siguiendo con carácter principal a Vicenç Aguado:

  1. Actividad complementaria y subordinada a la Seguridad pública.

  2. Actividad que no legitima ni ampara la aplicación del principio de autoridad perteneciente a la seguridad pública.

    Como consecuencia de dicha nota, la Seguridad Privada a través tanto las Empresas como el personal de Seguridad Privada realizará acciones puntuales y regulares tendentes a poner a disposición de los Cuerpos Policiales, tanto personas como elementos probatorios.

  3. Actividad intervenida por la Administración, cuya intervención se ve efectuada a través de la autorización administrativa previa (habilitación), los deberes que se imponen en el ejercicio de sus funciones así como las facultades de inspección y control.

    Debe existir siempre un usuario demandante de servicios de seguridad que ejecute un acto de comercio con una Empresa de Seguridad traducido de manera fundamental mediante el pago del primero a la segunda de una contraprestación económica por los servicios reglados (tasados) prestados.

  4. Actividad desarrollada con una finalidad claramente preventiva y disuasoria respecto a la existencia de riesgo de comisión de posibles hechos delictivos en ambitos solicitantes de dicha protección.

Es innegable que cualquier destinatario demandante de dichos servicios de la seguridad tiene claro, que cuando acude a una empresa de seguridad homologada como profesional de un mercado cambiante, por la configuración de su actividad , no puede exigir la obtención de un resultado por mucha que sea la dedicación, diligencia y buen hacer ejercida por la Empresa prestadora del servicio regulado.

A lo que se compromete la Empresa de Seguridad con dicho destinatario (usuario de seguridad), será al despliegue diligente de nuestra actividad conforme a nuestra lex artis. Por todo ello se hace imprescindible para evitar malos entendidos y situaciones de confusión, que en la fase previa a la contratación transmitamos adecuadamente a nuestros clientes nuestras obligaciones o deberes contractuales.

Es una cuestión de confianza entre partes demandante y ofertante de servicios, que además de una legislación específicamente aplicable (Ley y Reglamento de Seguridad Privada de manera principal) media un contrato como acuerdo de voluntades entre dos o más personas dirigido a crear obligaciones entre ellas así como que concurren en dicha relación un consentimiento común, una obligación y un carácter o condición de fuerza de ley entre las partes. El Principio Fundamental que debe presidir la relación con los usuarios al margen de las condiciones predisupuestas y exigidas por la Administración a través del Reglamento de Seguridad Privada, en cualquier caso, deberá estar basada en el principio de autonomía de la voluntad con límites basados en:

  • El carácter imperativo de las normas,
  • La moralidad entendida como conjunto de convicciones de ética social imperantes en un determinado momento histórico y con carácter general en la comunidad jurídica.
  • El orden público identificado como principios constitucionales.
  • La propia imposibilidad de la prestación
  • La protección de los derechos y obligaciones de las partes con especial atención al consumidor de servicios de la seguridad privada.

Con dichas premisas y conjuntamente con el interés general que por la índole de la actividad que desarrolla la Seguridad Privada y el mundo en que vivimos (seguridad pública), debe conducir al ejercicio de la tarea de evaluación y análisis del contenido de los servicios reglados y homologados prestados, con la búsqueda permanente y fin último de procurar ampliar y satisfacer día a día las demandas planteadas por nuestros usuarios como partes contratantes.

Por todo ello las circunstancias sociales (usos y costumbres) marcarán y dirigirán las acciones empresariales al intentar dotar de sentido y mayor contenido los servicios prestados. El grado de exigencia impuesto a las Empresas en base a dichos usos y costumbres debe ser mayor así como su flexibilidad a la hora de adaptar sus estructuras materiales y humanas a los problemas planteados por dichos destinatarios.

Las cosas y situaciones se complican, y en muchísimos casos resulta dificultoso poder prever las consecuencias y evolución del sector.

Así pues, y ante un mundo cambiante y en continua evolución, no debemos permanecer impasibles. La autorreflexión constituye un acto que debemos ejercitar diariamente en nuestro quehacer profesional. Debemos orientar nuestros esfuerzos a la consecución de fórmulas variadas y justas que mejoren los servicios de seguridad ofertados, intentando aportar las garantías suficientes para dichos destinatarios, sin olvidar que en cualquier servicio prestado va a mediar o habrá que satisfacer debidamente el depósito de confianza contemplado por el usuario en la Empresa de seguridad.

En este panorama descrito de lo que se trata es de buscar principios básicos orientadores de las actividades y servicios de la seguridad privada.

Insisto que es la realidad social la debe ajustar los comportamientos humanos a lo que se precisa. De manera específica, las Empresas de Seguridad deben ejecutar auténticas apuestas o inversiones materiales y humanas en implantar acciones de mejora tanto los protocolos informativos que puedan surgir tras la incidencia de seguridad objeto de una intervención policial como en constituir auténticos departamentos especialistas en dichos tratamientos. La apertura de piezas informativas debe ser el camino a emprenderse de manera conjunta entre la Seguridad Privada y la Seguridad Pública.

La adecuación de la oferta a las demandas requeridas por dichos usuarios no resulta tarea fácil. Es por ende necesario ejecutar por parte de los ofertantes de este tipo de servicios de seguridad (Empresas de Seguridad) y con carácter orientador la Administración Pública competente una labor informativa o incluso formativa sobre dichos usuarios. Con total probabilidad, que no todas las necesidades de servicios de seguridad requeridas por el usuario van a poder ser satisfechas por la Empresa de Seguridad prestataria de los servicios.

En el fondo lo que solicita o reclama un usuario de seguridad a través de la contratación de servicios de seguridad con una Empresa homologada, es la mediación de un agente cualificado cuál es la Seguridad Privada para protección específica de sus bienes (relación de carácter mercantil), y no para garantizar una intervención pública específica, preferente u obligatoria ante un suceso o petición de intervención pública determinada.

Será la Seguridad Privada de manera principal quién establecerá las limitaciones intrínsecas y extrínsecas a través de su normativa y la participación de las Empresas y personal de Seguridad en el proceso de protección privada de bienes y personas.

Por consiguiente, hay que lograr un sector con un adecuado conocimiento de los presupuestos de hecho y consecuencias jurídicas de la utilización de un sistema o servicios de seguridad.

En el caso de la actividad de instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad, dado que hoy en día no plantea problemas la libre comercialización de dichos dispositivos, hay que poner “coto” a la libre instalación por Empresas no homologadas, y sobre todo controlar jurídicamente la libre utilización de dichos sistemas en ámbitos que deben gozar de especial protección.

Es lógico pensar por todo lo expuesto que no pueden constituir fórmulas válidas aquellas propuestas e interpretaciones de la Administración que ignoren u obvien que la Seguridad Privada es una parte importante de la Seguridad ciudadana y que la confianza se logra en base a apuestas concretas y sinceras. Debemos buscar una cultura preventiva nunca correctiva. Todos coincidimos que posturas correctivas de inspección y control basadas en interpretaciones en muchos casos arbitrarias en modo alguno contribuyen a generar una ambiente de confianza entre la Seguridad Privada y la Seguridad Pública y a provocar un dialogo permanente.

Para ello el recurso del usuario del demandante de servicios de seguridad tiene que ser el principal Agente de la Seguridad Privada: “Las Empresas y el personal de seguridad Privada”.

Se trata de limitar al máximo por razones de inseguridad jurídica la aparición de tantas interpretaciones de las normas como agentes públicos tuteladores del sector. No ignoro por supuesto, que todas las referidas interpretaciones deben calificarse como válidas pero rechazo sus consecuencias, por entender que serán negativas y perjudiciales para el sector y sobre todo generadoras de indefensión para todos los agentes intervinientes.

Hay que lograr una especialización y diferenciación en las actividades reguladas por la Seguridad Privada, y ello a efectos de su inspección y supervisión por las Autoridades Competentes. Desde luego que las consecuencias tanto a nivel económico como personal no son iguales en las actividades de transporte de fondos ni en la actividad de instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad, y sobre todo por un hecho tan fundamental como que en principio una actividad de instalación y mantenimiento en modo alguno es susceptible de provocar una intervención policial y menos injustificada.

Traducción del deber de colaboración recíproco que debe existir entre la Seguridad Pública y la Seguridad Privada y que está previsto en el artículo 66 del Reglamento de Seguridad Privada, concurre en las solicitudes de información ante sucesos relevantes para la seguridad ciudadana y que por ende afectan al interés general.

Como consecuencia de lo manifestado estaría amparada la cesión de información para prevención, mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana por parte de una Empresa de Seguridad a una Fuerza y Cuerpo de Seguridad actuante y demandante de dicha información, más teniendo en cuenta que los datos a proporcionarse no son especialmente sensibles y media igualmente un contrato firmado entre la Empresa de Seguridad y el usuario afectado como antes he reiterado.

Dentro de este concepto y como datos fundamentales que deberá respetar la Fuerza Policial actuante, solicitante de información, frente a una Empresa de Seguridad, y ello para evitar malos entendidos que bien pudieran conducir al alegato por el agente de la autoridad de una propuesta de incoación de un expediente sancionador por falta de colaboración de la Empresa de Seguridad, deseo enumerar:

  • “El necesario respeto a los principios de proporcionalidad, intervención mínima y de coordinación administrativa. Y digo principio de coordinación dado que al presentarse o comunicarse por la Empresa de seguridad los datos legalmente obligados ante una Dependencia Policial (artículo 20 del Reglamento de Seguridad Privada) y procederse al archivo y registro de dichos datos por la Dirección General de la Policía, dicha información principal debiera constar en las bases de datos que a nivel operativo utilizarían las Salas de Operaciones Policiales ante avisos cursados por las Centrales de Alarmas de las Empresas de seguridad”.

  • “La Fuerza Policial requirente en caso de solicitar información a la Empresa de Seguridad no relacionada directamente con la intervención policial transmitida (caso de un aviso de alarma cursado por una Central de Alarmas) y producida con posterioridad a la comunicación policial realizada por la Empresa de Seguridad, deberá formalizar la petición por escrito, debidamente motivado, y ello dado que la llamada telefónica exterior sin hallarse debidamente autenticada o ser conocida por la Empresa de Seguridad receptora de la solicitud, puede implicar vulneración grave de la normativa de protección de datos”.

  • “La Administración debe ser consciente y estar sujeta al principio de buena fe y confianza legítima en sus actuaciones, según determina el artículo 3 de la ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones y Procedimiento Administrativo Común. Así pues por ejemplo un requerimiento informal emitido por fax, sin fijar plazo alguno para su cumplimentación ni citar preceptos en los que se basa la petición, sin mediar una advertencia expresa ni tampoco una reiteración material del requerimiento no puede dar lugar a la apertura de un expediente sancionador por falta de colaboración tal y como se pronunció el Juzgado Contencioso Administrativo Central nº 8 en sentencia de fecha 225/2006 de 1 de septiembre”.

  • “Será la Empresa de Seguridad como depositaria de la información, y dentro de su deber de colaboración y subordinación de la Seguridad Privada respecto de la Seguridad Pública, la que establecerá el procedimiento que debe respetar el Cuerpo Policial requirente para proceder a su envío”.

En resumen, sólo a través del conocimiento particular por las partes de la realidad de las cosas y del esfuerzo coordinado de las partes intervinientes, se podrá construir una Seguridad Ciudadana más responsable y efectiva con claros resultados de éxito.

Sigamos pues por dicho camino.

 

Bibliografía: Videovigilancia en la empresa y seguridad privada, por Jorge Salgueiro Rodríguez

Suplemento Temático: Los nuevos retos del Director de Seguridad

 


Fuente: Cuadernos de Seguridad
Fecha: 13/01/09

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