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Seguridad Colectiva y Defensa Nacional.

 

 Expertos

Francisco García


Abogado y ex militar

El nuevo modelo de acceso a la enseñanza militar


La Ley de la Carrera Militar de 2007 (LCM), ha introducido una importante y grave modificación en su forma de acceso, que hasta ahora era mediante unas muy duras oposiciones, que conducirá irremediablemente a un sistema por el que nuestras Fuerzas Armadas sufrirán una pérdida de calidad en sus recursos humanos.

Este grave problema hunde sus raíces en distintos factores: la más que posible inconstitucionalidad de dicha Ley; su debilidad en el planeamiento de los efectivos de oficiales y suboficiales y las consecuencias negativas de carácter financiero derivadas de su aplicación. Veamos:

a) Inconstitucionalidad de la Ley de la Carrera Militar
Sabemos que la condición de militar de carrera, con el empleo de oficial o de suboficial, tiene carácter indefinido en la Administración Pública, una vez superados los estudios oficiales en las Academias Militares correspondientes.

Sabemos que los estudios en esas Academias Militares son gratuitos y que incluyen matrícula, alojamiento y manutención. Ahora, además los alumnos podrán obtener otro título de grado universitario, en el caso de los oficiales, o de técnico superior en FP, en el caso de los suboficiales, y el cobro de un sueldo desde el primer día de ingreso en el centro de formación. La cosa no pinta mal, sino fuera por la dureza de vida de esas Academias.

El sistema de oposición seguido hasta la entrada en vigor de la LCM, garantizaba en líneas generales una entrada para los aspirantes más capacitados y por ende, se venían cumpliendo los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad que nuestra Constitución Española en su artículo 103.3 establece, todo ello al margen de la Comunidad Autónoma de origen.

Ocurre actualmente que el capítulo III de la LCM y la normativa posterior sobre el acceso a las escalas de oficiales, fija que a partir de 2010 se ingresará en las Academias Militares para oficiales, según la “nota de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de grado”, según establece el artículo 14 del Real Decreto 1892/2008, que consiste en una media ponderada de la prueba de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado (conocida como Selectividad) y de la nota media de Bachillerato; siendo para la escala de suboficiales, la nota media de Bachillerato, la que servirá para esa nota de admisión.

El artículo 56.1 de la LCM, dice que con este sistema de ingreso se garantizan los principios de mérito y capacidad y aquí está el tremendo fraude de esta Ley.

Sabemos que la prueba de acceso para las enseñanzas universitarias oficiales de grado (Selectividad) está organizada de forma independiente, aunque respetando unos mínimos principios comunes, por cada una de las autoridades educativas de las 17 comunidades autónomas. Es decir, tenemos 17 sistemas de examen de Selectividad diferentes más los correspondientes a las ciudades de Ceuta y Melilla. Sabemos que tanto el número de asignaturas como los contenidos que los estudiantes cursan son diferentes según la comunidad autónoma donde cursan. Sabemos que las notas de Bachillerato, según el informe PISA 2006 (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos) de la OCDE, que examina el rendimiento de alumnos de 15 años en áreas temáticas clave, recogía la gran diferencia habida entre las comunidades autónomas en cuanto a la calidad de los respectivos sistemas educativos, evidenciando diferencias de hasta 39 puntos en media, entre las 10 autonomías españolas que solicitaron su evaluación, y de hasta 44 en Ciencias. De estos datos se deduce que no es ni mucho menos igual la calidad de los sistemas educativos de las diferentes comunidades autónomas. Por tanto, es lógico pensar que si no es comparable la calidad de los sistemas, tampoco son comparables las notas de Bachillerato de los distintos sistemas, luego por razones geográficas se vuelven a conculcar los mencionados principios.

Sabemos también, que mientras determinados centros educativos inflan las notas de sus alumnos, otros son mucho más exigentes a la hora de calificar.

No hay que ser muy avispado para pensar que ante las claras ventajas de estudiar en una Academia Militar, donde como ya he indicado, la matrícula, el alojamiento, la manutención, el título de grado universitario o de técnico superior en FP, un sueldo desde el primer día de ingreso y la obtención de un contrato indefinido con la Administración Pública, serán elementos de fuerte incentivo para que algunos centros de enseñanza se “especialicen” en el acceso a la carrera militar y “garanticen” en cierta medida el acceso mediante unas notas más elevadas de lo normal. Todo un negocio.

En España, tenemos 17 Bachilleratos diferentes, con 17 pruebas de Selectividad diferentes y con centros educativos con incentivos a inflar notas.

Resulta evidente que, con este sistema, serán conculcados los principios de igualdad, mérito y capacidad puesto que no se evalúan éstos de igual forma en una comunidad autónoma que en otra.

b) La debilidad del planeamiento de los efectivos de oficiales y suboficiales
El Ministerio de Defensa se verá en serias dificultades a la hora de calcular el número de alumnos (oficiales y suboficiales) que han de incorporarse cada año a las Academias respectivas de formación para que, pasados los 5 años de estudios, éstos lleguen a cubrir de forma adecuada las necesidades de plantilla y la probabilidad de herrar en los cálculos será elevadísima. Porque no podemos pensar que esto pueda convertirse en una bicoca.

En el caso de los oficiales, es muy probable que se generen unos elevados índices de abandono de estudios similares a los de las carreras técnicas comparables (entre el 40 y el 60 por ciento).

c) Problemas de carácter financiero
A tenor de lo hasta ahora expresado, resulta evidente que el número de alumnos que ingresen en primero habrá de ser bastante superior al de las necesidades para cubrir éstas ante repetidores y bajas. Además, parece ser que en segundo curso existe una suerte de examen de nivel para comprobar que se han alcanzado unos conocimientos mínimos. Luego entre primero y segundo el número de alumnos debe ser claramente superior y tener presentes posibles repetidores tanto al no superar la prueba de nivel como en los últimos cursos, habitualmente más difíciles.

Estos motivos harán que el número de alumnos sin ninguna duda se elevará con respecto al número que existe en la actualidad y ello implica unos costes mayores por su manutención, alojamiento y vestuario, aparte de la adecuación de instalaciones y un más numeroso personal. Pero, a todo ello hay que añadir el coste en términos de matrícula universitaria que supondrá para el Ministerio de Defensa la adscripción de estos alumnos a las respectivas universidades o centros de FP. En consecuencia, más alumnos y más coste por alumno que en una época de crisis y de enormes restricciones presupuestarias, donde la enseñanza militar va a requerir unas inversiones ingentes que además no entrañarán ninguna mejora en la calidad de los cuadros de mando sino más bien todo lo contrario. De no realizarse tales inversiones, la reforma será un fracaso total y dejará gravemente dañados a los Ejércitos durante un largo período de tiempo.

Todo ello, sin analizar, los que una vez obtenidos su título de grado, abandonen la carerra de las armas para pasar al mundo privado, eso sí, con una excelente formación que le habremos pagado entre todos.

Suplemento Temático: Formación y Seguridad

 


Fuente: www.rebaleares.blogspot.com
Fecha: 04/04/10

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