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Seguridad Pública y Protección Civil.

 

 Expertos

Mikel Buesa


Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid

Macroeconomía del terrorismo


A lo largo de la última década, los estudios sobre las consecuencias económicas del terrorismo han progresado en diferentes direcciones, dando lugar a frutos muy interesantes y de gran valor práctico para la orientación y justificación de las políticas antiterroristas. Una de ellas es la macroeconomía, de manera que contamos con unas cuantas investigaciones acerca del impacto que han tenido los atentados terroristas sobre el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) en distintos tipos de países. El profesor Todd Sandler, de la Universidad de Texas, resumió sus resultados señalando cuatro aspectos principales: el primero se refiere al carácter limitado de las destrucciones provocadas por el terrorismo, lo que hace que «los costes inmediatos de la mayoría de los ataques terroristas sean locales y no muy diferentes a los de la delincuencia común»; el segundo alude a la posibilidad de que algunos sectores productivos sean especialmente sensibles a los efectos de la violencia, lo que podría dar lugar a desplazamientos de la inversión fuera de ellos; el tercero señala que «las grandes economías diversificadas son capaces de soportar cierto tipo de terrorismo y mostrar unas pérdidas macroeconómicas relativamente débiles»; y el cuarto indica que, contrariamente a las anteriores, las de «los países en desarrollo son más susceptibles a las consecuencias económicas inducidas por el terrorismo».

Por otra parte, algunos estudios han indagado en los efectos del terrorismo por comparación con los que se derivan de otros tipos de violencia política como las guerras internacionales y los conflictos armados de carácter interno. Un interesante trabajo de los profesores Brock Blomberg y Gregory Hess, del Claremont McKenna College, y Athanasios Orphanides, de la Reserva Federal norteamericana, concluyó que «la incidencia del terrorismo puede tener un efecto negativo significativo sobre el crecimiento económico, aunque ese efecto es considerablemente más pequeño y menos persistente que el asociado con cualquiera de las guerras externas o conflictos internos». Estos mismos autores destacaron, a partir de un examen referido a 177 países a lo largo de un período superior a tres décadas, que los ataques terroristas de carácter internacional son bastante más frecuentes en los países de mayor nivel de renta per capita que en los países menos adelantados, aunque, paradójicamente, en estos últimos «la influencia negativa de los incidentes terroristas en el crecimiento económico parece más significativa».

En el terreno comparativo también debe resaltarse el hallazgo de Khusrav Gaibulloev y Todd Sandler acerca de la diferente incidencia del terrorismo internacional y del local en los países de Europa occidental, de manera que el primero es mucho más dañino que el segundo y, así, mientras que el aumento de un atentado por cada millón de habitantes, atribuible a una organización terrorista internacional, provoca una reducción de 0,45 puntos porcentuales en el PIB, la misma variación, en el caso de las organizaciones terroristas internas, conduce a una pérdida de PIB tres veces menor, de sólo 0,17 puntos porcentuales.

Desde la perspectiva del análisis económico, el esfuerzo que conjuntamente realizan el Estado y el Gobierno Vasco para combatir el terrorismo etarra se justifica por unas ganancias de bienestar que superan claramente su coste.

Esto últimos resultados nos pueden servir para valorar la incidencia macroeconómica que han tenido las políticas antiterroristas en España y, a partir de ahí, para establecer el balance coste–beneficio correspondiente. La pregunta que me planteo es la siguiente: ¿merece la pena dedicar recursos al desarrollo de las políticas de prevención y represión del terrorismo desde el punto de vista de las mejoras que puede experimentar la economía del país con ellas?

En el caso del terrorismo doméstico sabemos que a lo largo de la última década se ha producido una caída bien perceptible en el número de atentados cometidos por ETA. El siglo XXI arrancó con una importante ofensiva terrorista que perdió fuelle desde 2003, aunque, tras la frustrada negociación política que llevó el gobierno de Rodríguez Zapatero con esa organización terrorista, se rehizo, bien es verdad que con un nivel inferior en cuanto a sus resultados, de manera que descendió el número de acciones violentas y también el de sus víctimas. En términos promedio, los terroristas de ETA pasaron de cometer 44,2 atentados anuales entre los años 2000 y 2004 —lo que supone una tasa de 1,07 por millón de habitantes— a 23,8 anuales en el quinquenio 2005–2009 —con lo que la tasa por millón de habitantes se redujo hasta 0,53—. Pues bien, si tenemos en cuenta los resultados de Gaibulloev y Sandler antes mencionados, esto significa que la economía española pudo experimentar una ganancia anual de 0,092 puntos porcentuales en su PIB como consecuencia del freno que la política antiterrorista puso a las acciones de ETA entre la primera y la segunda mitad del decenio. Esta ganancia equivale a 879,2 millones de euros al año, lo que, por comparación con el coste de la referida política —que es, conforme a las estimaciones que he publicado en otro lugar, expresadas en euros actuales, de 587,9 millones de euros anuales—, arroja un balance positivo de 291,3 millones de euros. Digámoslo de otra manera, desde la perspectiva del análisis económico, el esfuerzo que conjuntamente realizan el Estado y el Gobierno Vasco para combatir el terrorismo etarra se justifica por unas ganancias de bienestar que superan claramente su coste.

La macroeconomía del terrorismo nos proporciona, a través de sus estimaciones econométricas, una herramienta muy precisa para comprender que merece la pena asignar recursos a la prevención y represión de su violencia política.

Vayamos ahora con el terrorismo yihadista o islámico que, como es de todos sabido, produjo el 11 de marzo de 2004 los atentados de mayor gravedad que se han vivido en España.

Afortunadamente, después de aquellos acontecimientos, no han vuelto a repetirse las acciones violentas de este carácter internacional, lo que no significa que no hayan sido preparadas por algunas células desmanteladas antes de su ejecución. En ello ha jugado un papel fundamental el desarrollo por el Ministerio del Interior de una actuación específica en este campo, con la formación de unidades especializadas en él. Además, ha habido una atención al asunto en los Ministerios de Defensa y Justicia, así como en las Administraciones regional y local de Madrid, y en las empresas públicas de transporte, tal como han estudiado con detalle Aurelia Valiño y Joost Heijs en uno de los capítulos de The Economic Repercussions of Terrorism, libro que he editado este mismo año en Oxford University Press junto con Thomas Baumert.

Pues bien, si tenemos en cuenta que hemos pasado de 0,117 acciones terroristas internacionales por millón de habitantes en 2004, a ninguna posteriormente, siguiendo el mismo procedimiento que el utilizado con relación al terrorismo de ETA, llegamos a la conclusión de que la reducción de aquella violencia ha podido repercutir en una ganancia de 0,052 puntos porcentuales del PIB anual. Tal mejora equivale a 498,7 millones de euros; una cifra ésta que resulta sólo un poco superior a la de 488,5 millones anuales en la que los profesores Valiño y Heijs valoran los costes de la política destinada a prevenir y combatir este tipo de terrorismo. Por consiguiente, también en este caso, aunque de una manera más ajustada, se puede afirmar que el análisis coste–beneficio proporciona una justificación de los gastos en los que ha incurrido el Estado para tratar de librar a la sociedad española de la zozobra del terrorismo yihadista internacional.

En resumen, la macroeconomía del terrorismo, además de advertirnos acerca de las nada irrelevantes pérdidas que, en cuanto al crecimiento del PIB, pueden ocasionar los atentados sistemáticos de las organizaciones terroristas, nos proporciona, a través de sus estimaciones econométricas, una herramienta muy precisa para comprender que merece la pena asignar recursos a la prevención y represión de su violencia política. Naturalmente, esta perspectiva hemos de considerarla complementaria a otras, como la de la política, que apoya la acción antiterrorista en la preservación del orden democrático–constitucional, y la de la moral, que lo hace en la reclamación de justicia para con sus víctimas.

 

 

Especial: 11-S. Operación global contra el terrorismo: El análisis de los profesionales

 


Fuente: www.ojosdepapel.com
Fecha: 01/05/10

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