En la Escuela de Estado Mayor del Ejército se impartía hace años el Curso de Estado Mayor, consistente en un examen de ingreso, al que denominaban “Prueba General de Suficiencia”, en donde te examinaban de todos los reglamentos y normas militares en vigor; los que aprobaban pasaban a un curso previo, en el cual el treinta por ciento de los alumnos eran suspendidos. A partir de ese momento se te consideraba alumno de estado mayor, integrándote con otros alumnos extranjeros, hasta de diecisiete nacionalidades hubo en mi promoción. Dos duros años y al final un cuarto, de prácticas y de actividades complementarias. En total cerca de cinco años, es decir otra carrera.
Cuento lo anterior, porque aunque parezca paradójico las asignaturas estrictamente castrenses eran menos que el resto, impartiéndose: derecho administrativo, político e internacional; organización de empresa y organización del estado; economía de guerra y economía de defensa, historia, geografía, expresión oral, idiomas, etc. Una asignatura que particularmente me gustaba, aparte por supuesto, de la historia, era la economía. No se trataba de aprender una economía en tiempo de paz o de normalidad, sino en casos de conflictos, y de esta manera, aparte de la parte teórica, se investigaba la financiación de las guerras que hasta la fecha habían acaecido en el mundo.
Lo más curioso de todo, es que la guerra no propiciaba necesariamente la ruina de una nación. Los recursos generados ante el hecho bélico habían sido tales y los sacrificios de la población tan cuantiosos, que al llegar la paz, el estado en cuestión, fuera victorioso o derrotado, se ponía con ahínco a su reconstrucción, de tal manera que en el plazo de breves años, la infraestructura económica se había restaurado y la población, si cabe, era más rica que antes de la iniciación del conflicto. España en 1939, fue un caso un tanto especial, dado que se encontró al llegar su paz, ante una guerra mundial y posteriormente le fueron cerrados mercados y apoyos, por los vencedores de la contienda, pero no por ello no se instauró una situación de mayor riqueza y bienestar que la de 1936, al revés, la España de principios de la década de los cincuenta, era, dentro de un orden, relativamente feliz.
La economía de guerra era proclamada por una nación en guerra, tras la declaración interna del estado de guerra, es decir Alemania estaba en guerra desde 1939, pero no declaró el estado de guerra y la imposición de economía de guerra, al menos hasta bien entrado 1944. La economía de guerra indica que todos los esfuerzos de producción, investigación, trabajo, cultura, formación, etc., se dirigen a sufragar directa o indirectamente el esfuerzo bélico de esa nación. Por poner ejemplos, no se fabrican muñecos para niños, utilizándose su maquinaria para construir las espoletas de los proyectiles; o las industrias de corte y confección fabrican únicamente uniformes para los soldados y ropas de trabajo para los trabajadores o similares.
Por supuesto esta declaración de economía de guerra llevaba aparejada, control monetario; ahorro energético; racionamiento en víveres; concienciación nacional hacia el patriotismo y el esfuerzo solidario, adquiriendo bonos del estado con oro o con trabajo; motivación al trabajo, y otras medidas, aplicadas de una forma o de otra, por los contendientes.
Leo en la prensa y en Internet sobre la necesidad de aplicar una economía de guerra, para superar la situación actual, la verdad que no es adecuada la expresión, precisamente por la ausencia de guerra, durante la cual, el esfuerzo nacional se vuelca en un gasto diario, enormemente caro, el mantenimiento permanente de la máquina bélica, cuestión que no se produce en la actualidad.
Pero evidentemente algo hay que hacer, nos han rebajado el sueldo, se ha perdido empleo, han aumentado los impuestos, pero ¿todo eso sirve para salir la crisis? Sinceramente, como persona que lleva desde 1990 estudiando el fenómeno de “crisis en las organizaciones”, creo que rotundamente que no. Además uno de los objetivos básicos de todo sistema de crisis es “salir fortalecido de la situación que ha degenerado en crisis”, y desde luego España no saldrá fortalecida.
Cuando se declara el estado de crisis y por tanto debe imperar una economía de crisis, todo el esfuerzo nacional debe ir encaminado a salir fortalecido de esa situación, eliminando todas aquellas actividades que no inciden ni directa ni indirectamente en la potenciación de la economía nacional.
Se han recortado gastos, se ha proclamado que los miembros del Gobierno, todos los altos cargos y todas las administraciones públicas, han rebajados sus sueldos en un diez o quince por ciento. No debemos hacer demagogia con ello, es consecuencia del esfuerzo solidario que se exige al resto de la sociedad, aunque estas personas tienen en muchos casos “fondos reservados”, que no los tienen la totalidad de los ciudadanos de a pie. Pero se puede hacer mucho más, sin tener que hundir la daga en el costado del sufrido contribuyente. ¿Para que sirven algunos ministerios?, pongamos el ejemplo en el de Igualdad, en donde una joven a la que han hecho ministra, nos sorprende día tras día con una ocurrencia jocosa que nos cuesta muchos millones de euros de los ciudadanos.
Hablar de subvenciones es derrochar, no la que se concede al emprendedor que gasta sus últimos ahorros en un proyecto y que merece se le incentive dado que gracias a ellos se recuperará el empleo, porque no lo olvidemos, no generan empleos las grandes empresas, sino las pequeñas y medianas; ¿con qué objeto se subvencionan películas, algunas de las cuales no llegan ni a estrenarse y que sólo han servido para que coman del pesebre algunos amigos ideológicos?; ¿por qué se subvenciona a la asociación que estudia el “canto del cisne” (es un ejemplo), repartiéndose un dinero que es necesario en atender necesidades sociales a través de las organizaciones que se dedican a ello, entre ellas Cáritas diocesana?
¿Por qué no se eliminan por innecesarias y reiterativas, administraciones que tienen el mismo cometido? La Unión Europea mantiene como uno de sus principios básicos el de “subsidiariedad" que significa que las decisiones deben tomarse lo más cerca posible del ciudadano, es decir, la Unión no adopta medidas (excepto en asuntos para los cuales es la única responsable) a menos que ello resulte más eficaz que la adopción de medidas a nivel nacional, regional o local. En España para temas muy diversos nos enfrentamos al mismo tiempo ante el ayuntamiento, la comunidad autónoma y encima un ministerio, todos nos piden casi los mismos papeles y todos nos exigen tasas, impuestos, etc., por “resolver”, “aprobar”, etc., el problema que tenemos planteado. De esta forma tenemos una de las mayores burocracias de la Unión, de tal forma que día pasados en una tertulia radiofónica, se indicaba que en nuestro país el 55% de los ciudadanos cobran del estado, lo que quiere decir que el otro 45% son los que sufragan el total.
Pues bien aplicar terapias para todo lo anterior, unido al mercado de trabajo, flexibilidad laboral, aumento de la productividad, y otras medidas que economistas prestigiosos puedan dictaminar como necesarias, es lo que debe definirse como “economía de crisis”. Si existiera voluntad de declararla como tal, los españoles respiraríamos aliviados y desde luego sabríamos que en el horizonte comenzará a salir el sol y no recaería todo el esfuerzo, de la recuperación y estabilidad, en la clase media. ¡Bendita y sufrida clase media!
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