Ver Suplemento Temático...


Seguridad Pública y Protección Civil.

 

 Expertos

Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social




Criterios Técnicos Interpretativos sobre la actuación inspectora en los casos de atraco como Riesgo Laboral


 

 Enlace aCriterio tecnico n° 87/2011 sobre actuaciones
inspectoras en r
elacion al riesgo laboral de atraco

 

En determinadas actividades laborales los trabajadores están sometidos a riesgos que pueden afectar a su seguridad y salud y que tienen un origen externo a la empresa, como son los que se derivan de situaciones de violencia física extema que es la que tiene lugar por parte de personas que no prestan servicios en el centro de trabajo pero permanecen en él, ya sea porque son usuarios de los servicios de la empresa o ya sea por otras razones. incluidos los supuestos en que su presencia y conducta en el centro es ilegítima y delictiva.

El tratamiento de este género de violencia ha sido hasta hace muy poco tiempo exclusivamente penal y policial, y no se exigla ninguna responsabilidad al empresario en la reladón laboral respecto a la prevención de estas conductas, lo que contrastaba con el tratamienlo dado a la violencia en el trabajo como un problema seguridad y salud en el trabajo en muchos paises y organismos internacionales como la OIT.

Siguiendo el Repertorio de la OIT del año 2003, de recomendaciones prácticas sobre la violencia en el lugar de trabajo en el sector de los servicios y medidas para combatirla, se define la Violencia en el lugar de trabaio como "toda acción, incidente o comportamiento que le aparta de lo razonable mediante el cual una persona es agredida, amenazada, humillada o lesionada por otra en el ejercicio de su actividad profesional o como consecuencia directa de la misma (Se entiende por "consecuencia directa" un vínculo claro con el ejercicio de la actividad profesional y se supone que dicha accion, incidente o comportamiento ocurre posteriormente, dentro de un plazo de tiempo razonable)".

Según este Repertorio la violencia ¡nterna en el lugar de trabajo es la que tiene lugar entre los trabajadores, incluidos directores y supervisores mientras que la violencia externa es la que tiene lugar entre trabajadores (y directores y supervisores) y toda otra persona presente en el lugar de trabajo. La violencia externa o de terceros se considera un riesgo laboral emergente por la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, y la VI Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo del INSHT remarca que las situaciones de violencia fisica externa en el trabajo afedan a un 3,8% de los trabajadores.

Por otra parte, la doctrina de recientes sentencias judiciales del Tribunal Supremo establece con claridad que la violencia externa que sufren los trabajadores con motivo de su actividad laboral implica un riesgo laboral y, en consecuencia, la responsabilidad del empresario en la prevención de la violencia física ejercida contra sus trabajadores en el lugar de trabajo.

En ese sentido, se pueden citar las Sentencias del Tribunal Supremo de 20 de septiembre de 2007 sobre las agresiones sufridas por la trabajadora de un Ayuntamiento, y sobre todo la Sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 17 de Junio de 2008, que confirmaba la de 12 de marzo de 2007 de la Audiencia Nacional, en las que se declara como riesgo laboral los que sufren los empleados de Cajas de Ahorro como consecuencia de los atracos a las mismas y la obligación de las empresas de tener en cuenta el riesgo de atraco en las evaluaciones que deben realizar en cumplimiento de lo previsto en el art. 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.

De los fundamentos jurídicos recogidos en dichas resoluciones judiciales interesa resaltar a los efectos de este criterio técnico, los slguientes aspectos.

Por un lado la STS 20.9.07 señala en sus fundamentos jurídicos que "el Ayuntamiento demandado omitió la debida evaluación de riesgos y la correlativa implantación de medios para proteger a la trabajadora. Con ello resulta claro que la empresa incumplió el deber de seguridad que le impone el art. 14.2 LPRL y desconoció algunas especificas obligaciones de la propia normativa, como pudieran ser las establecidas en los artículos 16 (evaluación de riesgos), 21 (existencia de riesgos graves e inminentes) y 43 (desatención a requerimientos de la Inspección de Trabajo). Y esa pasividad o escasa diligencia empresarial correlativamente vulneró no solo el derecho -de naturaleza laboral ordinaria- del trabajador a -su integridad física y una adecuada política de seguridad e higiene" (art. 4.2.d ET) y a «una protección eficaz en materia de seguridad», higiene y salud en el trabajo (articulos 19 ET Y 14.1 LPRL)", sino también -lo que es decisivo a los efectos de que tratamos- su fundamental derecho a la vida y a la Integridad Física (art. 15 CE) y a la salud (art. 43 CE), que no han sido salvaguardados por el empresario, cuya diligencia como deudor de seguridad -no está de más recordarlo- para amplio sector doctrinal no se agota con el incumplimiento de las prevenciones legales en la materia, sino que se requiere la prueba cumplida de la diligencia necesaria para evitar el resultado dañoso", y que esa normativa protectora que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales representa es "desarrollo de la tutela propia del derecho fundamental a la integridad física de la trabajadora ... (art. 15 CE)" (STC 62/2007, de 27/Marzo, FJ 5)".

Por otro lado la STS de 17.6.08 incluye entra sus fundamentos juridicos que "el riesgo de atraco es un riesgo laboral porque se sufre por los trabajadores con ocasión del trabajo, y supone la posibilidad de que los mismos sufran un determinado daño, que pueden ser enfermedades, patologías o lesiones (art. 4 ap. 3 LPRL)". Que "el carácter Inevitable del atraco no desvirtúa su consideración de riesgo laboral, ya que los principios de la acción preventiva contenidos en el art. 15 de la LPRL ya contemplan la posibilidad de que dichos riesgos laborales no se puedan evitar, y en ese caso prescribe que dichos riesgos deberán evaluarse". Que el riesgo de atraco en cuanto que nesgo laboral debe ser evaluado. Que la normativa sobre prevención de riesgos laoorales no agota su contenido en la Ley 31/1995, LPRL, sino que tal y como dispone su art. 1 está constituida por dicha ley. sus disposiciones de desarrollo y complementarias y cuantas otras normas legales o convencionales contengan prescripciones relativas a la adopción de medidas preventivas en el ámbito laboral o susceptibles de producirlas en dicho ámbito, lo que implica que habrán de aplicarse, en las medidas en que resulte de aplicación, con el carácter de normativa de prevención de riesgos laborales, el Reglamento de Seguridad Privada, RD. 2364/99 y la Orden de 23 de abril de 1997, de desarrollo del mismo. Y que "la adopción por Bancos y Cajas de Ahorro de las medidas de seguridad para prevenir los atracos que establecen los Reglamentos de Seguridad no excluye la posibilidad de que dichas empresas al realizar la evaluación de riesgos laborales contemplen el atraco como un riesgo laboral y sea tenido en cuenta en el Plan de Prevención y en el Plan de Emergencia. impartiendo a los trabajadores los oportunos cursos de formación y facilitando a los representantes legales y sindicales, así como a los delegados de prevención, la información prevista en la normativa de prevención de riesgos laborales".

También señala esta sentencia que el control y la supervisión de las medidas de seguridad contenidas en el RD 2364/94 corresponde a las Autoridades del Ministerio de Interior (art. 137 y concordantes RD. 2364/94), pero ello no impide que la Inspección de Trabajo actúe en otros aspectos de la prevención de los riesgos derivados de los atracos.

Por lo tanto, de acuerdo con esta doctrina jurisprudencial. el empresario está obligado, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 14.2 LPRL, a realizar "en el marco de sus responsabilidades" la prevención de los riesgos laborales derivados de la violencia física externa "mediante la Integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores", con las especialidades que se recogen en la citada Ley en materia de plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios.

El límite a las obligaciones del empresario en materia de violencia física externa viene determinado por sus potestades de dirección de las relaciones laborales. El empresario no puede actuar fuera de los limites de esta potestad y deberá comunicar, en su caso, a las autoridades policiales todo cuanto transcienda de dichos limites y afecte a la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio.

En la práctica, hay ciertos procesos, situaciones e interacciones inherentes al trabajo que exponen a los trabajadores al riesgo de sufrir violencia externa en el lugar de trabajo como son los supuestos de:

  • trabajar con dinero, objetos valiosos o fármacos
  • llevar a cabo tareas de control y vigilancia
  • ofrecer servicios, asistencia, consejo o educación (personal sanitario, trabajadores sociales, profesores y transporte público)
  • trabajar con personas enfermas, inestables o agresivas (personal servicios sociales, centros penitenciarios)
  • trabajar en lugares donde se sirva alcohol (personal de hostelería)
  • trabajar de cara al público
  • trabajar en solitario o en lugares apartados

En todos los casos señalados y seguramente muchos otros que no hemos considerado. se plantea el problema de la aplicación practica de las obligaciones generales que establece la LPRL y normativa de desarrollo para todos los riesgos laborales, también para los denominados riesgos psicosociales que son los que se derivan de la organización del trabajo y el entorno social en el que se desarrollan las actividades laborales.

No obstante, en lo que concierne a la aplicación de la LPRL, hay que diferenciar entre la violencia eKlerna que proviene de los usuarios de los servicios o de las personas cuya presencia en el centro de trabajo es legitima (como son los clientes de un comercio, los pasajeros de un servicio de transporte público, los pacientes de un hospital, los escolares de un centro de enseñanza o los familiares de ambos), de la violencia externa que proviene de individuos que realizan una actividad ilegítima o incluso delictiva como sucede en el supuesto de los "atracos", que normalmente suceden cuando el trabajador opera con dinero, objetos
valiosos o fármacos.

En los primeros supuestos no existe una normativa legal específica que regule estas situaciones, sin olvidar que dichas conductas pueden tener tipificación en el Código Penal, aunque sí puede haber normas o reglamentos intemos establecidos por los centros comerciales. empresas de transportes, centros hospitalarios y educativos que contemplen estas situaciones y traten de canalizar las denuncias y demandas de los usuarios. El Inspector, por lo tanto, ha de aplicar las disposiciones generales de la ley de Prevención de Riesgos laborales previstas en los artículos 14 a 20 de la citada norma legal.

Pero en el supuesto de los atracos a los centros de trabajo se da la circunstancia de que concurre la normativa de prevención de riesgos laborales con la relativa a seguridad ciudadana, en la que se establecen como obligatorias ciertas medidas preventivas ante el riesgo de atracos y se determina la competencia de las autoridades de Interior para controlar y vigilar el cumplimiento de dichas obligaciones.

Esta situación exige delimitar claramente las competencias de los órganos del Ministerio del interior y de la Inspección de Trabajo. así como las cuestiones relativas a la aplicación de dicha normativa que no tiene la consideración de norma de prevención de riesgos laborales, pero tiene incidencia en las condicicones de seguridad y de salud de los trabajadores y no solo de los usuarios de sus empresas o de los establecimientos en los que trabajan.

Por este motivo y porque resulta necesario precisar aspectos relacionados con el contenido de las evaluaciones de riesgos que deben elaborar las empresas susceptibles de sufrir atracos, y con el de la actividad preventiva a desarrollar, es por lo que se considera necesario establecer un Criterio Técnico sobre actuaciones de la Inspecclón de Trabajo en relación con el riesgo de atraco, que permita unificar y dar coherencia a las actuaciones inspectoras que se desarrollen en toda España.

En consecuencia, con el carécter establecido en el art. 21 de la Ley 30/92, de 30 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, en adelante LRJPAC, esta Dirección General, en su condición de Autoridad Central de la lnspección de Trabajo y Seguridad Social, en ejercicio de las competencias establecidas en el articulo 18.3.12 de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a propuesta de la Subdirección General para la Coordinación en materia de Relaciones Laborales, Prevención de Riesgos laborales y Medidas de Igualdad, previa consulta a las autoridades competentes de las Comunidades Autónomas, dicta el siguiente CRITERIO TÉCNICO:

 Enlace aCriterio tecnico n° 87/2011 sobre actuaciones
inspectoras en r
elacion al riesgo laboral de atraco

Suplemento Temático: Formación y Seguridad

 


Fuente: Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
Fecha: 10/02/11

   Mas artículos de Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social        Otros Expertos   

Este experto ha sido visto por 1881 personas.