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Seguridad Colectiva y Defensa Nacional.

 

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Unidad Central de Seguridad Privada


Ministerio del Interior

Seguridad en universidades


El presente informe se remite ante la consulta planteada por un ciudadano, sobre naturaleza jurídica de los servicios de seguridad en las universidades públicas, y la posibilidad de creación de cuerpos de seguridad propios.


 

Consideraciones

La Ley Orgánica 2/86, de 13 de marzo, siguiendo lo previsto en la C.E del 98, esta­blece en sus artículos 104, 148 y 149 de for­ma clara, cual es el modelo de seguridad en España, y así, ya en la exposición de moti­vos mantiene que “El objetivo principal de la ley se centra en el diseño de las líneas maestras del Régimen Jurídico de las Fuer­zas y Cuerpos de Seguridad en su conjunto, tanto los dependientes del Gobierno de la Nación, como las policías Autonómicas co­mo locales”.

Aunque el Artículo 149.1 en su aparta­do 29 establece que la competencia en se­guridad pública es competencia exclusiva del Estado, el propio Art. 104.2 remite a una ley orgánica, para determinar las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en con­traposición a la matización efectuada en el número 1 del mismo artículo, que se refiere exclusivamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Gobierno de la Nación.

El Artículo 1, de la Ley Orgánica 2/86, manifiesta que la competencia en seguridad pública es exclusiva del Estado, y su mante­nimiento le corresponde al Gobierno de la Nación. En sus apartados 2 y 3 marca las condiciones de participación de las Comuni­dades Autónomas y las Corporaciones locales y en su apartado 4 expresa con claridad que, “El mantenimiento de la seguridad pú­blica, se ejercerá por las distintas administra­ciones a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.

El Artículo 2 de esta misma Ley, cita de forma concreta, quien tiene la condición de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad:

a) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dependientes del Gobierno de la Nación.

b) Los cuerpos de policía dependientes de la Comunidades Autónomas.

c) Los cuerpos de policía dependientes de corporaciones locales.

A mayor abundamiento en la materia, esta misma Ley en su título tercero, bajo la rúbrica de “De las policías de la Comunida­des Autónomas” establece en su Artículo 37:

1.- Las Comunidades Autónomas en cuyos Estatutos esté previsto, podrán crear cuer­pos de policía para el ejercicio de las funcio­nes de vigilancia y protección a que se refiere el artículo 148.1.22ª de la Constitución y las demás que le atribuye la presente Ley.

2.- Las Comunidades Autónomas que no hicieran uso de la posibilidad prevista en el apartado anterior, podrán ejercer las funcio­nes enumeradas en el Art. 148.1.22 a) de la Constitución, de conformidad con los Art. 39 y 47 de esta Ley, es decir, mediante la ads­cripción unidades del Cuerpo Nacional de Policía.

3.- Las Comunidades Autónomas cuyos Es­tatutos no prevean la creación de cuerpos de policía, también podrán ejercer las funciones de vigilancia y protección, mediante la firma de acuerdos de cooperación específica con el Estado.

La Ley 23/192, de seguridad privada, establece en su art. 1.1 que los servicios pri­vados de seguridad tendrán la consideración de servicios “complementarios y subordina­dos respecto a la seguridad pública”, y la Ley 1/92, sobre protección de la seguridad ciudadana obliga a los empleados de las empresas privadas de vigilancia y seguridad, si los hubiere a “colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, respecto del interior de los locales o establecimientos en que prestaren servicios”.

El apartado 1.a del Art. 5 de la Ley de Seguridad Privada, reconoce que, uno de los servicios y actividades que pueden desarro­llar las empresas de seguridad es la “vigilancia y protección de bienes, estableci­mientos…”, no obstante la propia ley, en su Disposición Adicional Tercera recoge una serie de actividades “fronterizas” que si bien pueden estar comprendidas dentro del con­cepto de vigilancia y seguridad, no se van a regir por la Ley de Seguridad Privada, sien­do, por tanto, actividades realizadas por per­sonal que no pertenece a seguridad privada.

Por su parte el Reglamento de Seguri­dad Privada en su Disposición Adicional Pri­mera, enumera estas actuaciones y entre ellas figura que puede ser prestado por per­sonal directamente contratado por los titula­res de los bienes “las de información en los accesos, custodia y comprobación del esta­do de (…), en los edificios particulares, por porteros, conserjes y personal análogo” y “las tareas de recepción, comprobación de visitantes y orientación de los mismos, así como las de control de entradas, documen­tos o carnés privados en cualquier clase de edificios o inmuebles”.

En todo caso, si se opta por la utiliza­ción de los servicios privados de seguridad, será obligatoria la existencia de un Departa­mento de Seguridad dirigido por un Director de Seguridad en “los centros, establecimien­tos o inmuebles que cuenten con un servicio de seguridad integrado por veinticuatro o más vigilantes de seguridad o Guardas parti­culares de campo, y cuya duración prevista supere un año”. (Art. 96 y 102.2 R.S.P.)

Conclusiones

En atención a las consideraciones an­teriores, cabe concluir lo siguiente:

1) Según se desprende de la legislación vigente, no es posible que una Univer­sidad, pública o privada, cree un cuer­po de seguridad, ya que estos son so­lo, los establecidos en la Ley Orgánica 2/86, con independencia de que la Co­munidad Autónoma en la que radique, tenga competencias en materia de se­guridad, y tenga también transferidas las competencias en materia de Edu­cación Superior.

La Universidad, podrá optar por la con­tratación directa o la creación de un cuerpo de profesionales dedicados a las labores previstas en la ley, que no sean exclusivas de las empresas de seguridad, o contratar los servicios con una empresa de seguridad, en cuyo caso, si el número de vigilantes excede de veinticuatro y si la duración es su­perior a un año, deberá contar con un Departamento de Seguridad dirigido por un Director de Seguridad.

 


Fuente: Boletín SEGURPRI nº 28
Fecha: Julio 2010

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