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Seguridad Corporativa y Protección del Patrimonio.
Seguridad Industrial y Prevención de Riesgos Laborales.

 

 Expertos

Joaquín Gairín Sallán

Catedrático de Ciencias de la Educación, Universidad Autónoma de Barcelona

Departamento de Pedagogía Aplicada

La seguridad integral en los centros de enseñanza obligatoria de España


Este artículo presenta los resultados del estudio «La seguridad integral en los centros de enseñanza obligatoria», cuyo objetivo es validar un modelo de seguridad integral e identificar las debilidades que presentan los centros de enseñanza obligatoria al respecto. El trabajo realizado ha permitido obtener una radiografía del estado de la cuestión, así como establecer un conjunto de propuestas para la mejora de la seguridad integral en los centros educativos de España.


La cultura de la seguridad de las personas y de los bienes va adquiriendo cada vez más importancia en nuestro entorno social y económico, aumentando, año tras año, la sensibilidad y preocupación en materia preventiva. A pesar de ello, aún queda mucho camino por recorrer para lograr unos resultados razonables y situarla en el lugar que le correspondería.

Una revisión de los estudios e iniciativas sobre la seguridad integral en centros educativos ilustra alguna de las realizaciones y denota cierta preocupación por la temática, aunque siempre de modo puntual, justificando la necesidad de iniciar estudios como el que se presenta.

La investigación de Torrenteras, Gómez, Ruiz y otros (2001) (1), es un ejemplo de la preocupación creciente por la salud de los trabajadores de la enseñanza. Los autores identificaron que uno de los problemas que más preocupa al profesorado son las deficiencias en el estado de su salud, derivadas directamente del tipo de funciones que desempeñan.

Por otra parte, podemos afirmar que la preocupación por la seguridad y la salud en los centros educativos va más allá de nuestras fronteras. Por este motivo, Longás y otros (2005) (2) elaboraron un estudio comparativo de las iniciativas en prevención que se realizan en diferentes países europeos con el objetivo de identificar prácticas para disminuir la incidencia de enfermedades y accidentes o daños no intencionales en escolares y docentes. Una de las conclusiones a las que llegaron fue que las iniciativas de buenas prácticas en seguridad y salud dependen más del propio centro que del país concreto, de modo que los centros deben poner el acento en las actividades de prevención y formación.

También es necesario destacar el estudio del año 2008 de Consumer-Eroski (3), en el que se analizaba la seguridad de 208 centros de educación infantil, primaria y secundaria, y que puso de relieve la falta de seguridad en los centros educativos. Las conclusiones del estudio apuntaban a la necesidad de aplicar metodologías que permitieran identificar las insuficiencias en materia de seguridad, para poder intervenir en los parámetros que requiriesen mejoras y aumentar, así, la seguridad que el centro ofrece.

Otros estudios y referentes interesantes son: Gómez (2001) (4); Torrenteras, Gómez, Ruiz y otros (2001) (1); Roldán (2002) (5); Sebastián (2006) (6); De Vehí (2009) (7); Buijs (2009) (8); De Waal & Grösser (2009) (9), que nos introducen en la temática de la seguridad y la prevención en los centros educativos y que expresan cierta preocupación por la necesidad de contar con evaluaciones sistemáticas que permitan generar la mencionada cultura de la prevención (USTEC-STES, 2008 (10), (Pérez Soriano, 2009 (11)).

La gestión de la prevención, como brazo articulado de la cultura preventiva, se hace necesaria, dado que para la salvaguarda de la vida humana, de la integridad física de las personas y de los bienes, se necesitan acciones que impidan al máximo la posibilidad de ocurrencia de un siniestro.

Una implicación correcta del nuevo concepto de la filosofía de la prevención evidencia la necesidad de un cambio de concepción en el trabajo de los gestores institucionales. Mientras cualquier gestor considere el concepto de la prevención como gasto, seguirán produciéndos inexorablemente accidentes que, por sus características, podían haberse reducido a un coste bajo y evitar, significativamente, el alto precio de los riesgos para las personas.

La prevención no puede seguir siendo un simple requisito burocrático más y parte de la documentación necesaria para homologar y autorizar la docencia cada nuevo curso escolar. La prevención va mucho más allá de tener extintores colgados en la pared o carteles que indiquen qué hacer en caso de emergencia (Defensor del Pueblo Andaluz, 2003 (12)). No obstante, no es aventurado afirmar que a veces tampoco existen y, por lo tanto, también es un aspecto de la prevención que, seguro, debe mejorarse.

Uno de los factores causantes del elevado índice de siniestralidad laboral en nuestro país es la falta de cultura preventiva. Para lograr una progresiva reducción de los accidentes en los entornos de trabajo, resulta absolutamente necesario realizar acciones de concienciación de la población, sobre todo de los jóvenes, que serán los trabajadores del mañana. De este modo, conseguiremos que cuando se incorporen al mundo del trabajo ya conozcan sus obligaciones y asuman rutinariamente unos hábitos de trabajo seguros. Parece obvio que los centros educativos deben ser el marco idóneo para este fin, en el sentido de que lo deben ser tanto con respecto al contenido de los programas formativos como con respecto a la organización y estructuración de los propios centros, que deben responder a una estricta práctica permanente y a una política orientada a la cultura preventiva en su sentido más general.

De este modo, la materia de la autoprotección debe tener en los centros educativos una doble aplicación: la propia de su implementación a cada uno de ellos y el desarrollo de la cultura «preventiva ». Es importante que en cualquier entorno (edificio, recinto, etc.) donde haya personas, las normas de seguridad se cumplan de la manera más estricta posible; muy especialmente los aspectos de la seguridad que tienen que ver directamente con el bienestar y la seguridad de los niños y jóvenes. Por este motivo, tenemos muy claro que los centros educativos deben convertirse en espacios donde la seguridad represente una prioridad máxima.

La seguridad de los centros educativos debe ser contemplada desde un enfoque integral que incluya no solo los aspectos relacionados con las condiciones materiales de los edificios escolares, sino también aquellos otros aspectos que de una forma u otra pueden tener repercusión directa o indirecta en la seguridad de todas aquellas personas que desarrollan sus actividades en el interior del centro (alumnos, dirección, educadores, personal no docente, personal de servicios diversos, etc.).

Bajo este enfoque global se ha realizado el presente proyecto, examinando los diversos requisitos mínimos que deben reunir los centros para ser susceptibles de prestar el servicio educativo en sus diferentes niveles.

El concepto de seguridad integral

La seguridad integral y la prevención componen una pluralidad de elementos que incluyen diferentes aspectos de ámbitos jurídicos, científicos y técnicos, que van desde la prevención y la higiene en el trabajo o la seguridad pública y privada, hasta la seguridad informática o alimentaria, pasando por la prevención y evaluación de riesgos, incluyendo el riesgo de exclusión social, la seguridad industrial, la protección civil y las catástrofes, entre otros.

Desde esta perspectiva, entendemos por seguridad integral la seguridad en sentido amplio (gestión privada de la seguridad integral, gestión pública de la seguridad integral y gestión técnica de la seguridad integral, es decir, aplicada a procesos, productos y servicios) que interacciona con otros campos íntimamente vinculados (medio ambiente, calidad industrial y responsabilidad social corporativa).

Aplicada a los centros educativos, considera de manera integrada tanto los aspectos estáticos del riesgo como los dinámicos, teniendo en cuenta los objetos y el uso que las personas hacen de los mismos, así como la seguridad en los edificios, los peligros derivados de la actividad pedagógica y las problemáticas sociales que puedan afectar. También se incluyen las actividades extraescolares y servicios complementarios relacionados con la educación.

Subyace en este planteamiento la idea de que la realidad es una totalidad y los aspectos de seguridad no se pueden reducir a elementos físicos o personales, por significativos que sean. De hecho, se defiende un enfoque ecológico, donde se reconoce una interacción dinámica entre personas, objetos y contextos, donde tan importante es la ordenación de la realidad como las actitudes y comportamientos personales que se tienen.

Después de analizar investigaciones y producciones propias, respecto al contenido de la seguridad integral (Gómez, 2001 (4); Gay y otros, 2004 (13); Chamarro et al., 2009 (14); Pérez Soriano, 2009 (11)), consideramos que las clasificaciones más exhaustivas son aquellas que definen como variable de ordenación el agente causante del daño. De este modo, tal y como se sintetiza en la ilustración 1, los riesgos que pueden afectar a los centros educativos pueden ser clasificados en dos dimensiones (estática y dinámica) que deberán ser consideradas en los procesos de gestión de la prevención.

Ilustración 1. Referentes para la seguridad integral.

En primer lugar, será necesario considerar la dimensión estática del riesgo, que hace referencia a situaciones que suponen un peligro para la seguridad de las personas: productos químicos, situación de las instalaciones, materiales y/o construcciones que comportan un peligro para los usuarios, etc. En segundo lugar, deberán atenderse los riesgos que denominamos dinámicos y que hacen referencia al traslado de las personas, las actividades sociales y de la naturaleza, las actividades vinculadas al desarrollo de la profesión, etc.

Se identifica así una concepción y modelo de seguridad integral, que considera todas las circunstancias que se relacionan con el quehacer escolar y su interacción con la ordenación física que se hace de los contextos de trabajo.

Diseño de la investigación

Para alcanzar el objetivo general de la investigación se hacía necesaria la aplicación de instrumentos de diversa tipología, tanto cuantitativos como cualitativos:

  • a. Cuestionario EduRisc para el diagnóstico de la seguridad integral.
  • b. Grupos de discusión.
  • c. Análisis de documentos.

Para la aplicación de los instrumentos se consideró un sistema de selección de centros de enseñanza obligatoria, es decir, centros de educación primaria y secundaria. Se estableció un muestreo de conveniencia distribuido territorialmente para poder abarcar las diferentes particularidades del sistema educativo, organizando el mapa escolar español en una serie de zonas:

  • Zona 1 (Norte): Galicia, Cantabria, Asturias, Navarra, País Vasco, La Rioja y Castilla y León.
  • Zona 2 (Este): Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Aragón e Islas Baleares.
  • Zona 3 (Centro): Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura.
  • Zona 4 (Sur): Andalucía, Ceuta, Melilla y Canarias.

En cada una de las zonas se consideró la necesidad de analizar un mínimo de ocho centros educativos que respondieran a las tipologías que se pueden establecer en función de la titularidad (pública y privada) y la etapa educativa (primaria y secundaria). La muestra final del estudio estuvo compuesta por un total de 32 centros, aunque el proceso de aplicación eliminó uno de ellos.

Instrumentalización

El diagnóstico de la situación de los centros en cuanto a su seguridad integral se realizó a partir de la adaptación del cuestionario elaborado en una investigación previa (Gairín y otros, 2008 (15)). Fue elaborado por un equipo interdisciplinario de expertos del ámbito de la seguridad y la prevención de riesgos y del Área de conocimiento de Didáctica y Organización Educativa de la Universidad Autónoma de Barcelona, de acuerdo a la normativa y a la realidad de los centros educativos catalanes.

El cuestionario EduRisc fue revisado y adaptado, en cuanto a contenido y lenguaje, a la realidad de los centros educativos españoles por los miembros del equipo de investigación y colaboradores de la universidades de Alcalá de Henares, Granada y León, realizándose una validación por aplicación directa antes de pasar a la aplicación generalizada a la muestra de centros.

El cuestionario utilizado respondía a la estructura mostrada en la tabla 1.

La aplicación de los cuestionarios tuvo lugar durante los meses de julio y septiembre de 2009. Posteriormente, y entre los meses de octubre y noviembre, se celebraron los grupos de discusión, uno en cada zona del mapa escolar español consideradas. Las mesas de debate celebradas permitieron discutir sobre diversos tópicos de la investigación: fuentes de peligro y riesgo más significativos en los centros educativos; accidentes más comunes; iniciativas y medidas para la prevención, y cuestiones sobre el modelo e instrumento (utilidad y aplicación).

Resultados

Siguiendo el esquema del modelo e instrumento, se presentan los principales resultados, después de realizar el análisis de datos de los 31 cuestionarios aplicados en centros de enseñanza obligatoria analizados (ver tabla 2) y considerar las aportaciones de los grupos de discusión.

Debido a que no se observaron diferencias significativas entre los resultados de los cuestionarios de las diversas zonas del mapa escolar, la presentación y análisis de los resultados se realiza globalmente; y solo se indican si hay diferencias entre tipología de centros (primaria y secundaria) y titularidad (públicos y privados). A los resultados del cuestionario se incorporan comentarios relevantes de los grupos de discusión.

Es necesario indicar que las fortalezas y debilidades que presentan los centros dependen mucho de su realidad concreta, aunque se detectan aspectos más o menos comunes.

Factores estáticos del riesgo

Los resultados derivados del análisis de la dimensión estática del riesgo (instalaciones) muestran que, en general, los edificios presentan un estado de conservación correcto, aunque los centros públicos son los que presentan más deficiencias en el estado de conservación de fachadas y otros elementos (accesos, rampas, escaleras y terrazas) (ver gráfico 1). Igualmente, las instalaciones de las que disponen los centros educativos se encuentran, en general, en buen estado.

Gráfico 1. Deficiencias en el estado de conservación del edificio (%).

Se ha observado que los centros no controlan suficientemente la documentación relacionada con las instalaciones (autorizaciones, libros de mantenimiento, periodicidad de la revisión de las instalaciones, etc.) y del edificio en general (autorización municipal de funcionamiento, autorización de primera ocupación y autorización de obra de edificación).

  • El control de la documentación y la revisión de las instalaciones es mejor, en casi todos los casos, en los centros privados. Asimismo, dentro de esta tipología, los centros de secundaria privados son los que presentan un mayor control de las revisiones y la documentación de las diversas instalaciones con las que cuentan los centros (acumuladores de agua caliente, calderas de agua caliente, aparatos consumidores de gas, instalación eléctrica, etc.).
  • Se observan deficiencias en el control de la documentación del edificio. Sólo el 100% de los centros privados de educación secundaria analizados dice disponer de toda la documentación de autorizaciones. Los centros de educación primaria públicos son los que mayores deficiencias presentan en este ámbito, debido a que dichos centros son gestionados por las Administraciones Públicas y son estas quienes gestionan dichos documentos.
  • En el caso de instalaciones más inusuales, como las de almacenaje de líquidos inflamables e instalaciones petrolíferas, se observa una falta de control de las revisiones anuales.

Los participantes en los grupos de discusión señalan, en este sentido, que los peligros relacionados con las instalaciones dependen mucho del año en el que fue construido el edificio y destacan los amplios riesgos que hay en escuelas rurales (enchufes colgados, escaleras sin protección, escalones sin bandas antideslizantes, calderas situadas en las paredes de las escuelas, etc.).

Referente a los extintores, aunque el 100% de los centros dispone de ellos y en la mayoría se realiza el mantenimiento necesario, se observa que los centros públicos de primaria llevan poco control en lo que se refiere a su mantenimiento y revisión (saben quién es el responsable del mantenimiento, pero en algunos casos desconocen si las revisiones se llevan a cabo con la periodicidad indicada,). Asimismo, se detecta que no todos los centros realizan una comprobación visual trimestral del estado de la carga del extintor, la botella y sus partes.

Casi la totalidad de centros (29 de los 31 analizados) disponen de Plan de Autoprotección - Evacuación, implementándolo y revisándolo adecuadamente, aunque los resultados son mejores en centros públicos que privados.

  • 26 de los 31 centros realizan ejercicios o simulaciones con periodicidad anual, de los cuales tan solo 22 los llevan a cabo durante los tres primeros meses del curso, tal como establece la normativa. Igualmente, es necesario indicar que hay centros que realizan los simulacros sin la participación de todos los alumnos y personal del centro. En el caso de los centros de titularidad privada la proporción de centros que presentan esta deficiencia es mayor (ver gráfico 2).
  • Deficiencias en cuanto a señalización (plano «usted se encuentra aquí», indicación de salidas, recorridos de evacuación y sistemas de protección contra incendios) en un 50% de los centros.

Gráfico 2. Realización de ejercicios o simulacros (%).

Algunos participantes de los grupos de discusión exponen que «los simulacros se hacen, pero ¿se aprende de ellos?», considerando que muchas veces se avisa previamente a los estudiantes, que «aparecen en el patio con abrigo y bocadillo ». Asimismo, se señala que no siempre el protocolo es el adecuado: «se empieza la evacuación por abajo, pero ¿qué pasa si hay fuego en los pisos superiores? ». En este sentido, es necesario diseñar adecuadamente el Plan de Autoprotección– Evacuación del centro educativo, contemplando tanto protocolos de evacuación como de confinamiento.

El análisis de la accesibilidad (ver gráfico 3) revela que muy pocos centros disponen de soportes complementarios para ayudar a la comunicación (sistemas aumentativos y alternativos, sistemas de soporte a la comunicación oral, lenguaje de signos u otros). Asimismo, solo el 50% de los centros dispone de normas internas que promueven y estimulan la eliminación de barreras, y de estos solo la mitad tiene establecidos planes y calendarios para la implementación de estas normas. Es necesario indicar que las instituciones que cuentan con planes de integración son las que acostumbran a contemplar actuaciones para la supresión de barreras arquitectónicas.

Gráfico 3. Accesibilidad (%).

En los diferentes grupos de debate se manifestó que en los centros de nueva construcción se contemplan más los elementos de accesibilidad, instalando rampas en aquellos lugares que lo permiten. Su instalación también se convierte en un elemento de seguridad, por cuanto sustituyen a las escaleras que, a juicio de los profesores, entrañan un riesgo en las horas de concentración de alumnado (entradas y salidas) por las aglomeraciones que se generan.

Factores dinámicos del riesgo

En esta dimensión destacan los datos relativos a tránsito y circulación de vehículos (ver tabla 3), tanto en el interior del centro como en el exterior del mismo. Especialmente es necesario destacar cómo alrededor de un 50% de los centros considera que la señalización exterior vertical y horizontal es insuficiente. Asimismo, en pocos centros existen zonas de espera protegidas para los padres y/o zonas de aparcamiento señalizadas para la entrada o recogida de alumnos.

En relación con la seguridad vinculada al transporte escolar, regular o esporádico, los resultados ponen de relieve que este tipo de servicio cumple con la normativa y se toman las medidas de seguridad adecuadas, en casi la totalidad de los centros analizados. Con todo, tan solo la mitad de los centros públicos disponen de zona señalizada y protegida de la circulación de vehículos, cuando la zona de subida o de bajada se encuentra fuera del recinto escolar (ver gráfico 4). Este hecho supone un alto riesgo debido a la falta de zonas específicas para subir o bajar del autobús escolar y la falta de señalización para el resto del tránsito, situación más grave en los centros de primaria que de secundaria y entre los de titularidad pública que privada.

Gráfico 4. Señalización de la zona de llegada y salida y protección del tránsito de otros vehículos (%)

Aunque los resultados indican lo contrario, algunos participantes en los grupos de discusión celebrados indicaron que hay poca costumbre de utilizar los servicios colectivos, como autobuses, con los adecuados niveles de seguridad (uso del cinturón, por ejemplo), corroborando, por otro lado, los bajos niveles de señalización de la zona de llegada y salida de los vehículos.

Referente a la seguridad física, es decir, aquellos elementos de protección necesarios para la custodia de valores materiales o documentación susceptible de robo, hurto o uso indebido, se detecta que pocos centros disponen de elementos de protección en ventanas y puertas de acceso. Igualmente, se observan algunas deficiencias en los protocolos de claves y contraseñas (custodia y modificación periódica). También es necesario indicar que muy pocos centros disponen de correctas medidas mecánicas (cerraduras y llaves) para el control del acceso, sobre todo en lo referente a llaves de seguridad (incopiables) para las cerraduras de acceso desde el exterior.

La custodia de documentación académica, información documental sensible y los datos informáticos acostumbran a gestionarse y guardarse debidamente, según la legislación vigente sobre privacidad de datos. Además, casi la totalidad de centros (97%) dice conocer y cumplir con lo que establece la Ley de Protección de Datos.

De todas las aportaciones recogidas alrededor de este aspecto, cabe decir que los participantes distinguieron entre aspectos que han mejorado y aspectos mejorables de la cultura de protección de datos. Así, indican que se ha mejorado en el sentido de que, en la actualidad, todos los documentos que contienen algún tipo de información personal se destruyen directamente cuando dejan de ser útiles y se presta mayor atención a la protección de datos informáticos. Por otro lado, señalan que se debe mejorar la custodia de datos sensibles y expedientes de alumnado y profesorado; estos documentos deberían estar solo en manos de la dirección.

En relación a la prevención del riesgo del personal docente es necesario indicar que:

  • El riesgo físico del personal docente es medio. Es conveniente destacar, en este sentido, cómo la probabilidad de que se produzcan casos de patologías vocales es medio-alto, pero que son pocos los centros que establecen medidas preventivas al respecto (mecanismos de ventilación, mecanismos de soporte para facilitar la comunicación y mecanismos para evitar los ruidos exteriores y la mejora acústica de las aulas).
  • El riesgo psicológico y ergonómico del personal docente es bajo, aunque más elevado en los centros públicos de educación primaria.
  • Alrededor de un 77% de los centros analizados disponen de Plan de Actuación para la promoción y la mejora de la convivencia escolar.

La mayoría de docentes participantes en los grupos de discusión indicaron el acoso laboral y la presión psicológica como los principales riesgos a los que están expuestos. En el caso de los centros de la zona sur, también se mencionó el contagio de enfermedades, por el hecho de atender inicialmente a grupos sociales de inmigrantes sin controles sanitarios o de los que se desconoce su trayectoria sanitaria.

Sobre la prevención del riesgo del alumnado, se ha observado que:

  • Casi la mitad de centros analizados tiene antecedentes de tráfico y/o consumo de drogas en el interior del centro y/o alrededores. Casi la totalidad de centros tiene establecidas medidas de protección y prevención contra este tipo de riesgo, como por ejemplo, la realización de charlas y cursillos de formación para padres y alumnos, medida muy extendida entre los centros de educación secundaria, dada la edad de los alumnos. Con todo, son muy pocos los centros que tienen establecidas medidas internas de prevención y detección.
  • En un 40,75% de los centros analizados hay antecedentes de casos de acoso psicológico entre alumnos del centro educativo y antecedentes de casos de violencia física en un 57,25%. Es necesario indicar que los porcentajes son superiores en los centros de secundaria públicos (ver gráfico 5). Las medidas más extendidas para hacer frente a este tipo de riesgo son: servicios de orientación y asesoramiento, personal responsable del control de los alumnos durante las horas de recreo y existencia de protocolos de actuación en caso de producirse situaciones de acoso físico o psicológico, que el personal conoce y aplica.

Gráfico 5. Inseguridad social. Antecedentes de acoso psicológico y violencia física entre alumnos del centro (%).

Es necesario destacar cómo en los grupos de discusión se contemplaron los riesgos derivados del uso de las nuevas tecnologías entre el alumnado como uno de los principales problemas a los que se enfrentan actualmente los centros de educación secundaria. Los casos de acoso entre alumnos, utilizando estos medios, han aumentado en los últimos cursos, detectándose grabaciones y difusiones de comentarios sobre alumnos y profesores en redes sociales o usando las mismas para presentar y debatir temas privados o socializar aspectos del funcionamiento del centro: motes de los profesores, ridiculización de comportamientos, etc.

En relación al equipo dirigente de actividades del tiempo libre/extraescolares, alrededor de un 80% de los centros analizados cumple con las ratios de personal responsable/ número de alumnos participantes.

Respecto al modelo e instrumento, los participantes en las mesas de debate celebradas concluyen que son amplios y útiles. Más específicamente comentaron que la aplicación del cuestionario EduRisc les permite ser conscientes de los peligros que están presentes en el día a día de sus centros y conocer sus deficiencias, ayudándoles a concretar aspectos de mejora. De este modo, indicaron que su aplicación resulta útil para la realización de procesos de autoevaluación, diagnóstico y/o evaluación externa.

Conclusiones y propuestas para la mejora de la seguridad integral en centros educativos

La realización de estudios como el que aquí se ha presentado permite conocer cuál es la realidad de los centros educativos en cuanto a su seguridad integral, proporcionando información relevante con el fin de llegar a establecer recomendaciones prácticas.

La validez y utilidad del modelo e instrumento EduRisc queda evidenciada tanto por la utilidad que proporciona la recogida de datos como por la validez que le asignan los grupos de discusión establecidos. De todas formas, el instrumento deberá incorporar en nuevas ediciones aportaciones relacionadas con medicamentos, recogida de alumnos y riesgos derivados del uso de las tecnologías.

Respecto a la información obtenida, y a pesar del bajo número de centros analizados, se han puesto de relieve las principales debilidades y fortalezas que los centros de enseñanza obligatoria de España presentan en relación a la seguridad integral. No podemos hacer generalizaciones, pues el número de centros analizados no lo permite, pero, sin duda, es el primer paso para seguir avanzando. Los resultados de la investigación proporcionan un punto de partida para la realización de nuevas investigaciones que deben dirigirse hacia el diseño de procesos de gestión de la seguridad integral que incluyan instrumentos autoevaluativos, aplicables por los propios centros.

Como resultado del estudio de campo y de la discusión de los resultados, el equipo de investigación elaboró un conjunto de propuestas para la mejora de la seguridad integral, que deben ser entendidas como indicaciones que, necesariamente, deben ser contextualizadas en cada centro. Las medidas contempladas obedecen a distintos grados de formalización y prevención, pudiendo identificar tres estadios:

  • a. El centro aplica iniciativas diversas relativas a la seguridad.
  • b. El centro previene los riesgos a través de la formalización de acciones y medidas preventivas.
  • c. El centro ha institucionalizado la cultura de la seguridad, de modo que todos los elementos y estructuras de la organización se encuentran impregnados de ella, creando valores, normas y creencias sobre seguridad compartidas.

En relación a la dimensión estática del riesgo, los centros deberían atender las siguientes cuestiones:

  • En cuanto a las instalaciones (acumuladores de agua caliente, instalaciones de gas natural, instalaciones eléctricas, etc.), los centros educativos deberían realizar las revisiones pertinentes de los aparatos, tal como determina la legislación correspondiente. Asimismo, deberían registrar todas las actuaciones de mantenimiento, gestionando y custodiando la documentación relativa a las actualizaciones y revisiones de las instalaciones.
  • Los centros deberían diseñar y actualizar el Plan de Autoprotección, difundiéndolo entre todos los agentes de la comunidad (profesores, alumnos, personal de administración y servicios, padres, etc.). Igualmente, deberían contemplarse las acciones de difusión y formación necesarias, realizándose los simulacros de situación de emergencia durante los tres primeros meses del año, contando con la participación de todo el alumnado y personal del centro (profesorado y personal de administración y servicios).
  • En relación a las medidas de protección, los centros deberían realizar un correcto mantenimiento de los extintores y otro tipo de instalaciones (BIE), así como tener instalados detectores de humos y alarmas contra incendios.
  • Todos los centros educativos deben ser accesibles a la gente con discapacidad. Es necesario fomentar la adopción de medidas que permitan, a cualquier persona, acceder y desplazarse por el centro educativo (instalación de rampas, ascensores, etc.), utilizar el transporte escolar (transporte adaptado) y comunicarse de forma autónoma e independiente (elementos de soporte a la comunicación).

Referente a la dimensión dinámica del riesgo, se propone que los centros educativos:

  • Presten especial atención al tránsito, tanto a lo referente a la seguridad del transporte escolar, como a la señalización horizontal y vertical de circulación (semáforos, pasos de peatones, señal de zona escolar, etc.). Asimismo, deben dotarse del personal necesario para realizar el control del alumnado durante la subida y bajada de los vehículos, así como para realizar el control de la circulación en el interior del centro educativo.
  • En relación a la custodia de documentación y acceso a los datos, deben mantener los expedientes académicos y otros datos personales bajo llave, y todos los ordenadores con acceso a información privada bajo contraseña de acceso. Asimismo, el centro escolar debe estar provisto de medidas de protección que impidan el acceso de personal no autorizado. Es necesario indicar que las horas de entrada y salida de alumnos suponen un riesgo al producirse aglomeraciones. En este sentido, es conveniente que los responsables de los centros establezcan mecanismos para reducir el riesgo: entradas y salidas escalonadas, salida de alumnos por diversas puertas, recogida de los alumnos más pequeños en el interior del centro, etc.
  • Los centros educativos deben adoptar medidas para la prevención y vigilancia de los riesgos sobre las personas, es decir, sobre alumnos y profesores. De este modo, es necesario que los centros cuenten con protocolos y medidas para evitar el riesgo físico, psíquico y social del colectivo de alumnos, profesores y otro personal que intervenga en el centro. La puesta en marcha de este tipo de medidas repercutirá en la mejora del clima y la convivencia escolar.

A MODO DE GLOSARIO

Seguridad integral. Gestión de un valor institucional vinculado a la cultura organizativa de los centros educativos mediante el que se promueven las acciones necesarias sobre los componentes organizativos con la finalidad de ofrecer alternativas y fomentar la cultura preventiva.
Riesgo. Es la probabilidad de que se produzca un evento o consecuencia negativa, es decir, la probabilidad de que una persona sufra un daño.
Tipología de riesgos. Existen diferentes tipos de riesgo: riesgos físicos (factores ambientales), químicos (elementos y sustancias que pueden causar algún tipo de intoxicación), biológicos (agentes orgánicos que pueden desencadenar algún tipo de enfermedad), ergonómicos (elementos de la tarea, equipo o ambiente de trabajo que pueden favorecer el desarrollo de enfermedades o lesiones) y psicosociales (aspectos personales del trabajo y el entorno social que en un momento dado pueden generar cargas que afecten a la salud).
Medida preventiva. Actividad o medida adoptada o prevista para evitar o disminuir los riesgos presentes en el centro educativo.
Cultura de la seguridad integral. Conjunto de valores, actitudes y normas, implícitas y/o explícitas, sobre seguridad y prevención, que son compartidos por los individuos y grupos que integran la institución escolar.


AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido financiado gracias a una ayuda a la investigación concedida por FUNDACIÓN MAPFRE.


PARA SABER MÁS

  1. Torrenteras, A.; Gómez, F.J.; Ruiz, M.J. y otros (2001). Salud laboral y prevención de riesgos laborales en docentes. Póster presentado en XII Congreso Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Valencia 20-21 de noviembre de 2001.
  2. Longás, J. (dir. y coord.) (2005). Estudi de les iniciatives europees de prevenicó de risc escolar (2003- 2004). Fundació Blanquerna Assistencial i de Serveis. En http://www.prevencio.cat/resources/ estudi_prl_europa_ca.pdf [revisado en septiembre de 2009].
  3. Consumer-Eroski (2008). Uno de cada cuatro colegios suspende en seguridad. Revista Consumer- Eroski, nº 19 marzo, pp.34-41.
  4. Gómez, G. (coord.) (2001). Prevención de riesgos y salud laboral en los centros docentes. Valencia: ciss-praxis.
  5. Roldán, C. (2002). Manual de seguridad en los centros educativos. Consejería de Educación y ciencia. Dirección General de Construcciones y Equipamiento Escolar. España: junta de andalucía. En http://www.iseandalucia. es/archivos/manual_de_seguridad. pdf [revisado en septiembre de 2009].
  6. Sebastián, E. (2006). Cuestionario para la evaluación de los espacios escolares en los centros educativos. En Estrategias e instrumentos para la gestión educativa. Madrid: walters kluwer.
  7. De Vehí, A. (2009). ¡Peligro! Cómo afrontar las adversidades sin miedo. Barcelona: edic.
  8. Buijs, G. (2009). Better schools trought health networking for health promoting schools in Europe. European journal of education, vol. 44, nº 4, pp. 507-520.
  9. De Waal & Grösser (2009). Safety and security at school: a pedagogical perspective. Teaching and teacher education. Vol. 25, issue 5, pp. 697-706.
  10. USTEC-STES (2008). Guía pràctica de salut laboral. En Eina sindical d’informació, nº 41, abril, pp. 2- 18. En http://www.sindicat.net/ w/docs/eina40.pdf [revisado en septiembre de 2009].
  11. Pérez Soriano, J. (2009). Seguridad y salud en los docentes, en Gestión práctica de riesgos laborales, nº 58, marzo, pp-30-35.
  12. Defensor del Pueblo Andaluz (2003). Informe del Defensor del Pueblo Andaluz: protección y seguridad en centros docentes de Andalucía. Andalucía: Defensor del Pueblo Andaluz.
  13. Gay, E. y otros (2004). Condiciones de seguridad y salud del trabajo docente. Barcelona: publicaciones rosa sensat.
  14. Chamarro, A.; longás, e.; longás, j.; capell, m. (2009). Danys no intencionals a l’escola. Gestió de la seva prevenció. Barcelona: saip - Fundació Blanquerna Assistencial i de Serveis (Universitat Ramón Ilull). El documento se puede descargar en la página web: http://www.prevencio.cat [revisado el 15.09.09].
  15. Gairín, j. y Otros (2008). Seguretat integral en els centres educatius de Catalunya. Barcelona: Departament d’Educació (documento interno).

Suplemento Temático: Formación y Seguridad

 


Fuente: Fundación Mapfre
Fecha: Marzo 2011

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