Ver Suplemento Temático...


Seguridad Pública y Protección Civil.
Seguridad Medioambiental y Protección del Entorno.

 

 Expertos

Mercedes Lafuente Benaches


Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia

La contaminación acústica en las fiestas locales


I. La fiesta local como agente de contaminación acústica

Agentes productores de contaminación acústica hay muchos pero estos pueden ser aislados (por ejemplo, el camión de limpieza viaria en el silencio de la madrugada) o acumulativos en menor o mayor grado. Cuando el agente productor de esa contaminación es la fiesta local, la acumulación de factores desencadenantes del ruido se potencia, multiplicándose desproporcionadamente. La celebración de las fiestas locales conlleva la realización de una serie de actividades que aumenta el umbral del ruido habitual de cada localidad. Simplemente el hecho de que la fiesta se desarrolle en la vía pública introduce, por la aglomeración de personas, un factor de incremento del nivel de ruido. Si a este hecho, unimos que los festejos van acompañados de bandas musicales, procesiones, desfiles, celebración de espectáculos y conciertos, así como utilización, en muchos casos, de elementos sonoros añadidos, como tamborradas, gaiteros o disparo de elementos pirotécnicos es fácil comprender que la fiesta se convierta en un elemento o agente contaminante más.

Esta situación ha generado que, junto a las habituales reclamaciones patrimoniales por las molestias generadas por el ruido en las fiestas locales, el ciudadano se haya decidido a dar un paso más interponiendo pretensiones de solicitud de suspensión de las fiestas. Conocida es, por su repercusión mediática, la Sentencia del TSJ de Santa Cruz de Tenerife de 26 de enero de 2007 en la que se opta por mantener la celebración del Carnaval dada la importancia para la ciudad, señalando la oportunidad de "adoptar todas aquellas medidas necesarias, llegando incluso el traslado de las actividades nocturnas a zonas no residenciales, a fin de proteger los derechos de éstos y dar cumplimiento a la normativa existente sobre ruidos, celebración de espectáculos" frente a otras decisiones judiciales más contundentes y recientes en la que se opta por la suspensión temporal de las fiestas de la localidad en su ubicación actual hasta la previa valoración de la incidencia acústica, como sucede en la reciente Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 17 de enero de 2008.

Al hilo de estas decisiones jurisprudenciales surgen una serie de cuestiones relevantes como, por ejemplo, si el hecho festivo y en concreto la celebración y desarrollo de las fiestas locales legitima a dispensar del umbral de ruido tolerable que protegen las Leyes sobre contaminación acústica y, de ser así, si el interés general, implícito en la fiesta, es suficiente para justificar la lesión de derechos del administrado, tales como su derecho al descanso, a la inviolabilidad domiciliaria, a la salud o a la calidad de vida. Antes de pasar a resolver estos interrogantes, se hace preciso reflexionar sobre el significado de la fiesta.

II. Significado de la fiesta local

La fiesta local es una de las acciones colectivas que la comunidad realiza con mayor frecuencia y, como medio de expresión social, está íntimamente unida a intereses plurales: políticos (manifestación de la personalidad del grupo frente a terceros para reivindicar la diversidad, la autonomía, la singularidad del mismo y como medio de cohesión aglutinador de la identidad, de la personalidad del grupo hacia sí mismo); sociales (es expresión de lo "colectivo", representaciones de la igualdad, a efectos de integración de las distintas clases sociales y factor clave para el adecuado desarrollo de la vida colectiva, en donde los valores predominantes de la fiesta son sentidos comúnmente por todos); económicos (factor de desarrollo y crecimiento de la riqueza, principalmente en su vertiente turística).

La fiesta se califica de local, en primer lugar, porque favorece la conciencia sobre la identidad por parte del individuo, del grupo y de sus dirigentes. Ello es así, porque, a través de la fiesta, se expresan unos valores que sirven para individualizar a esa comunidad del resto. Esa conciencia le permite, a su vez, encontrar una identidad común frente a otras comunidades. La culminación de esa identidad común se produce con el reconocimiento oficial de la fiesta ya que a través de ella demuestra tener un arraigo y una relevancia especiales para esa comunidad. De las fiestas populares, la fiesta local es la que representa la unión del pasado con el presente, donde la comunidad expresa mejor su forma de ser, donde el grupo reafirma su continuidad y permanencia.

En segundo lugar, la fiesta implica una redefinición del espacio comunitario. Se vive en espacios públicos, la calle o el monte, dependiendo de que se desarrolle en un ambiente urbano o rural. Estos espacios, durante las fiestas, pasan a ser utilizados de manera diferente, al uso que normalmente vienen desempeñando. Hay un antes y un después de la fiesta. Incluso cuando la fiesta ha terminado, aquella puede transformar el espacio. En esta redefinición intervienen las autoridades locales. Estos espacios pertenecen a una localidad, se hallan en un sitio determinado, normalmente es un municipio o parte del mismo, donde tiene lugar la celebración, la expresión de la fiesta, el particularismo local. En ese espacio festivo se trata de revivir tradiciones de arraigo en esa comunidad. Puede suceder, incluso, que la fiesta vaya inherentemente unida a un espacio geográfico específico, en cuyo caso el espacio es consustancial a la fiesta, forma parte de ella. El espacio se convierte así en elemento configurador de la fiesta.

En tercer lugar, es un hecho temporal; la fiesta local se celebra en un determinado periodo del año, en un tiempo determinado. La fiesta es cíclica, recurrente y periódica, incluso determina la elaboración del calendario. La referencia al elemento tiempo viene exigida como uno de los requisitos para calificar la fiesta como acontecimiento relevante. Exigir que tenga lugar "de forma periódica y en fecha fácilmente determinable" es frecuente en la normativa (véase el Decreto 295/2005, de 13 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regulan las declaraciones de interés turístico de Aragón). La dimensión temporal en la fiesta local cobra relevancia al ir ligada, en muchas ocasiones, a algún acontecimiento que convierte ese periodo de tiempo o ese ciclo festivo en signo distintivo de la misma (por ejemplo, las fiestas populares que rememoran hechos históricos). En otras fiestas populares, la conexión con el factor tiempo se realiza a través de los ciclos de la naturaleza (romerías, hogueras) o por contraposición a fiestas de índole religiosa, a las que preceden o subsiguen (Carnavales, Fallas).

En cuarto lugar, es la autoridad municipal quien la respalda cuando la autoriza, convoca u organiza. Son en definitiva, fiestas <> que, dada su magnitud, hoy no podrían celebrarse sin el concurso de la Administración local. Son numerosos los pronunciamientos judiciales que reconocen esta implicación de la Corporación local en la fiesta local en calidad de <> del festejo (STSJ de la Comunidad Valenciana de 15 de julio de 2005), de "copatrocinadora" (STSJ de Baleares de 23 febrero de 2006), de "coorganizadora" (STS de 27 de diciembre de 1999), incluso, cediendo su gestión a comisiones o a entidades con personalidad jurídica independiente, incardinadas en la organización municipal (STSJ de Castilla y León de 15 diciembre de 2006) o autorizando el acto o espectáculo (STS de 25 de octubre de 1996).

En quinto y último lugar, predomina la competencia local sobre diferentes ámbitos íntimamente relacionados con la fiesta (policía del orden público o de la tranquilidad; policía de seguridad en lugares públicos y prevención y extinción de incendios; policía de la seguridad como espectáculo público; actividad clasificada; sanidad; medio ambiente; turismo; patrimonio cultural; ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística; garante de los derechos y libertades fundamentales).

Concretamente y, en relación a la contaminación acústica, la competencia local deriva de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local, de 2 de abril, de la conjunción de los artículos 1 y 4.1.ºa). Este último precepto afirma que en su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus competencias, corresponden en todo caso a los municipios: a) La potestad reglamentaria "que ha de ser ejercida para la protección del medio ambiente, en la medida en que se dote a esta materia de contenido por la legislación sectorial y dentro del límite que representan las leyes del Estado y de las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias". En este sentido, el dictado de una Ordenanza es una manifestación de la autonomía municipal porque ésta conlleva el deber de dotarse de las normas reglamentarias precisas, dentro del marco de las normas estatales y autonómicas sectoriales, para el eficaz ejercicio de las competencias que le son propias.

La misma Ley de Bases, en el artículo 84.1.°a), establece que las Corporaciones Locales pueden intervenir la actividad de los ciudadanos a través de las Ordenanzas, y en el 84.1.ºb) permite someter dicha actividad a previa licencia y a otros actos de control preventivo, con sujeción a los principios de igualdad de trato, congruencia con los motivos y fines justificativos y respeto a la libertad individual.

Las competencias municipales que proporcionan cobertura a una posible regulación, mediante Ordenanza, en materia de contaminación acústica, encuentran justificación en el artículo 25.f) de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local, el cual atribuye a los Ayuntamientos la competencia en materia de protección del medio ambiente. El Tribunal Superior de Justicia de Palma de Mallorca, en Sentencia de 14 de julio de 2003, así lo confirma al señalar: "Lo relevante de las anteriores normas, para el caso, es que no se limitan a facultar o habilitar a los Ayuntamientos para la adopción de medidas de protección del medio ambiente, sino que las “imponen”, convirtiendo en una exigencia la actuación positiva de la Administración municipal, para que en el ejercicio de su función de policía, actúe en defensa del medio ambiente".

La Administración local garante de la protección frente al ruido. El problema surge cuando esta legítima competencia es utilizada por la Administración local inadecuadamente y, en lugar de emplearla para reducir los niveles de protección frente al ruido, como mejor conocedora de la realidad local, introduciendo los elementos de corrección precisos, las medidas más oportunas y necesarias para alcanzar el nivel de protección adecuado frente a la contaminación acústica allí donde sea más necesario, sucumbe a intereses que le impiden alcanzar ese objetivo. Esto es lo que sucede con las fiestas locales, en las que lo "extraordinario" del hecho festivo parece legitimar cualquier excepción; la excusa de la "tradición", el "factor económico" derivado de la proyección turística, la "temporalidad" del festejo convierten determinadas poblaciones en territorios sin ley, donde prácticamente todo es tolerable y tolerado.

III. El carácter extraordinario de la fiesta, causa para la dispensa de los índices de tolerabilidad acústica

La fiesta local de la Comunidad Valenciana y, concretamente las Fallas de Valencia son un claro exponente de esta situación. Nadie duda de la singularidad de esta fiesta fallera, de su grandiosidad, de su esplendor y su belleza. Arte, luz y sonido se combinan hasta alcanzar "el delirio de lo valenciano". Pero esta excepcionalidad, este carácter extraordinario no es sinónimo de ausencia de reglas, del todo vale; hay que imponer límites, establecer prioridades. Las fiestas implican la derogación de la normalidad en multitud de aspectos (invasión del dominio público, excepciones a los objetivos de calidad acústica, singular régimen de actividades y espectáculos, en especial los espectáculos pirotécnicos y los taurinos, consumo de bebidas en la vía publica, contaminación lumínica, refuerzo de las medidas de seguridad, servidumbres en la propiedad privada) y ello afecta a los derechos de los vecinos y del ciudadano en general.

Precisamente, de todos estos posibles aspectos, vamos a detenernos en los objetivos de calidad acústica, poniendo de manifiesto cómo durante la celebración de las fiestas falleras, siguiendo nuestro fervor por el fuego, estos objetivos son pasto de las llamas. La Ley estatal 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en el artículo 9, contempla la posibilidad de "suspensión provisional" de los objetivos de calidad. Dispone: "Con motivo de la organización de actos de especial proyección oficial, cultural, religiosa o de naturaleza análoga, las Administraciones públicas competentes podrán adoptar, en determinadas áreas acústicas, previa valoración de la incidencia acústica, las medidas necesarias que dejen en suspenso temporalmente el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica que sean de aplicación a aquélla". Este precepto tiene el carácter de básico y, en ese sentido, las legislaciones autonómicas, deben respetar su contenido pudiendo aumentar el nivel de protección previsto pero nunca rebajarlo. La Ley autonómica 7/2002, de 3 de diciembre, de Protección contra la Contaminación Acústica de la Comunidad Valenciana en la disposición adicional primera regula una serie de "Situaciones especiales" a las que exime del cumplimiento de los umbrales máximos en tiempo de normalidad y, entre ellas, se encuentran las "fiestas locales". Afirma la citada disposición: "La autoridad competente por razón de la materia a que pertenezca la fuente generadora del ruido o vibraciones podrá eximir, con carácter temporal, del cumplimiento de los niveles de perturbación máximos fijados en la presente ley en determinados actos de carácter oficial, cultural, festivo, religioso y otros análogas". No debe pasar desapercibido el diferente alcance de la regulación autonómica sin exigencia de valoración alguna ni de adopción de las medidas para neutralizar la incidencia acústica, a diferencia de la estatal que sí lo hace. Tampoco es indiferente el cambio terminológico de "exención" en la normativa autonómica al de "suspensión" en la normativa estatal, poniendo de manifiesto una mayor relajación de la legislación autonómica; fruto de ello es la Ordenanza municipal del Ayuntamiento de Valencia, de 30 de mayo de 2008 de protección contra la contaminación acústica. En relación con las fiestas locales, la disposición adicional primera señala que el Ayuntamiento "podrá eximir, con carácter temporal, del cumplimiento de los niveles de perturbación máximos fijados en la presente Ordenanza en determinados actos de carácter oficial, cultural, festivo, religioso, deportivo y otros análogos". Concretamente, quedan exentos trece actos tradicionales y algún otro evento de interés para la Comunidad.

El Ayuntamiento de Valencia, mediante potestad reglamentaria de Ordenanza, realiza una enumeración, tan extensa como indeterminada, de cuáles son esos supuestos exentos para los que, generalmente, no prevé ninguna medida específica para corregir o paliar los posibles excesos acústicos y, solo para algún supuesto específico, alude a la necesidad de ampararse en actos de "autorización" general sin detenerse a precisar medidas mínimas y obligatorias relacionadas con la contaminación acústica (así sucede en "los espectáculos pirotécnicos siempre que dispongan de las autorizaciones", o en "los actos que se desarrollan en la vía pública por las distintas Comisiones, y consistentes en pasacalles, desfiles, actividades y juegos infantiles, representaciones teatrales, balls al carrer, verbenas, y otros similares que cuenten con la correspondiente autorización administrativa") o impone la necesidad de "advertencia al público", si se superasen determinados umbrales del sonido (se supone referido a espectáculos pirotécnicos o eventos como Formula I, aunque nada dice expresamente) que resultan claramente insuficientes desde una regulación que debiera pretender la protección de los derechos de los ciudadanos frente a la contaminación acústica.

En definitiva, la Ordenanza más que proteger a los ciudadanos del ruido, da cobertura a la Administración local para legitimar actuaciones que, de otro modo, serían ilegales y para eximirle de posibles responsabilidades frente a eventuales reclamaciones del ciudadano. Para colofón, todos los años se regula por Bando una serie de aspectos relacionados con la fiesta: entre otros, sírvanos de ejemplo, el horario de verbenas y actos análogos autorizados desde el día 12 al 20 de marzo desde las 23 a las 4 horas de la madrugada, cuestión íntimamente ligada con la contaminación acústica pero también otras, no menos importantes, como la colocación de carpas entre los días 10 a 20 de marzo que impiden el acceso a los domicilios en coche, sin importar si uno precisa su uso para trabajar, por enfermedad o por minusvalía.

En determinadas franjas horarias, con ocasión de desfiles, entregas de premios y desfiles, el acceso a los domicilios radicados en el centro de la ciudad se hace a base de carnet en boca con el permiso del agente de turno y siempre que éste no decida obligar al ciudadano a dar un rodeo que, dado el caos de la ciudad, se convierte en una odisea porque entre cortes de las calles y cambio de direcciones no es raro que cuando te des cuenta estés más alejado de tu destino que en un principio. La regulación contenida en el Bando no siempre refleja la realidad porque, al margen del mismo, se tolera la ampliación de los horarios y fechas indicadas, ya laxos de por sí. La situación de muchos ciudadanos comienza cuando por la mañana deben buscar un sistema alternativo de transporte para desplazarse porque sacar el coche del garaje es imposible al estar su acceso dificultado o impedido por un monumento fallero, una carpa o similar. En el supuesto de conseguir utilizar el vehículo, el regreso al domicilio, tras la jornada laboral, es algo incierto como acabamos de exponer y una vez en él, el descanso imposible dada la amplitud de horarios y la ausencia de medidas para paliar el ruido y a su falta de control. Pensemos que las Fallas se viven en la calle y que cada cruce de calles hay un monumento fallero, con su correspondiente banda de música, arsenal pirotécnico y verbena. En definitiva, durante más de quince días lo principal es la fiesta y los demás derechos quedan suspendidos por decisión de la autoridad local.

IV. El derecho al descanso, eje de una futura regulación de la fiesta local

Consideramos que el ruido constituye una inmisión intolerable no exenta de graves consecuencias para el individuo y el medio. Precisamente por ello, la normativa pretende frenar la contaminación acústica sobre la base de que ésta constituye una lesión, principalmente al medio ambiente y a la salud pero lo hace desde parámetros estrictamente técnicos: fijar los máximos de ruido tolerable por el individuo por encima de los cuales esa emisión se considera intolerable, nociva, ilegal. Hasta ahora la protección frente a la contaminación acústica se traduce en prohibir solamente aquellos ruidos que no reporten beneficio alguno y moderar, aquellos que pese a su nocividad o incomodidad, existe el deber de soportar pacientemente porque tienen un valor social. El legislador parece entender que el ruido generado por la fiesta no precisa prohibirse, al contrario lo legitima. El valor social de la fiesta lo justifica todo.

Sin embargo esto no es así. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en Sentencia de 25 de junio de 2003, lo afirma con rotundidad: "no es objeto de discusión que las “fallas” son una fiesta popular en Valencia, ahora bien, el hecho de que una fiesta sea popular no significa que esté por encima de toda regla y toda norma".

Por ello, por mucha legislación que se promulgue para intentar frenar la contaminación acústica –delimitando unos valores estándar de calidad acústica–, por muchos instrumentos que se habiliten para facilitar su control –mapas del ruido, zonificación, sonómetros– por mucho que la emisión del ruido por encima de unos índices de tolerabilidad se tipifique como infracción, no es suficiente. La protección frente al ruido debe hacerse desde la concienciación de todas las instancias sociales, incluida la ciudadanía de que el derecho al descanso es el bien jurídico a proteger y que este es innegociable porque es presupuesto para que el individuo disfrute de un mínimo de calidad de vida, se desarrolle sano y pueda disfrutar, en el domicilio, del ámbito de su privacidad sin injerencias.

Entre las condiciones necesarias para que exista una "calidad de vida" debe figurar el descanso, necesario para que el individuo se encuentre en una relación de equilibrio con el medio que le garantice su bienestar. La Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de marzo de 2002 considera que la amenaza grave de la tranquilidad de los vecinos constituye un daño suficiente como para estimar proporcionada la medida de cierre de un local que continuaba funcionando ilegalmente por la vía de hecho dado que frustraba la finalidad que el poder público está obligado a cumplir: asegurar la tranquilidad y el descanso de todos. El Tribunal Superior de Justicia de Sevilla, en Sentencia de 13 de enero de 2009, alude a una "mínima calidad de vida indispensable para el discurrir de los más elementales comportamientos vitales" y al deber de los poderes públicos de atender al fin de interés general, ordenado por la propia Constitución –artículo 45 de la CE– de mantenimiento y respeto a un medio ambiente "adecuado a las necesidades colectivas y de equilibrio de las actividades que pueden incidir en él dado el deterioro grave y generalizado del mismo, como consecuencia, entre otras, de las inmisiones acústicas cada vez más frecuentes en nuestros días".

No olvidemos que el derecho al descanso no solo es inherente al desarrollo de las personas sino también al de los seres vivos en general. En este sentido resulta de expresiva la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Sala Segunda) 2007/4 sobre protección de la flora y fauna, en la que se afirma la necesidad de garantizar lugares idóneos para el descanso y refugio de los animales.

El descanso es, por lo tanto, un derecho que el poder público, desde cualquiera de sus manifestaciones, ha de garantizar frente a terceros. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en Sentencia de 25 de enero de 2007, lo recuerda al señalar: "las autoridades competentes (Generalidad Valenciana, Ayuntamiento), tan pronto detecten que alguna industria o local está incumplimiento la normativa vigente sobre transmisión de ruidos, olores, vibraciones etc. tienen la obligación (artículo 12 de la Ley 30/1992 “la competencia es irrenunciable y se ejercerá precisamente por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia”) de impedirlo adoptando las medidas adecuadas y, de no hacerlo, se convierten en corresponsables de la vulneración de la legalidad". Se condena a la Administración, por su pasividad al convertirse en corresponsable de la vulneración de la Ley y de los derechos constitucionales de los afectados.

Nuestro sistema jurídico impone una obligación positiva de protección frente a cualquier agresión; el derecho al descanso de los ciudadanos debe ser protegido por los poderes públicos frente a las agresiones de los terceros como causantes del ruido y frente a las propias Administraciones encargadas de hacer respetar ese derecho, cuando no lo hagan o lo hagan insuficientemente. Estamos ante un derecho que obliga a los poderes públicos a limitar la libertad de otros ciudadanos para evitar que se lleven a cabo actividades emisoras de ruidos intolerables que lo impidan o cuestionen. Así lo expreso en su día el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Moreno Gómez, al condenar a las autoridades españolas por incumplir la propia normativa por ellas dictada para proteger a los ciudadanos frente al ruido. En Sentencia de 16 de noviembre de 2004 determinó que una reglamentación dictada para proteger derechos garantizados sería una medida ilusoria si la misma no fuese observada de manera constante; el Tribunal recuerda, en esta ocasión, que el Convenio trata de proteger derechos efectivos, no ilusorios o teóricos. Las Administraciones españolas, según esta doctrina, tenían el deber de actuar para proteger el derecho al descanso de los ciudadanos, siendo claramente insuficiente dictar una normativa protectora frente al ruido si no se va acompañada de medidas eficaces para garantizarlo. Habría que pensar si muchas de estas normativas, dictadas para frenar la contaminación acústica, sirven bien a este propósito.

Precisamente a finales de 2009, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en Sentencia de 11 de diciembre de 2009, decreta el cierre del local fallero hasta tanto obtenga la pertinente licencia de actividad y se fija una indemnización a favor del recurrente de la que responderán solidariamente y por mitad el Ayuntamiento y la el Casal fallero. Pero esta decisión sabe a poco, se da la razón al recurrente, para luego pasar a afirmar en la sentencia: <Desde el punto de vista del que recibe los ruidos hay una diferencia importante, si no quiere recibir ruidos en la semana fallera le bastará con marcharse, lo que no puede hacer ni se le puede obligar es a desalojar su domicilio los fines de semana, algunos laborales, o períodos largos de tiempo, en definitiva, en este segundo caso se está violando el derecho al disfrute tranquilo de su domicilio". ¿Nuevamente estamos legitimando "el todo vale" en Fiesta?, ¿se presupone que durante la celebración de las fiestas locales todos los vecinos estamos de vacaciones y por consiguiente, el día después, nadie debe acudir al trabajo?, ¿quién paga esa marcha forzosa de la ciudad? ¿Qué sucede con aquellos vecinos que prefieran quedarse en su domicilio?; es más, ¿alguien tiene en cuenta a aquellos que precisan permanecer en el?: no todos tienen recursos para irse de vacaciones, pueden existir niños, mayores, enfermos en los domicilios que requieran períodos de tranquilidad, ¿quién los protege? ¿En definitiva estamos legitimando la tiranía de las mayorías?

Para finalizar esta reflexión sobre las fiestas locales y la contaminación acústica, una propuesta y la confesión de una preocupación. La propuesta, la regulación por Ley de la fiesta y de todas aquellas cuestiones que por la "excepcionalidad" del hecho festivo puedan poner en peligro el disfrute de los derechos de aquellos ciudadanos que apoyamos la fiesta pero no a cualquier coste. Una fiesta regulada y controlada que permita la pacifica convivencia y el descanso de todos.

La confesión de una preocupación: ¿estaremos ante unos de esos supuestos de ineficacia del Derecho sancionador administrativo para restablecer la legalidad conculcada? Recientemente se escuchan voces en el sentido de que el Derecho administrativo sancionador, en determinados ámbitos sectoriales, está dejando de ser suficiente, es decir, se muestra ineficaz para, a través de la sanción administrativa, erradicar conductas ilícitas y perjudiciales al interés general, valorándose cada vez más la conveniencia de castigar, mediante sanción penal, estas conductas. Así está sucediendo, por ejemplo, en el ámbito de algunas infracciones urbanísticas y medioambientales.

V. Las carencias del régimen de protección frente a la contaminación acústica

Pero más que una crisis en el modelo sancionador administrativo que es susceptible de mejora, lo es de voluntad: podría decirse que falta la convicción necesaria por parte de nuestras Administraciones para imponer la sanción y hacerla cumplir con todo rigor. Esta crisis se intensifica cuando la competencia para sancionar la tiene atribuida la Administración local. Y es que esta Administración parece temer que mantener una clara posición de intolerancia frente a la infracción, imponiendo la sanción correspondiente y vigilando su cumplimiento, le resta las simpatías de ciertos sectores que le pueden pasar factura en las urnas. A nivel de la calle, existe la impresión de que proteger la legalidad y restaurar su cumplimiento no siempre es políticamente correcto.

Uno de estos ámbitos, donde se manifiesta esa insuficiencia del Derecho administrativo sancionador es en la reprensión de las infracciones constitutivas de contaminación acústica. El Tribunal Supremo, en Sentencia de 24 de febrero de 2003, calificada de hito histórico, confirmó la pena de dos años de prisión y multa de 16 meses y pena de inhabilitación especial por dos años, impuesta al dueño de una discoteca, como autor de un delito contra el medio ambiente en la modalidad de contaminación acústica. Dicha Sentencia del Tribunal Supremo declaró que las inmisiones de ruidos procedentes de la sala de fiestas habían superado en mucho los límites máximos permitidos y habían creado una situación de grave peligro para la integridad física, psíquica, integridad personal y familiar, bienestar y calidad de vida de los vecinos del inmueble, habiéndose concretado el riesgo de grave perjuicio para la salud de esas personas, previsto en el artículo 325 de nuestro Código Penal, que tipifica el delito ecológico. Esta misma tesis se mantiene, en la reciente Sentencia de 16 de junio de 2009, al calificar de delito contra los recursos naturales y el medio ambiente la contaminación acústica producida por un bar-musical. Estas condenas penales es probable que pudieran haberse evitado, si ante las repetidas denuncias de los particulares, la Administración local hubiera puesto fin a las molestias generadas con el ruido con el elenco de medidas que tiene para ello: no solo las inspecciones para comprobar la realidad de los hechos denunciados y la iniciación e instrucción del expediente sancionador con la imposición de la sanción correspondiente, sino con la verificación de si las medidas exigidas para poner fin a esta situación eran suficientes o no y, en el caso de no serlas, prohibiendo la actividad desarrollada y vigilando que esta no se reanude. En estos supuestos, cuando el Derecho administrativo sancionador se revela ineficaz para restaurar la legalidad conculcada, el orden jurisdiccional penal se convierte en la última vía para resolver definitiva y eficazmente el problema. Podrían extrapolarse las consideraciones de la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de noviembre de 2009 (n.º 1127/2009), al afirmar: "Mas la desastrosa situación a que, a pesar de la normativa legal y administrativa, se ha llegado en España respecto a la ordenación del territorio, incluida la destrucción paisajista, justifica que, ante la inoperancia de la disciplina administrativa, se acuda al Derecho Penal, como Ultima Ratio. Sin que quepa desconocer que la profunda lesión del bien jurídico protegido trae causa en buena parte del efecto acumulativo provocado por las transgresiones". Este efecto acumulativo, al que se refiere la sentencia, es muy similar en infracciones por contaminación acústica. ¿Será necesario acostumbrarnos a acudir a la vía penal para reparar las lesiones a los derechos de los ciudadanos por efecto de la contaminación acústica?

BIBLIOGRAFÍA

Ariño Villarroya, A., La ciudad ritual. la fiesta de fallas, Anthropos, Ministerio de Cultura, 1992.

Arnal Arasa, E., <>, en Cuadernos de derecho local, núm. 4 y 5, 2004.

Blanquer, D., Contaminación acústica y calidad de vida, Tirant lo Blanch, 2005.

Blanquer. D. y Guillén Galindo, M., Las fiestas populares y el Derecho, Tirant lo Blanch, 2001.

Blasco Esteve, A., <>, RAP, núm. 153, 2000.

Domenec Sibina, T., <>, Cuadernos de derecho local, núm. 4, 2004.

Lafuente Benaches, M., Fiestas locales y derecho al descanso, Iustel, Madrid, 2010.

Nieto García, A., Derecho Administrativo sancionador, Tecnos, Madrid, 1994.

 


Fuente: iustel.com
Fecha: 26/10/11

   Mas artículos de Mercedes Lafuente Benaches       Otros Expertos   

Este experto ha sido visto por 3737 personas.