Ver Suplemento Temático...

Seguridad Corporativa y Protección del Patrimonio.
 

 Expertos

Unidad Central de Seguridad Privada


Ministerio del Interior

Autorización de establecimientos obligados


El presente informe se emite a solicitud de una Unidad Territorial de Seguridad Privada, sobre si los establecimientos obligados a disponer de medidas de seguridad, que se encontraban abiertos antes de la entrada en vigor del R.D. 2364/1994, tienen la obligación de disponer de la AUTORIZACIÓN DE APERTURA, como viene exigido en el artículo 136 del citado Real Decreto.


Consideraciones

La Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, en su artículo 13.1, dispone que:

“El Ministerio del Interior podrá ordenar, conforme a lo que se disponga reglamentariamente, la adopción de las medidas de seguridad necesarias en establecimientos e instalaciones industriales, comerciales y de servicios, para prevenir la comisión de los actos delictivos que se puedan cometer contra ellos, cuando generen riesgos directos para terceros o sean especialmente vulnerables.”

Seguidamente, en el apartado 3 del citado artículo se establece:

“La apertura de los establecimientos que estén obligados a la adopción de medidas de seguridad, estará condicionada a la comprobación, por las autoridades competentes, de la idoneidad y suficiencia de las mismas.”

Como desarrollo de lo anterior, el R. D. 2364/1994, en su artículo 136.1, párrafo primero dispone que:

“Cuando se pretenda la apertura o traslado de un establecimiento u oficina, cuyos locales o instalaciones hayan de disponer, en todos o algunos de sus servicios, de medidas de seguridad determinadas en este Reglamento, el responsable de aquéllos solicitará la autorización del Delegado del Gobierno, el cual ordenará el examen y comprobación de las medidas de seguridad instaladas y su correcto funcionamiento, a los funcionarios que tienen atribuidas legalmente dichas facultades.

Hasta tanto tal comprobación tenga lugar, podrá autorizarse provisionalmente, por la autoridad policial competente, la apertura del establecimiento u oficina por un plazo máximo de tres meses, siempre que se implante transitoriamente el servicio de vigilantes de seguridad con armas.”

Finalmente, la Disposición Transitoria Quinta del citado R.D. 2364/1994, establece para aquellos establecimientos obligados que se encontraban abiertos antes de la entrada en vigor del mismo, unos plazos de adecuación, tanto de las medidas de seguridad física, como de sistemas de seguridad electrónicos.

Conclusiones

En vista de lo anterior, la normativa vigente establece un procedimiento para la apertura de nuevos establecimientos obligados, exigiendo para ello la pertinente Autorización de la Delegación o Subdelegación del Gobierno, una vez comprobadas las medidas de seguridad instaladas, sin embargo, esta normativa no dispone nada al respecto del documento de Autorización para aquellos establecimientos que ya se encontraban abiertos, imponiendo solo unos plazos de adecuación de las medidas de seguridad, como se refleja en la Disposición Transitoria Quinta del R.D. 2364/1994. Por lo que no existe obligación de disponer del documento de Autorización, en aquellos establecimientos obligados que se encontrasen abiertos antes de la entrada en vigor del Reglamento de Seguridad Privada, si bien, éstos deberán disponer de las medidas exigidas por la normativa, toda vez que finalizaron los plazos de adecuación establecidos, o en su caso disponer de la dispensa de la medida o medidas correspondientes.

En conclusión, cuando se trate de establecimientos obligados que se encontraban abiertos, una vez aprobado el R.D. 2364/1994:

• No existe obligación de Autorización.

• Sí existe la obligación de la adecuación de las medidas de seguridad.

• Si los establecimientos están abiertos y no están adecuadas las medidas de seguridad, podrá iniciarse el procedimiento sancionador, al encuadrarse el hecho dentro del tipo descrito en el artículo 23-ñ de la Ley Orgánica 1/1992, que considera infracción grave:

“La apertura de un establecimiento, el inicio de sus actividades o el desarrollo de su funcionamiento sin autorización o sin adoptar total o parcialmente las medidas de seguridad obligatorias o cuando aquéllas no funcionen o lo hagan defectuosamente, o antes de que la autoridad competente haya expresado su conformidad con las mismas”.

Suplemento Temático: Los nuevos retos del Director de Seguridad

 


Fuente: Boletín SEGURPRI nº 30
Fecha: Marzo 2011

   Mas artículos de Unidad Central de Seguridad Privada        Otros Expertos   

Este experto ha sido visto por 1917 personas.