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Seguridad Pública y Protección Civil.

 

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Unidad Central de Seguridad Privada


Ministerio del Interior

Tasas y autorizaciones por cambio de titularidad en establecimientos obligados


Consulta efectuada por una Subdelegación del Gobierno, en relación con la autorización y tasas por cambio de titularidad en joyerías o compraventas de oro o en joyerías que pretendan dedicarse a la compraventa de oro.


Consideraciones

La Ley Orgánica1/1992, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana determina en su art. 13.1 que:

“El Ministerio del Interior podrá ordenar, conforme a lo que se disponga reglamentariamente, la adopción de las medidas de seguridad necesarias en establecimientos o instalaciones industriales, comerciales y de servicio, para prevenir la comisión de los actos delictivos que se puedan cometer contra ellos, cuando generen riesgos directos para terceros o sean especialmente vulnerables “.

La misma Ley en su art. 12 establece:

“Las personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades relevantes para la seguridad ciudadana... Como la compraventa de joyas o metales preciosos, deberán llevar a cabo las actuaciones de registro documental e información previstas en la normativa vigente.”

En desarrollo del citado precepto legal dispone el Reglamento de Seguridad Privada, en su art. 127.1, sobre Medidas de seguridad aplicables, que “en los establecimientos de joyería y platería, así como en aquellos otros en los que se fabriquen o exhiban objetos de tal industria, deberán instalarse, por empresas especializadas, y en su caso autorizadas, las siguientes medidas de seguridad: …”, relacionándose seguidamente en el mismo las consideradas como obligatorias para tales establecimientos.

Por otro lado, el Real Decreto 197/1988 que aprueba el Reglamento de Objetos Fabricados con Metales Preciosos no distingue la actividad de joyería de la compraventa de oro, así, su Art.57 determina:

Se consideran comerciantes de objetos de metales preciosos, a efectos de este Reglamento, todas aquellas personas naturales o jurídicas que desarrollan actividades incluidas en los epígrafes correspondientes de la Licencia de Actividades Comerciales e Industriales.”

La naturaleza de la autorización de apertura de los establecimientos que estén obligados a la adopción de medidas de seguridad - como la gran mayoría de autorizaciones en materia de seguridad - es de las denominadas “licencias de funcionamiento”, la que no se otorga previa la simple comprobación administrativa de un derecho preexistente, sino por reunir los condicionamientos y requisitos esenciales que deben ser exigidos en aras de la seguridad pública, lo que implica que la Administración despliegue, además, una función de vigilancia permanente de la actividad autorizada a lo largo del tiempo, tal y como viene recogido en el art. 143.4 del Reglamento de Seguridad Privada.

Además, nos encontramos en presencia de una autorización real, que son, en principio, de vigencia ilimitada mientras subsistan las condiciones que legitimaron su otorgamiento, sin que puedan establecerse plazos de vigencia - o de caducidad - no contemplados expresamente en sus normas reguladoras.

En consecuencia, las autorizaciones de apertura de un establecimiento obligado se mantienen independientemente de quién sea el titular de la instalación y siempre que permanezcan inalteradas sus condiciones de funcionamiento.

El procedimiento aludido ha sido el seguido con motivo de los denominados Procesos de Integración de Entidades Financieras, de actualidad debido a la crisis económica, los que presentan derivaciones en el terreno de la seguridad privada en España, tema sobre el que esta Unidad Orgánica Central ha establecido su posicionamiento en el sentido de que “en los casos de cambio de denominación de una oficina bancaria, independientemente de quien sea el nuevo titular, no será necesario que se solicite nueva autorización, dado que éstas se conceden al lugar o establecimiento donde se desempeña la actividad autorizada, debiendo ser la Delegación o Subdelegación del Gobierno la que, a solicitud del interesado, expida, si lo considera necesario, un documento con el cambio de titularidad de la misma. Por lo tanto, tampoco será obligatoria la inspección de la oficina, salvo que, por cualquier causa, se considere oportuno realizarla.

Por último señalar que el cierre de cualquier establecimiento obligado, (no la mera modificación de actividad o de las medidas de seguridad instaladas), supondrá la pérdida de la autorización, y en el caso de que un establecimiento obligado, pretenda su reapertura, necesitará solicitar de nuevo ésta, por los procedimientos normativamente establecidos. Esto es, si la oficina o establecimiento se cierra al uso financiero o comercial, perderá la autorización administrativa que hasta ese momento disponía, debiendo obtener una nueva para el caso de una futura apertura, por la misma persona física o jurídica titular o por otra distinta.”

Finalmente, abundando en la materia, ha de observarse que del propio tenor literal del aludido artículo 136 del Reglamento de Seguridad Privada, el mismo no cabe interpretarse en un sentido diferente del que indican los verbos en él expresamente utilizados, entre los que no se emplea, en ningún caso, los de “reapertura” o “reautorización”, haciendo mención, sin embargo, de los conceptos de “autorización” para la “apertura”, así como de los de “traslado” y “reforma de un establecimiento u oficina, anteriormente autorizados, que implique la adopción o modificación de medidas de seguridad”, a efectos de su comprobación..

De ello se deriva la intrascendencia que se otorga a las cualidades del titular, para que subsista la autorización de la actividad concedida, motivo por el cual no parece que resulte procedente la aplicación analógica de la ley que contempla en el artículo 4 del Código Civil, ya que de así producirse, nos encontraríamos ante un evidente caso de extensión de lo regulado en la norma, a un supuesto distinto con el que no existe identidad de razón o semejanza, debido a que, en primer lugar, las condiciones del expediente de autorización de apertura para la actividad, se centran, no tanto en la hipotética idoneidad del titular, cuanto en las concretas medidas de seguridad de carácter obligatorio con que debe contar el establecimiento objeto de trámite; y en segundo lugar, a que la norma no ha pretendido, en ningún momento, que un establecimiento ya autorizado para la realización de una determinada actividad aquí regulada, deba ser nuevamente autorizado como consecuencia de un simple cambio en la titularidad de la propiedad o administración del mismo.

Conclusiones

Del análisis de los preceptos citados y como respuesta a la consulta formulada, pueden extraerse las siguientes conclusiones:

1.- La autorización de apertura de los establecimientos obligados a disponer de medidas de seguridad es, por tanto, una autorización real y no personal, esto es, lo que la Administración supervisa es la correcta adopción de una serie de medidas de seguridad y no la idoneidad para ser titular de un determinado establecimiento o actividad; de ahí que, en principio, la vigencia de dicha autorización sea ilimitada mientras subsistan las condiciones que legitimaron su otorgamiento, y únicamente en el caso en que se modificaran tales condiciones, se requeriría nueva autorización, previa valoración de las modificaciones producidas, por lo que no se considera que deba ser exigible el sometimiento a un nuevo proceso de autorización, puesto que no se ven afectadas las condiciones del objeto (las medidas de seguridad).

Ello, no obstante, se estima necesario, o cuando menos conveniente, aun cuando no puede deducirse como tal del artículo 136, que dicho cambio de titularidad se comunique a la Delegación-Subdelegación del Gobierno competente así como a las dependencias policiales de seguridad privada correspondientes, a fin de poder hacer efectiva la relación que, a efectos de control, se establece entre la Administración y el titular del establecimiento obligado.

Por otro lado, no cabría considerar como un cambio de actividad el que un establecimiento ya autorizado que ejerciera una de estas dos actividades, joyería o compraventa, pretendiese desarrollar la otra, y ello en base a la similar naturaleza de dichas actividades, en cuanto que están reguladas por la misma normativa, por lo que no necesitarían una nueva autorización, si bien sí deberán comunicar el inicio de esa actividad a la Delegación/Subdelegación competente y cumplir en general cuantos requisitos exija la legislación vigente y en particular en lo referente al libro Registro donde se asentarán todas las operaciones que realicen.

2.- En cuanto al pago de tasas, al no basarse el desplazamiento de los funcionarios en una orden de la Autoridad competente, ni al encaminarse el resultado de tales comprobaciones a obtener una autorización de la que ya dispone el establecimiento, este acto administrativo no llevaría implícito el devengo de las mismas.

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Fuente: SEGURPRI Nº 39
Fecha: 2012-11-01

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