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Seguridad Corporativa y Protección del Patrimonio.
 

 Expertos

Rafael Vidal Delgado

Coronel de Artillería(R)
Diplomado de Estado Mayor
Doctor en Historia por la Universidad de Granada

Diplomado y profesor del Master Ejecutivo en Dirección de Seguridad Global (MEDSEG)
Diplomado y profesor principal del Master Ejecutivo en Dirección de Sistemas de Emergencia (MEDSEM)
Asesor de Planificación Estratégica de Belt Ibérica, S.A.

BELT IBÉRICA S.A.
rvidal@belt.es

Anteproyecto de Ley de Seguridad Privada (I)


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Introducción al Anteproyecto

Trámite:

El Ministro del Interior, en su comparecencia ante la Comisión de Interior el 31 de enero de 2012, para presentar las líneas maestras de su Departamento, expuso como tercera línea maestra:

En tercer lugar, pretendemos reformar la Ley de seguridad privada para establecer mecanismos de colaboración más eficaces con la seguridad pública, adaptarnos a la normativa europea y mejorar, en la medida de lo posible, como es nuestro deber, la calidad del servicio.

Algo más de un año más tarde ha presentado ante el Consejo de Ministro un anteproyecto que ha sido aprobado por el Ejecutivo. Anteriormente se habían filtrado diversos textos que dejaban mucho que desear, mejorándose sustancialmente con el presentado.

El trámite que debe seguir el texto incluye informes de diversos órganos consultivos, probablemente algunas modificaciones solicitadas por otros departamentos ministeriales para, a continuación, pasar al Congreso y tras él al Senado

En total el proceso parlamentario y más en una ley de la envergadura de la que se trata y que conlleva unos supuestos económicos muy considerables, en caso de fijarse una tendencia u otra (no política, sino más bien corporativa y empresarial), suele durar entre 12 a 14 meses, fijándose en las disposiciones finales su entrada en vigor, que bien puede ser a poco de publicarse en el BOE.

La Ley, lógicamente, no desarrolla preceptos, sino que los fija, teniendo que ser efectuado este desarrollo por un Reglamento, marcándose también en las disposiciones finales de la Ley, el tiempo que tiene el Gobierno para aprobarlo mediante Real Decreto.

Hay Reglamentos que han durado años, como el de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos, que del año 1999, fue aprobado en 2007, pero lo normal es que el Gobierno tenga prácticamente preparado el texto, cuando la Ley está aprobada, retocándolo en los puntos que la propia Norma legal ha sido modificada en el proceso parlamentario.

Con todo ello, debemos considerar que la nueva Ley de Seguridad Privada estará disponible a principios de 2014, dado que no existe urgencia por lagunas legales significativas, y el Reglamento lo sea para el otoño de 2014.

Metodología a emplear:

En la presente introducción se recogerán de forma muy general las mejoras que ha incluido el anteproyecto, con respecto a la Ley vigente y a continuación las lagunas y vulnerabilidades que se pudieran presentar, todo ello a juicio de este autor.

Posteriormente y a modos de alegaciones o enmiendas, se detallarán los artículos “mejorables”, detallándose los FUNDAMENTOS DE DERECHO y a continuación la PROPUESTA, siempre referido a artículos concretos. (columnas futuras)

Mejoras:

Entre las mejoras generales se encuentra esa elevación de la seguridad privada de subordinación a la pública a la de complementariedad, sin que ello quiera expresar igualdad, pero evidentemente la seguridad privada se encuentra en instalaciones y servicios públicos a los que no puede atender la seguridad ciudadana o pública. Se pueden poner como ejemplos los aeropuertos, metro, trenes, estaciones de ferrocarril, servicios públicos esenciales, infraestructuras críticas, etc., todas ellas atendidas por la seguridad privada.

Otra mejora es la manifiesta ejemplaridad que se recoge en el artículo 29, en lo referente a la formación del personal de seguridad privada. Ya no sirve cualquier para desempeñar funciones de vigilancia, control y seguridad, sino que son exigibles unos requisitos mínimos, los cuales serán ponderados y detallados en el posterior Reglamento.

Importancia es la mención que se efectúa en este artículo a la formación de los directores de seguridad y detectives privados:

d) Para directores de seguridad, en la obtención de un título universitario oficial de grado en el ámbito de la seguridad que acredite la adquisición de las competencias que se determine o en la superación de las pruebas que reglamentariamente se establezcan.

e) Para detectives privados, en la obtención de un título universitario oficial de grado en el ámbito de la investigación privada que acredite la adquisición de las competencias que se determine o en la superación de las pruebas que reglamentariamente se establezcan.

También cabe mencionar como una sustancial mejora, la consideración legal de agente de la autoridad (artículo 31), del personal de seguridad privada cuando se den algunos supuestos, siendo por tanto una agresión a la autoridad el ataque a ese personal.

Por su parte el artículo 36 recoge las obligaciones y atribuciones del director de seguridad, algunas de ellas mejorable, pero es una aportación importante, la necesidad de que el director de seguridad tenga que ser de la plantilla de la entidad u organización obligada (o voluntaria) a disponer de un departamento de esta naturaleza.

Vulnerabilidades:

El anteproyecto presenta un texto en muchas ocasiones farragoso y poco claro y conciso, dejando a la interpretación del lector lo que quiere expresar. Si ello es admisible y asumible en otro tipo de normas, en la de seguridad, donde hay importantes aspectos en juego, debería restringirse al máximo.

Las empresas de seguridad tienen un protagonismo inusitado en la normativa. Es como si a una ley referente a las Fuerzas Armadas se diera énfasis a las unidades militares, dando de lado a los cuarteles generales y estados mayores, en este caso los departamentos de seguridad de las entidades que tienen que contratar seguridad privada y deben disponer de director de seguridad.

¿A través de qué instrumento debe realizarse la coordinación entre las seguridades pública y privada? Este tema queda totalmente en el aíre.

La Ley 8/2011 de 28 de abril, por el que se establecen las medidas de protección a las infraestructuras críticas, especifica que la coordinación se efectuará a través de los departamentos de seguridad y directores de seguridad, pasando a ser en el anteproyecto de la nueva ley, como algo de “pasada”.

El artículo 7 del anteproyecto, sobre autoprotección, es uno de los textos más enrevesados que he conocido y tras leerlo múltiples veces, aun no entiendo lo que quiere expresar. Si un lector “normal” no entiende el significado del texto, quiere decir que al menos el 50% (siendo muy benévolo) de los futuros actores no lo entenderán:

No están sujetas a esta ley las actuaciones de autoprotección, entendidas como el conjunto de cautelas o diligencias que se puedan adoptar individual o colectivamente que ejecuten por sí y para sí mismos de forma directa los interesados, estrictamente dirigidas a la protección de su persona o del propio entorno privado, y cuya práctica o aplicación no conlleve contraprestación alguna ni suponga algún tipo de servicio de seguridad privada a terceros.

Si tomamos los artículos 11, 38 y 53 de la Ley Orgánica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, veríamos que dentro de las misiones fundamentales de ellas se encuentra la cooperación y ayuda, en definitiva, implicación plena en la tareas de protección civil. La autoprotección es protección civil, dentro de las instalaciones ¿Es que los miembros de la seguridad privada, homónimos de la pública dentro de las instalaciones  no van a tener responsabilidades en protección civil? Esto parece una barbaridad, cuando precisamente el 99% de todos los planes de autoprotección, redactados al amparo del Real Decreto 393/2007 y Norma Básica de Autoprotección, se basa en el personal de seguridad como equipo de primera intervención. En este sentido parece un “guiño” al poder económico de las empresas de seguridad, que no desean tanta formación ni responsabilidad para sus vigilantes.

Verdad es que en determinados momentos, en bancos y supermercados principalmente, se asignaba a los vigilantes de seguridad la misión de información de los usuarios, lo cual era una monstruosidad, pero desde luego, pasar a no estar implicado en la protección civil de las personas y bienes va un abismo.

En futuras columnas se pretende diseccionar, desde el punto de vista del autor, el articulado del anteproyecto, siempre con una actitud positiva, pensando que, incluso con el texto actual, es una mejora muy sustancial con la Ley existente.


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Fuente: Rafael Vidal
Fecha: 2013-04-19

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