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Seguridad Corporativa y Protección del Patrimonio.
 

 Expertos

Rafael Vidal Delgado

Coronel de Artillería(R)
Diplomado de Estado Mayor
Doctor en Historia por la Universidad de Granada

Diplomado y profesor del Master Ejecutivo en Dirección de Seguridad Global (MEDSEG)
Diplomado y profesor principal del Master Ejecutivo en Dirección de Sistemas de Emergencia (MEDSEM)
Asesor de Planificación Estratégica de Belt Ibérica, S.A.

BELT IBÉRICA S.A.
rvidal@belt.es

Anteproyecto de Ley de Seguridad Privada (II)


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NOTA PREVIA: En la columna I se expuso la metodología a emplear sobre el texto del anteproyecto de ley. Iniciamos la segunda columna con la exposición de motivos y continuaremos la serie con el articulado, según títulos y capítulos.

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Sentencia nº 150/1990 de Tribunal Constitucional, Pleno, 4 de Octubre de 1990, expresa que los Preámbulos o Exposiciones de Motivos de las leyes carecen de valor normativo y no pueden ser objeto de un recurso de inconstitucionalidad.

Esto no quiere indicar que no tenga validez jurídica, porque la exposición de motivos representa el sentir del legislador para elaborar la norma. De tal forma que en casos de diferencias de interpretación debe ser una “fuente del derecho”, encuadrado en las denominadas “materiales”, las cuales “son las razones o hechos que provocan la aparición de una norma y determina su contenido”. La lectura detallada del apartado correspondiente del preámbulo o exposición proporcionan coherencia y clarificación de la norma. A mayor abundamiento, se ha generalizado que la exposición de motivos contenga dos partes diferenciadas, una, consistente en las motivaciones del legislador y la segunda en un resumen de los títulos y capítulos, incidiendo precisamente en lo que se pretende obtener en cada parte del articulado.

FUNDAMENTO

Los cuatro primeros apartados de la exposición de motivos son de carácter generalista, enfocando a la seguridad privada como complementaria de la pública.

Pretende en el primer párrafo del apartado III contemplar a la seguridad privada “en su conjunto”, concibiendo una norma que “permita aprovechar las enormes potencialidades que presenta la seguridad privada desde la perspectiva del interés público”.

Recoge la “mejora de la eficacia” de la seguridad privada sobre unos pilares de organización, formación, respaldo jurídico y colaboración/coordinación con la seguridad pública.

Sin embargo, siendo bueno generalizar, se puede llegar a “difuminar” como es el caso de estos apartados de la exposición de motivos, porque expresar “la relación especial que mantiene la seguridad privada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, es decir mucho y no decir nada. ¿Con quién de la seguridad privada se van a relacionar las FCS? ¿Con el vigilante? ¿Con la empresa de seguridad?, quedando indefinida la cuestión, debiendo aplicarse lo ya instituido en la Ley 8/2011 de Infraestructuras Críticas, en el sentido que la coordinación con las FCS se realizará a través de los departamentos de seguridad, que disponen de un director de seguridad homologado, porque en ningún artículo se contempla la posibilidad de que en caso de necesidad se solicite la colaboración de una empresa de seguridad, actuando como si se “movilizara” un recurso ante una situación de emergencia.

La relación debe establecerse entre los elementos de la seguridad privada y los órganos institucionales y administrativos de la pública. La relación/coordinación debe de formularse en varios niveles, dada la complejidad organizativa de la propia seguridad privada. Vemos algunas formas de relación, sin que pueda considerarse exhaustiva ni completa:

a)     Habrá una relación del Ministerio del Interior con las empresas de Seguridad (vigilantes de seguridad), en donde se detallen los requisitos que deben tener para funcionar como tales.

b)     Las empresas instaladoras de sistemas y medios de seguridad, también forman parte de la seguridad privada y de los ministerios del Interior e Industria, recibirán normas técnicas.

c)     Los departamentos de seguridad/directores de seguridad de empresas, organizaciones, instalaciones, etc. (no en lo referente a empresas de vigilantes de seguridad), con las subdelegaciones del Gobierno, con el Centro Nacional de Infraestructuras Críticas (si le atañe) y con las unidades de Seguridad Privada de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: Unidad de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía y Servicio de protección y Seguridad de la Guardia Civil, debiéndose añadir a éstos sus homónimos de las Comunidad Autónomas.

En el último párrafo del apartado 4 indican que “al objeto de evitar interferencias y duplicidades, se prevén mecanismos de coordinación institucional”, clarificando las competencias estatales y autonómicas, lo cual es una desiderata, pero solamente eso, porque en el repertorio legal español, se ha visto diferencias sustanciales de normas autonómicas y de rango inferior.

En la parte concerniente al resumen del articulado, en el último apartado (V), se indica que “en el título I se plasma una de las ideas claves que han inspirado la redacción de la ley, como es la coordinación y colaboración entre los servicios de seguridad privada y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”. Habría que volver a preguntarse: ¿a través de quién se efectúa esa coordinación?

PROPUESTA

En el articulado es más fácil presentar como propuesta un texto alternativo, cuestión que se dificulta en la exposición de motivos, dado que la “filosofía” de una norma no radica en un párrafo concreto.

Por ello se debe equiparar seguridad privada a pública y si se hace mención a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad debe hacerse como parte de la segunda.

Como ejemplo de los que debe de clarificarse, se expone la nueva redacción que se propondría para el quinto párrafo del apartado III:

La seguridad privada mantiene y debe seguir en el futuro, una especial relación con los órganos institucionales de la seguridad pública, y muy especialmente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad …

La normativa legal que surja tras la nueva Ley de Seguridad Privada debe poder trasladar que la gestión de la seguridad no es realizada por las empresas de seguridad, sino por los departamentos de seguridad y sus correspondientes directores de seguridad de las organizaciones, empresas e instalaciones obligadas a disponer de un dispositivo de seguridad.

Estos departamentos de seguridad “contratan”, generalmente mediante concurso, la empresa de seguridad, con sus vigilantes, auxiliares, mantenimiento, etc., que debe servir al dispositivo de seguridad constituido, pero el “mando” siempre es de la entidad que necesita seguridad y eso parece que lo ha olvidado/obviado el anteproyecto de ley.

En las próximas columnas entraremos en el articulado.


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Fuente: Rafael Vidal Delgado
Fecha: 2013-04-30

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