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Seguridad Corporativa y Protección del Patrimonio.
 

 Expertos

José Manuel García Diego

Técnico Superior PRL
Licenciado en Ciencias del Trabajo
Director de Seguridad

Nuevas leyes para nuevos tiempos


Comienzan a oírse tambores que anuncian cambios legislativos para la Seguridad Privada, y tal vez por ello sea buen momento para que nos pronunciemos quienes nos consideramos stakeholders en ese campo.


Es de sobra conocido por la autoridad policial de nuestro país que las partes interesadas no pueden más que enriquecer la regulación normativa, como se ha acreditado reiteradamente, sobre todo en los últimos tiempos. Ése, y no otro, es el objetivo de quien escribe esto con el propósito único de mejorar este aspecto tan sustancial para la convivencia de nuestro país.

Desde el punto de vista regulatorio, en Seguridad Privada estamos ante uno de esos momentos procesales en los que parece que toca reunir, juntar y racionalizar. La Ley de Seguridad Privada se nos ha ido quedando obsoleta porque la sociedad de la Información viaja a una velocidad importante y la ley se ha quedado parada, sorprendida ante las nuevas evidencias de riesgo, tras 20 años de vigencia. De poco han servido las “mejoras”, seguramente bienintencionadas y no exentas de cierta polémica en algunas ocasiones, que el Ministerio del Interior ha ido introduciendo en su Reglamento de desarrollo –que también tiene sus 18 añitos– con el fin de adecuarlo a los nuevos tiempos.

Todo ello, comienza a dar la sensación de sábana corta que tapa por un lado y deja desnudo el otro. La normativa reglamentaria, profusa últimamente, apenas se ve capaz de regular nuevos escenarios sin lesionar el principio de jerarquía de la norma, que como todos nuestros lectores saben, impide que una Orden Ministerial disponga cuestiones distintas o innovadoras de las legales o reglamentarias de rango superior a las que desarrolla. El desarrollo reglamentario sirve para innovar el ordenamiento jurídico; pero solo el ámbito de la soberanía popular a quien está reservado el poder legislativo, la facultad de dictar leyes, puede “romper” ese ordenamiento, como diría el eminente administrativista cántabro García de Enterría.

Cambio social

Es menester, pues ya toca, acometer con la debida prudencia –virtud humana que impide cambiar lo que va bien– un afrontamiento general de la casuística del sector de la Seguridad Privada de nuestro país, para lo cual será imprescindible hacer un análisis de aquello que ha cambiado en todos estos años, como qué nuevas amenazas se ciernen sobre nuestra sociedad, inexistentes hace 20 años. También debe ser tenida en cuenta la extraordinaria madurez del sector privado de la seguridad al que ya no resulta imprescindible llevar cogido de la mano para que haga bien las cosas. Asimismo, y mucho nos tememos que así sea en época de profundas restricciones del gasto público, hay que analizar la alta probabilidad de que nuestros gobernantes pretendan cumplir con su deber de velar por el interés general a base de traspasar cuotas de responsabilidad al sector privado, la autoprotección de la víctima, objeto de estudio de la criminología.

Esta reforma se hace imprescindible porque nuestra sociedad no tiene nada que ver con la de hace 20 años y porque esto nos ayudaría a superar algunas paradojas que se vienen dando en nuestro sector, como que la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, ante una solicitud de pronunciamiento, haga interpretaciones, denominémoslas llamativas, con un trasfondo paradójico. Cuando le preguntaron a este órgano de la administración policial si los departamentos de Seguridad de las empresas pueden ser externalizados, el interprete ministerial no solo contestó que sí, sino que utilizó para ello criterios meramente gramaticales, desoyendo otras pautas de total aplicación –cuando el “sentido propio de sus palabras” es insuficiente–, como los antecedentes histórico-legislativos y la forma en que fueron concebidos estos departamentos por el legislador originario, que han sobrevivido casi 40 años y varias reformas, o de carácter sistemático, es decir, en relación con el resto de normativas vigentes que el interprete no puede ignorar a la hora de pronunciarse.

Me atrevo a calificar el trasfondo de la interpretación de paradójico porque, después de aplicar ese criterio interpretativo parcial, llega el intérprete policial a la conclusión hermenéutica de que no solo es que tal departamento de Seguridad puede ser externalizado, sino que ni siquiera se precisa que sea una empresa de seguridad la que asuma tal responsabilidad “desde fuera”. A su juicio, y así está publicado en la Web del Ministerio del Interior, serviría con que esa compañía fuera de cualquier sector de la actividad, con lo cual, ineludiblemente estaríamos ante una situación –es mi opinión, que prometo explicitar con un análisis jurídico mucho más profundo con la próxima publicación de un libro dedicado a la seguridad privada en las entidades financieras– paradójica. Y es que la amplísima gama de servicios que un departamento de Seguridad puede reportar a la seguridad pública corre el riesgo, con tal interpretación, de caer en manos ajenas a este sector, con lo cual el asunto terminaría inmediatamente fuera del ámbito competencial del mismo que está dictando la interpretación. Un policía interpreta una norma de seguridad privada y llega a la conclusión de que su ejecución cae fuera del ámbito de la seguridad que está interpretando.

Manos ajenas

Desconozco si se ha sopesado adecuadamente el perjuicio en términos de eficacia que una decisión como la comentada puede propiciar al concepto más genérico de seguridad ciudadana, condenando a la seguridad privada de las empresas a terminar en manos de profesionales ajenos a la seguridad, de esos que, por ignorancia, llaman a los delitos “fallos”, “errores” o “incidentes”, a los vigilantes “guardas” o “guardias”, y que consideran a los ataques meros juegos de esgrima, desafíos intelectuales entre buenos y malos.

Dejar en manos ajenas una parte tan importante de la seguridad ciudadana, únicamente sería entendible en el marco de una reinterpretación constante y cambiante de la norma atribuible al envejecimiento normativo. Esa obsolescencia solo se soluciona con un nuevo trabajo a semejanza de los viejos compiladores canónicos del derecho justinianeo, que además de ser rigurosos con la herencia romana aprovechaban para meter la mano y arreglar lo que chirriaba mediante sus glosas.

Y es que la Seguridad Pública, al igual que el resto de la Administración, tiene un encargo constitucional insoslayable que debe operar, además de como derecho sustantivo, también como principio del derecho inspirador de cualquier iniciativa reglamentaria o interpretativa, y que no es otro que servir con objetividad a los intereses generales y actuar de acuerdo, entre otros, al principio de eficacia (art. 103 CE). Convendrá conmigo el lector –y estoy seguro si digo que también el mando policial– que no tiene mucho sentido y poca eficacia operativa que un Departamento de Seguridad, por ejemplo de un banco, pueda ser ejercido por una churrería (sospecho que me echaran en cara que utilice un ejemplo caricaturesco, aunque no imposible, para ilustrar la interpretación reiterada, pero por caricaturizar lo elijo a pesar de que no se me oculta que resulta harto improbable en la práctica) mientras que para colocar un pulsador de alarma en una sucursal es necesario acreditar documentalmente la normalización correspondiente en la fabricación del mismo, la certificación a cargo de una entidad facultada para ello, la instalación por parte de una empresa habilitada, la solicitud gubernativa a través un director de Seguridad habilitado también, la revisión policial previa, la inscripción en un libro de medidas de seguridad y la sujeción a revisiones de funcionamiento sorpresivas.Pero he de insistir –siempre con el ánimo anunciado anteriormente e inquebrantable de servicio a un sector, la Seguridad Privada, en el que me he sentido extraordinariamente a gusto en los últimos casi 15 años–, y es que otro de los principios de sujeción constitucional de la Administración es la coordinación. Dentro del mismo Ministerio conviven, aunque no resulta fácilmente explicable, interpretaciones como la que hemos visto sobre la externalización de los Departamentos de Seguridad, con nuevas iniciativas legislativas y reglamentarias de protección de infraestructuras críticas, de obligado cumplimiento para las empresas de sectores críticos desde el punto de vista de la Seguridad del Estado, como lo es también el de las entidades financieras.

Enfoques divergentes

Conviven en Interior dos enfoques absolutamente enfrentados en cuanto a la seguridad de las empresas privadas. Uno, antiguo, basado en la subordinación de la Seguridad privada a la pública, con un carácter finalista de las instalaciones materiales como único argumento de la seguridad mal llamada física; en la supervisión a ultranza previa y posterior a su instalación; y en la escasez de confianza en el desempeño profesional de aquellos a los que previamente han habilitado. Todo ello, objeto de un reglamentismo que ha llevado al propio Tribunal Supremo a denominarlo como“intensa intervención administrativa en la organización y desarrollo de las actividades de las empresas de seguridad privadas” (STS 30 de enero 2007) y de un régimen sancionador más propio de Estados más autoritarios o con una organización mas incipiente de la seguridad que la que tiene nuestra seguridad privada en general y el sector de las entidades financieras en particular, donde la figura del Departamento de Seguridad es obligatoria.El otro enfoque de protección de infraestructuras críticas (PIC), moderno, está basado en la colaboración entre la Seguridad pública y la privada, en la planificación de las acciones con fijaciones de objetivos y en el que no se habla de medidas concretas, con un ámbito competencial global, físico y lógico, donde las políticas, la planificación y el elemento organizativo son las piezas clave al mando de un director de Seguridad, que por estar habilitado por el Ministerio tiene toda su confianza en esa tarea cruzada de representarle ante los empresarios y viceversa; y la tiene hasta el punto de que ni siquiera tiene un régimen sancionador para perseguirle.

Los que vemos la seguridad privada desde el punto de vista organizativo de la gestión de riesgos y entendemos que su eficacia no reside exclusivamente en los hierros o en las cámaras, apreciamos –y así lo hemos dicho en estas mismas páginas hace algunos meses– de forma importantísima este giro en el enfoque de la gestión de riesgos operado en el Ministerio del Interior, que nos transporta de instaladores de medidas al risk management; asimismo, proclamamos que no tiene sentido alguno que aquellos riesgos que están debidamente “controlados” –siempre con la prudencia debida cuando de riesgos se trata– sigan sujetos a una normativa intervencionista obsoleta mientras que otros mucho más globales (riesgos nuevos cada día) se confían a la gestión normalizada, planificada y basada en la confianza, y no en la sanción económica del palo y tentetieso.

Y como del mismo Ministerio se trata, aprovechamos ya para lanzar nuestra propuesta en vísperas legislativas: la normativa de Seguridad Privada de las empresas debe converger con la normativa legal PIC y las políticas, planificación, gestión y confianza en los profesionales habilitados para ello –entre los que no se encuentran los churreros, es broma– deben sustituir al intervencionismo, a la subordinación desconfiada y a los regímenes sancionadores, inútiles para quien no se dedique profesionalmente al derecho administrativo.

Suplemento Temático: Los nuevos retos del Director de Seguridad

 


Fuente: Seguritecnia
Fecha: 2013

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