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Seguridad Corporativa y Protección del Patrimonio.
 

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Unidad Central de Seguridad Privada


Ministerio del Interior

Reubicación de cajeros automáticos desplazados


Consulta de una Unidad Territorial de Seguridad Privada, sobre la exigencia de nueva autorización por reubicación de un cajero automático desplazado de grupo financiero, el cual se encontraba autorizado con anterioridad en otra dependencia similar en una provincia de la Comunidad Autónoma del País Vasco.


CONSIDERACIONES

La Circular 1/2009 sobre criterios de actuación policial en determinados supuestos relativos a medidas de seguridad en oficinas de entidades financieras, viene a homogenizar los criterios de actuación en materia de autorizaciones y tasas, que hasta ese momento se estaban aplicando y consecuentemente respecto a la actuación policial de las distintas unidades policiales centrales y territoriales de Seguridad Privada.

En dicha Circular se recogen las conclusiones del informe emitido por la Secretaria General Técnica del Ministerio del Interior, en fecha 14 de mayo de 2008, donde se contemplan unos “criterios de aplicación del artículo 136”, diferenciando la autorización de apertura por las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno, con el correspondiente pago de tasas, de la comprobación policial, en caso de reformas que afecten a los elementos esenciales del sistema de seguridad, supuesto este que no requiere autorización gubernativa y, por tanto, pago de tasas, tratando, en último lugar, como desarrollo del apartado sexto del mencionado artículo 136, los supuestos que afectan a los cajeros automáticos.

Por otra parte, y de manera específica, dado que el punto sexto del artículo 136 del Reglamento de Seguridad Privada lo trata individualmente, hay que hacer mención a los cajeros automáticos. De ellos, y a raíz de la sentencia de 14 de marzo de 2002, del Tribunal Supremo, es necesario considerar dos supuestos:

a) El de los cajeros que están instalados en las propias oficinas de las entidades de crédito, que deberán considerarse como un elemento más de los que componen la seguridad física de la oficina. Por tanto, en los casos de sustitución, o nueva implantación, al suponer una reforma del sistema de seguridad ya autorizado, sólo requieren de la preceptiva comunicación, acompañada de la correspondiente documentación, para su previa o posterior comprobación.

b) El de los cajeros que las entidades de crédito desplazan fuera de sus oficinas, implicando una nueva instalación y conexión de los sistemas de seguridad, y que se tratarán como cualquier apertura nueva o traslado de sucursal, conforme a las exigencias previstas en el punto primero, párrafo primero, del artículo 136 del citado RSP.

En este último supuesto cabe distinguir el cajero como aparato o producto industrial en el que se integran una serie de medidas de seguridad físicas y electrónicas de carácter obligatorio, diferenciado del lugar de emplazamiento donde una empresa de seguridad de instalación y mantenimiento interviene para realizar la instalación del mismo.

La autorización gubernativa, por tanto, abarca tanto al conjunto de la instalación, es decir los aspectos relativos al continente o lugar donde se ubica o instala el cajero, como al contenido o cajero como medida de seguridad en sí mismo considerado.

El cajero, por consiguiente, forma parte de una autorización gubernativa en la que se establece que este cumple con las medidas de seguridad exigibles en un momento determinado y esto no se altera por el mero desplazamiento del cajero en su consideración de dispositivo de seguridad, al no estar autorizado de forma aislada, ya que la autoridad se manifestó también sobre el resultado de su integración en un lugar concreto conformando un conjunto unitario.

Si fuera necesario otorgar una nueva autorización gubernativa en supuestos de traslado, lo seria en razón a la disociación de ambos elementos- contenido y continente, en que habrá que tener en cuenta que tal autorización no se refiere íntegramente al cajero que se desplaza, sobre el que ya se manifestó en aprobación la autoridad gubernativa competente, sino al nuevo conjunto que se conformará con su instalación en un lugar determinado.

Y así, si el cajero desplazado, ya anteriormente autorizado, sustituye a otro ya existente, no va a precisar de autorización, ya que el lugar de instalación de este último también fue objeto de autorización en cuanto que la autoridad gubernativa ya dio su conformidad respecto del resultado de la instalación y conexión realizada por la empresa de instalación y mantenimiento. En este caso solo habría que tener en cuenta, si procede, lo dispuesto en la Disposición Transitoria  Única sobre periodos de adecuación de la Orden INT 317/2011, sobre Medidas de Seguridad.

La autorización gubernativa preexistente no resultará válida, y precisará de nueva autorización, para el supuesto de dicotomía del conjunto citado, es decir, cuando el cajero desplazado, que ya fue autorizado, es instalado en un nuevo emplazamiento, en lugar no autorizado previamente y necesitado, por tanto, de una nueva instalación de seguridad.

Finalmente, y en razón de las Comunidades Autónomas afectadas, es preciso recordar que el Decreto 309/1996, de 24 de diciembre, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la comunidad autónoma del País Vasco en materia de seguridad privada, en desarrollo de la Disposición Adicional de la Ley 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, y de la normativa de Seguridad Privada, desarrolla las facultades de autorización, inspección y sanción en esta materia. En su artículo 5.h) autoriza la apertura de establecimientos obligados a disponer de medidas de seguridad de acuerdo a lo previsto en el artículo 136 del Reglamento de Seguridad Privada.

CONCLUSIONES

De todo lo anterior cabe concluir los siguientes extremos relacionados con la consulta efectuada:

1.- Los cajeros automáticos desplazados que se instalan por primera vez, precisan siempre de autorización y dan lugar al devengo de tasas, siendo considerados por la normativa de Seguridad Privada como oficinas bancarias. Por tanto, su tratamiento debe ser el mismo que cualquier oficina de crédito, en los supuestos de nueva apertura o traslado.

2.- Cuando se trate de la sustitución de un cajero automático desplazado, previamente autorizado, o no, por otro, en la misma o distinta ubicación, se pueden generar supuestos diferenciados, relacionados con el propio dispositivo terminal de cajero automático o con el lugar de instalación. En el primer supuesto, se atenderá a si dicho terminal estuvo anteriormente autorizado e instalado en otro lugar, y en el segundo, si por tratarse de un dispositivo o lugar de emplazamiento nuevo, nunca fueron objeto de autorización.

Por tanto:

a) Respecto del primer caso, si el desplazado estuvo previamente autorizado e instalado en otro lugar, y la nueva ubicación lo era del que se sustituye, también autorizado, bastaría la comunicación a la Unidad Policial territorial de Seguridad Privada, acompañada de la correspondiente documentación, para su previa o posterior comprobación.

Supuesto distinto es el de las reformas en establecimientos obligados, en las que hay que entender que la incorporación de un nuevo cajero o la sustitución del existente sólo implican una modificación parcial del sistema de seguridad, bastando con que se cumpla la obligación de comunicación establecida en la Circular 1/2009. Las entidades de crédito en estos casos sí deberán tener en cuenta el grado de seguridad del elemento que se incorpora para que su sistema de seguridad mantenga el grado 3 obligatorio que determina la Orden INT/317/2011.

b) En el segundo, si el cajero, el lugar de instalación, o ambos, nunca estuvieron autorizados, precisaría autorización administrativa y se devengarían las correspondientes tasas.

En cuanto al cumplimiento de las medidas de seguridad previstas en el Art.14 de la O.M 317/2011, de 1 de febrero, éstas serán exigibles a cajeros automáticos de nueva implantación y que nunca fueron inspeccionados, disponiendo los ya autorizados previamente de un periodo de diez años en aplicación de la Disposición Transitoria Única de la Orden INT/·504/2013, de 30 de julio que establece, con carácter general, un plazo de diez años de adecuación a las exigencias normativas.

Respecto del alcance de la validez de la autorización preexistente de apertura de la que el cajero formaba parte, emitida, presumiblemente, por el Departamento de Interior del Gobierno Vasco, en el ejercicio de las competencias asumidas por esta Comunidad Autónoma, referir que los efectos de dicha autorización son válidos en lo referente a la idoneidad y suficiencia de las medidas de seguridad del cajero como elemento contenedor, las que ya se examinaron aplicando la normativa única que rige a nivel estatal, es decir, el Art. 136 del RSP.

En relación al continente o lugar de instalación en distinto ámbito territorial del que procede la autorización, se aplicarán las mismas reglas establecidas en los puntos anteriores, respecto a los cajeros desplazados que se instalan en función a si el lugar de ubicación ya fue, o no, objeto de autorización por la autoridad gubernativa competente, o a si se ha de tratar, simplemente, como una reforma del sistema de seguridad del establecimiento.

Todo ello, bajo las premisas de la simplificación de trámites, la eliminación de complicaciones y demoras injustificadas en la tramitación de los procedimientos de inspección y autorización, ya que estas resultan incompatibles con las necesidades y el dinamismo del sector.

Suplemento Temático: Seguridad en el Sistema Financiero

 


Fuente: SEGURPRI Nº 43
Fecha: Diciembre 2013

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