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Seguridad Corporativa y Protección del Patrimonio.
 

 Expertos

Jorge Pacha Cabrera


Analista en Terrorismo Yihadista

Análisis del modelo español de seguridad privada


INTRODUCCIÓN

Entre los objetivos del presente Gobierno en lo referente a Políticas de Seguridad Públicas y Privadas, el ex Secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa (2012), anunciaba, mediante la Revista Ciudadanía y Seguridad del Ministerio del Interior, un nuevo modelo de seguridad pública que pasaba por la creación de una nueva Ley de Seguridad Privada.

Generalmente se pensaba que la creación de esta nueva LSP, se centraría en legislar los elementos que se llevan a cabo actualmente tales como los programas Red Azul o Coopera, al mismo que tiempo que se pretendiese unificar con rango de Ley la reglamentación del 1994, las diversas Ordenes INT del 2011, o la resolución del 12 de noviembre del 2012 de la SES relativa a la formación del personal de seguridad privada.

Pero ya el anteproyecto de Ley se volvió mediático debido a determinados conceptos, funciones, y protecciones que se pretendían dar a la seguridad privada y a su personal. Y aunque esta Ley 5/2014 haya sido aprobada con las enmiendas propuestas por el Senado, muestra un claro cambio de tendencia y modelo necesitado de análisis, y que seguramente se verá más acentuado tras el desarrollo normativo que haga el Gobierno a propuesta del Ministerio del Interior.

CONTINUIDAD Y CAMBIOS

Debido a la inexperiencia y continuidad de las actividades prohibidas que realizaban antes del 92 las empresas de seguridad privada, aquella ley que las reguló centró mucho de sus recursos en el concepto de control y sanción con el fin de lograr una mayor madurez en un sector aún inexperto. En esta nueva ley del 4 de abril, pese a que se aumentan considerablemente el número de infracciones que se pueden cometer, e incluso se introduce una nueva categoría regulada (infracciones de los usuarios y centros de formación), sus objetivos no pasan por el control y sanción, sino por aprovechar las potencialidades de la seguridad privada mediante la regulación de los siguientes aspectos:

  • La mejora de la eficacia en la prestación de los servicios de seguridad privada en lo relativo a organización y planificación, formación y motivación del personal de seguridad
  • La eliminación de situaciones que dan lugar al intrusismo tanto de las empresas como del personal (destaca el art. 11 Registro Nacional de Seguridad Privada y registros autonómicos)
  • La dotación al personal de seguridad privada del respaldo jurídico necesario para el ejercicio de sus funciones legales (consideración de agente de la autoridad al personal de seguridad privada cuando desarrolle sus actividades en cooperación y bajo el mando de las FFCCS, art. 31)
  • Elementos de colaboración entre la seguridad privada y la seguridad pública (regula los actuales programas de Red Azul -CNP- y Coopera -GC-)

Como bien antepone esta nueva LSP en su Preámbulo, se pasa del énfasis del principio de subordinación hacia el principio de complementariedad. Aquí, la nueva legislación reitera el papel auxiliar y especialmente colaborador de la seguridad privada hacia las FFCCS, pero de una forma sutil hace muestra que este tipo de colaboración ha cambiado.

Ya en las Órdenes INT del 2011 se hacía mención a este aspecto, pero ahora se introduce directamente en esta norma con rango de ley. Ahora, la colaboración no será exclusivamente en una dirección, sino que será recíproca, y por lo tanto las FFCCS deberán a la seguridad privada hacer "partícipes de la información que resulte necesaria para el mejor cumplimiento de sus deberes".

Por otro lado, destaca el especial hincapié que hace esta nueva Ley 5/2014 respecto a los detectives privados, diferenciándose así de su predecesora la cual los trataba de una forma tangencial. Así, se pretende regular una actividad que ha gozado de especial interés mediático con escándalos y seguimientos llevados a cabo por algunos despachos y mediante los cuales se ha visto su necesidad de regulación explícita por la delgada línea que separa las funciones de estos operadores de la seguridad respecto al derecho al intimidad.

En lo que respecta a la formación del personal de seguridad privada, ya nombrábamos anteriormente que se trataba de un objetivo de la presente ley. Por la necesidad de contar con personal válido, así como de adaptarse a los actuales planes de formación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se plantea la utilización de Grados, FP’s y Certificados de Profesionalidad para la posibilidad de ejercer tal profesión. Estos extremos deberán ser clarificados en reglamentación posterior, aunque ya la Disposición transitorio primera indica que las habilitaciones obtenidas antes de la entrega en vigor de esta nueva ley mantendrán su validez sin necesidad de convalidación.

Como otras nuevas introducciones o cambios producidos entre estas dos legislaciones destaca la regulación del ámbito de la Seguridad en las TIC’s, el cambio de denominación de los guardas particulares de campo a guardias rurales, la regulación de las funciones de videovigilancia, o el principio general de exclusión de la seguridad privada de determinadas actividades que hasta ahora se encontraban afectas a la Ley 23/92, como son la planificación, consultoría y asesoramiento en materia de seguridad privada y las demás reguladas en su art. 6.

Por último, cabe destacar el principal paso da esta nueva regulación en lo que se refiere a los servicios que podrán prestar las empresas de seguridad privada. Muy mediático ha sido las nuevas funciones de vigilancia perimetral de centros penitenciarios, o de internamiento de extranjeros; pero en su art. 41.3 d) esta ley hace de una forma directa partícipe a la seguridad privada en aspectos de la seguridad pública, para ello anuncia que podrán prestarse lo servicios de vigilancia y protección relativos a "la participación en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública, complementando la acción policial". De esta manera y como refleja el preámbulo, el Estado encuentra en la realización de actividades de seguridad por otras instancias sociales o agentes privados una oportunidad para ver reforzada la seguridad.

MODELO DE SEGURIDAD PRIVADA

Lucio Toval (2008), ya definiría modelo de seguridad como "conjunto de normas, instituciones órganos, medios y procedimientos de actuación y coordinación entre todos ellos que tienen por objetivo garantizar la seguridad y la convivencia pacífica de los ciudadanos", encontrando así los principales elemento de la nueva LSP.

Es innegable que el modelo de seguridad privada español está sufriendo cambios, pero no se le puede atribuir esta función a esta nueva ley, puesto que pese a que en ella se introducen determinadas situaciones completamente novedosas, en rasgos generales lo que trata de regular es la actual situación de la seguridad privada, así como todas las transformaciones que se han producido en el sector durante estos más de veinte años, adaptándose así al actual sistema político y social en el que vivimos.

Hasta la actualidad, y aunque de una forma un poco desfasada, se indicaba que en España regía el modelo de Junior Partner, un modelo en el que permanecía la supremacía del Estado frente a la diversas empresas de seguridad privada y donde el sector privado era considerado como complementario y subordinado al control policial (Gimenez-Salinas, A. 2004).

Como anteriormente describimos, la nueva LSP deja un poco de lado el principio de subordinación para centrarse en el principio de complementariedad mediante las actividades de seguridad llevadas a cabo por otras instancias sociales o agentes privados. En estos preceptos atisbamos como el modelo de seguridad privada ha transmutado de un patrón Junior Partner hacia un modelo que ya proponían Kempa et al. (1999) y Johnston y Shearing (2003), y al cual denominaron modelo Nodal Governance.

Este modelo es teorizado por Gimenez-Salina, A (2004) como "un complejo de agencias interrelacionadas que trabajaban conjuntamente para asegurar el orden que trascienden los límites conceptuales establecidos entre agencias públicas y privadas, espacios y funciones".

VALORACIÓN CRÍTICA Y CONCLUSIONES

Nos encontramos ante un nuevo modelo que responde a la actual situación política y social y que responde a la nueva demanda y aparición de nuevos espacios necesitados de seguridad.

Mediante la presente legislación se pretende conseguir un mayor nivel de seguridad basada en la prevención situacional principalmente en "claustroespacios" (Recasens, A. 2007), aunque se aprecia una tendencia a los alrededores de estos lugares haciendo extensión a determinados espacios microsecuritarios.

La forma de lograr este nivel de seguridad es la plasmada por Shearing, C. y Wood, J. (2007) al indicar que han de coincidir los objetivos de los operadores de seguridad con los del Gobierno. Si los objetivos de la seguridad privada ponen su énfasis en reducir las oportunidades para que se produzcan violaciones a la ley, y el Gobierno persigue la prevención del delito, nos encontramos que la fórmula basada en nodos que cooperan es la más adecuada para producir seguridad.

Es evidente que en una normativa tan delicada y que afecta a tantos intereses es difícil encontrar una acuerdo unánime respecto a su contenido. Siempre un determinado sector de la sociedad creerá que se les otorga a los operadores de seguridad excesivas competencias, mientras que los trabajadores de la seguridad privada podrán reflexionar que no cumple todas las expectativas que les había hecho pensar el anteproyecto.

Lo que es claro es que se necesitaba una nueva LSP, y que de una forma más o menos acertada, esta normativa cumple con los propósitos necesarios para adaptarse a la actualidad y poder desarrollar las funciones necesarias para garantizar la seguridad en los espacios con fronteras cada vez más borrosas entre lo público y lo privado.


REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

KEMPA, M.; CARRIER, R.; WOOD, J.; SHEARING, C. (1999). “Reflections on the envolving concept of private policing”. European Journal on Criminal Policy and Research, 7, p- 197-223.
JOHNSTON, L. Y SHEARING, C. (2003). Governing security. Explorations in Policing and Justice London. Routledge.

GIMENEZ-SALINAS, A. (2004). “En busca de un modelo público-privado de gestión de la seguridad”, Revista Catalana de Seguridad Pública, 15. pp 13-28.

ULLOA, I. (2012). “El desafío de garantizar la seguridad: el modelo de seguridad pública”, Revista Ciudadanía y Seguridad, Ministerio del Interior nº monográfico 7-8, enero-diciembre de 2012. pp 13-24.

RECASENS, A. (2007). La seguridad y sus políticas. Barcelona: Ed. Atelier.

SHEARING, C. Y WOOD, J. (2007). "De la práctica del gobierno estatal a la práctica del gobierno nodal" en, Pensar la Seguridad. Gedisa.

Toval, L. (2008). "Sistema de seguridad español y modelos policiales comparados" en, Collado Medina (eds.) Fundamentos de la investigación criminal. Instituto Universitario Gutiérrez Mellado.

LEY 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada (BOE núm. 186 de 4 de agosto de 1992).

LEY 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada (BOE núm. 83 de 5 de abril de 2014

Suplemento Temático: Los nuevos retos del Director de Seguridad

 


Fuente: IUISI
Fecha: Nº 20 - 2014

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