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Seguridad Pública y Protección Civil.

 

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Valeriano Hernández Abogados


Nació en 1991, y es un despacho generalista cuyos abogados, altamente cualificados, son capaces de abordar casos complejos con implicaciones en distintas ramas del Derecho.
El Despacho está habituado a actuar ante los Tribunales de todos los órdenes y grados, incluidos, frecuentemente, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, los Tribunales de la Unión Europea o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Los abogados del Despacho también actúan ante Cortes y Tribunales arbitrales españoles e internacionales, y son ellos mismos Árbitros con habitualidad.

valeriano@valeriano.com

Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal


Esta modificación, que entrará en vigor el 1 de julio de 2015, supone una completa actualización y revisión del Código Penal, adaptándolo a las nuevas demandas sociales y con el fin de ofrecer una respuesta más adecuada a las nuevas formas de delincuencia. Con ella se modifican 252 de sus artículos y se suprimen 32. Además, se reforman otros 18 artículos de la LECRIM, uno de la Ley de Indulto, uno de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado y se añade una disposición a laLey 23/2014, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la UE.

 

 

 

i.        Modificación del Régimen de Penas y su aplicación

 

Se instaura la prisión permanente revisable para los delitos más graves (como asesinatos especialmente graves, homicidio a miembros de la familia real, etc). Aunque es posible suspender el cumplimiento de esta pena en determinados casos, como mínimo tienen que cumplir 25 años de prisión.

 

Respecto a los antecedentes, se equiparan las condenas firmes impuestas en otros Estados miembros de la Unión Europea a las españolas, a los efectos de reincidencia o para la suspensión de la ejecución de la pena o su posible revocación.

 

En cuanto al plazo de prescripción de la pena, su cómputo se suspende durante el periodo de suspensión de su ejecución y durante el cumplimiento de otras penas de la misma naturaleza que forzosamente tienen que ser cumplidas en primer lugar.


El decomiso, como consecuencia accesoria del delito, se reforma con el objetivo de facilitar la recuperación de bienes procedentes del delito y en la gestión económica de los mismos. Se establece un procedimiento en la LECRIM para que el tercero que tenga bienes procedentes de un delito pueda defender sus derechos en caso de decomiso.

 

 

ii.        Supresión de las faltas

 

Se suprimen las faltas que se regulaban en el Libro III del CP, si bien algunas de ellas se incorporan al Libro II como ‘delitos leves’, que prescriben al año y en general se castigan con penas de multa, a excepción de los delitos de violencia de género donde se prevén trabajos en beneficio de la comunidad y medidas de localización permanente. Estos delitos leves sólo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada, salvo los casos de violencia de género.

 

 

iii.        Responsabilidad penal de las personas jurídicas

 

Las novedades en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas son básicamente tres: (i) se extiende el ámbito de las personas por las que responde penalmente la empresa; antes respondía por lo que hacían sus administradores o representantes, y ahora por lo que haga cualquiera con capacidad decisoria; (ii) se deja claro que la responsabilidad penal de las personas jurídicas no es de carácter objetivo, sino que tiene que fundarse en un incumplimiento grave de los ‘deberes de supervisión, vigilancia y control’, quedando exenta de tal responsabilidad la empresa que implemente un modelo de prevención (‘compliance program’), definido en los apartados 2 y 5 del art. 31.bis CP, cuya supervisión debe encargarse a un órgano de control autónomo (‘compliance officer’), que en el caso de ‘personas jurídicas de pequeñas dimensiones’ (aquellas que pueden presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada) tal función puede ser asumida por el órgano de administración; y (iii) con el fin de preservar los servicios públicos, se limitan las penas que se pueden imponer a las sociedades mercantiles públicas que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general.


 

iv.        Delitos

 

- Asesinato: Se incrementa la pena de prisión, que será de quince a veinticinco años (antes era de quince a veinte años), con la posibilidad de imponer la prisión permanente revisable para los asesinatos especialmente graves. Se tipifica como asesinato el homicidio que se cometa para facilitar la comisión de otro delito o encubrirlo.

 

- Violencia de género: Las novedades esenciales son las siguientes: (i) se añade como agravante del delito cometerlo por ‘razones de género’ (art. 22.4ª); (ii) se podrá imponer la medida de libertad vigilada en los delitos contra la vida (asesinato, homicidio) y en los delitos de malos tratos y lesiones, cuando se trate de víctimas de violencia de género y doméstica; (iii) no se requiere la denuncia previa del perjudicado en los delitos leves y el delito de acoso (este último se introduce en la reforma, como luego comentaremos); (iv) el juez podrá imponer penas de multa pero sólo cuando conste acreditado que entre el condenado y la víctima de violencia de género no existen relaciones económicas derivadas de una relación conyugal, de convivencia o filiación, o de la existencia de una descendencia en común; se trata de que la víctima no pueda verse perjudicada por el castigo del condenado (art. 84.2); (v) se tipifica como delito, con penas de hasta tres años de prisión, al que con intimidación grave o violencia compeliera a otra persona a contraer matrimonio; y (vi) se tipifica como acoso determinadas conductas descritas en el art. 172.ter, cuando se realizan de forma reiterada (por ejemplo, perseguir a la víctima, enviarle comunicaciones, usar indebidamente sus datos personales, etc.)

 

- Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales: Las novedades son (i) la elevación de la edad mínima de consentimiento sexual de los 13 a los 16 años, si bien el consentimiento de un menor podrá exonerar de responsabilidad penal cuando el autor del delito sea una persona de edad y grado de desarrollo o madurez similar al del menor; (ii) se aumenta la pena de los abusos sexuales a menores; (iii) se tipifican como delitos el hacer presenciar a un menor de 16 años actos o abusos sexuales sobre otras personas, aunque el autor no participe en ellos; contactar con un menor por medios electrónicos para que le facilite material pornográfico suyo o de otro menor; asistir a espectáculos exhibicionistas o pornográficos donde participen menores o discapacitados necesitados de especial protección, así como adquirir o poseer para el propio uso pornografía infantil o el mero acceso a ella; y (iv) se prevé la anotación de los perfiles de los condenados en la base de datos de ADN policial, en los supuestos de delitos graves contra la vida, la integridad física, la libertad o indemnidad sexual, cuando además se confirme la existencia de un riesgo relevante de reiteración delictiva.

 

- Delitos contra la intimidad: se tipifican nuevos delitos en este ámbito, siendo el más relevante la divulgación no autorizada de imágenes o vídeos íntimos obtenidos con el consentimiento de la víctima, cuando afecte gravemente a su intimidad.

 

- Robo: se amplia la definición de robo para incluir no solo el empleo fuerza en las cosas para acceder al lugar donde éstas se encuentran, sino también para abandonar el lugar, y lo mismo sucede con el empleo de violencia o intimidación contra las personas, ya sea para cometer el delito como para proteger la huida. Además, se añaden nuevas agravantes de hurto cuando se trate de (i) conducciones, cableado o equipos de suministro eléctrico, hidrocarburos, telecomunicaciones o de otras cosas destinadas a la prestación de servicios de interés general y se cause un quebranto grave a los mismos; (ii) productos agrarios o ganaderos o instrumentos necesarios para su obtención que se encuentren en las explotaciones agropecuarias y (iii) cuando se cometa el hurto con ocasión de un accidente o una situación de riesgo general.

 

- Estafa: se incorpora la multirreincidencia como agravante (condena por al menos tres delitos previos de la misma clase no cancelados)

 

- Administración desleal (nuevo art. 252 CP): anteriormente tipificado como delito societario(antiguo art. 295 CP), pasa ahora a clasificarse como una modalidad de defraudación, dentro de los delitos contra el patrimonio. El nuevo delito se describe en términos más genéricos para incluir, como sujeto activo, a todos aquellos que tienen facultades para administrar un patrimonio (y no solo administradores de hecho o de derecho, como antes requería la norma), y el delito se comete cuando excediéndose de sus facultades, causan un perjuicio al patrimonio administrado.

 

- Apropiación indebida: pasa a regularse en los arts. 253 y 254 CP, y el delito exige la apropiación para si o para un tercero por parte de quien recibe una cosa mueble en un concepto distinto al de administración, pues si se recibe en tal concepto de administración se aplica el tipo de administración desleal del nuevo art. 252 CP.

 

- Frustración de la ejecución e insolvencias punibles: se distinguen las conductas tendentes a obstaculizar o frustrar una ejecución (arts. 257 y 258) y las tendentes a situarse en bancarrota o insolvencia para no pagar a los acreedores (250 a 261 bis). Dentro de los delitos de frustración de la ejecución, a su vez se distingue entre el alzamiento de bienes, la obstaculización de un procedimiento administrativo o judicial de ejecución y, como nuevas categorías, la presentación por parte de un ejecutado de una relación incompleta o mendaz de sus bienes, y el uso no autorizado de bienes embargados.

 

Asimismo, se contempla un subtipo agravado, en caso de que el delito se cometa contra la Hacienda Pública o la Seguridad Social. Dentro de los delitos de insolvencias punibles, se incluye a quienes estén en una situación de insolvencia actual o inminente, y realicen alguna de las múltiple conductas descritas en el nuevo art. 259.1 CP. Este delito solo puede perseguirse cuando el deudor haya sido declarado en concurso o haya dejado de cumplir regularmente sus obligaciones.

 

- Propiedad intelectual: se aumentan las penas del tipo básico y se introduce una nueva figura para tratar de frenar aquellas webs que facilitan a los usuarios de internet enlaces ilegales donde poder visualizar todo tipo de contenidos protegidos (caso Seriesyonkis.com). Tanto en los delitos contra la propiedad intelectual como industrial, se reducen las penas en los supuestos de distribución ambulante u ocasional, y se excluye la imposición de penas de prisión en los casos de escasa gravedad.

 

- Delitos de financiación ilegal de los partidos políticos: se castiga al que entrega y al que recibe donaciones o aportaciones ilegales destinadas a un partido político, federación, coalición o agrupación de electores, así como a las personas jurídicas responsables de tales hechos. Se castiga también a quienes participen en estructuras u organizaciones cuyo principal objeto sea el de financiar ilegalmente a las citadas entidades.

 

- Delitos contra la ordenación del territorio y urbanismo: se permite con la nueva reforma paralizar los derribos de viviendas ilegales en las zonas costeras hasta que los propietarios tengan asegurado el cobro de indemnizaciones.

 

Por último, se endurecen las penas a quienes provoquen incendios de especial gravedad, y se recogen nuevas agravantes en los casos especialmente lesivos para el medio ambiente.

 

También se tipifica el furtivismo en el marisqueo y se refuerza la protección de los animales domésticos mediante una definición de los que son objeto del delito, sustituyéndose la tradicional falta de abandono en un delito leve de maltrato de animales y tipificándose la explotación sexual de animales.

 

- Otras modificaciones delictivas: se introducen cambios en otros muchos delitos, como el de corrupción en los negocios, inmigración, intrusismo, aprovechamiento por un particular de secretos o información privilegiada obtenido de un funcionario público o autoridad, prevaricación (se incrementa la pena) y cohecho (se incrementa la pena de inhabilitación), incitación al odio y a la violencia, atentado a la autoridad y alteración del orden público.

Suplemento Temático: Los nuevos retos del Director de Seguridad

 


Fuente: Blog de Valeriano Hernández Abogados
Fecha: 2015

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