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Seguridad Corporativa y Protección del Patrimonio.
 

 Expertos

José Manuel García Diego

Técnico Superior PRL
Licenciado en Ciencias del Trabajo
Director de Seguridad

Claro, como el agua clara


Se nos escapa la intención última de la Unidad Central de Seguridad privada cuando, en su Boletín Informativo SEGURPRI (Enero 2016), llama “ladradores” a quienes hablamos del Reglamento de seguridad privada. Suponemos que tendrá una explicación metafórica oculta, aunque prima facie resulta ciertamente insultante.

Pero no es de la portada del SEGURPRI de lo que queremos hablar sino de uno de sus contenidos que lleva por título “Integración en plantilla del Director de Seguridad”.

A pesar de que el cuerpo policial que firma este artículo se encarga de advertir del carácter no vinculante de sus pronunciamientos, es preciso decir que, efectivamente, sus opiniones no tendrán eficacia jurídica, pero quien lo firma, y todos los demás, sabemos que esa opinión policial tiene la consideración de lex artis del sector ante profesionales, empresarios o jueces porque, en definitiva, es la interpretación de las normas de seguridad que hace el Cuerpo policial encargado por las leyes de supervisar (y sancionar) a todo el sector de la Seguridad privada, además de porque se publica en la Web de la Dirección General de la Policía, lo que inevitablemente le atribuye presunción de oficialidad.

Es conocido que hace algunos años, como ya tuvimos ocasión de exponer en un trabajo (1) que sirvió de base a una ponencia de un Congreso nacional de Directores de Seguridad en 2013, la Policía, mudando su tradicional posición (de 15 años) sobre el carácter empresarial, evidentemente interno, de la figura del Director de Seguridad, comenzó a defender posturas de externalización de esta figura con argumentos jurídicos tan endebles que permitían llegar al absurdo de que cualquier empresa, sin necesidad de pertenecer al sector de la seguridad privada, podía ofertar un Director de seguridad a otra (recuerdo que sostuve en la época, bromeando, que una churrería podría proporcionar un Director de Seguridad a una Central nuclear respetando a rajatabla la postura policial).

Esta posición, defendida incluso por la propia Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, estaba destinada a facilitar la facturación de estos servicios por parte de empresas de seguridad privada; no respondía a una interpretación ex lege del precepto reglamentario; precarizaba las condiciones laborales de los Directores de Seguridad; incentivaba al incumplimiento de otras leyes (cesión ilegal de trabajadores, ex art.43 Estatuto de los Trabajadores); sin darse cuenta—o dándosela, no lo sé—  que con todo ello, además, se rebajaba considerablemente la calidad del servicio, que como cualquiera puede suponer siempre estará mejor atendido con una gestión interna, transversal y con conocimiento de la organización, que convertida en una “gestoría quitamultas” en manos de un contratista.

Esta laxitud interpretativa del cuerpo policial facilitó que algún banco surgido de la crisis bancaria —con más de 1.500 locales y más de 5.000 trabajadores— contratara a un Director de Seguridad freelance sin importarle a la Policía ni la falta de eficacia de tal contratación ni que pertenecieran a la plantilla…..pero de la Seguridad Social por estar jubilado.

El redactor de la resolución policial se amparaba, con muchas dificultades técnico-jurídicas ya entonces, en la inexistencia “explícita ni implícita” de normativa que obligara al Director de seguridad a integrarse en la plantilla del empresario usuario de seguridad.

La Ley de Seguridad privada 5/2014 vino a poner orden a este despropósito protagonizado por quien resulta especialmente obligado a actuar en sintonía con los objetivos de la ley—de forma muy especial el principio de eficacia que en ella se consagra—, con anclaje asimismo, en la exigencia constitucional (art. 103 CE)

En el artículo 36.2 de esta nueva Ley de Seguridad privada se establece de forma categórica, imperativa, que “los usuarios de seguridad privada situarán al frente de la seguridad integral de la entidad, empresa o grupo empresarial a un director de seguridad” y ello sin perjuicio de cuál sea el motivo de su existencia: “cuando lo exija la normativa de desarrollo”; “cuando se acuerde por decisión gubernativa” o “cuando lo prevea una disposición especial”.

Aclarada la imperativa existencia legal toca ahora establecer el régimen jurídico, el tipo de vinculación jurídica que la ley proclama entre empresario, usuario de seguridad privada, y Director de seguridad.

Lea aquí el documento completo

Suplemento Temático: Los nuevos retos del Director de Seguridad

 


Fuente: SecurGest - Gestión de la seguridad patrimonial
Fecha: 2016-02-04

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