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Seguridad Corporativa y Protección del Patrimonio.
 

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Unidad Central de Seguridad Privada


Ministerio del Interior

Comunicación de contratos. Competencias de la AGE y de las CC.AA


El jefe de seguridad de una empresa de seguridad formula consulta relacionada con la comunicación de contratos de seguridad privada y sus modificaciones en el ámbito de las competencias atribuidas por la vigente legislación en materia de seguridad privada a la Administración General del Estado y a la Comunidad Autónoma de Cataluña, en función del lugar o lugares de su celebración (formalización ) y prestación.

Concretamente solicita que se dé contestación a las cinco siguientes cuestiones planteadas:

1. Si la comunicación de los contratos de servicio y sus modificaciones, celebrados en Cataluña y en los que solo se preste servicio en dicho territorio o simultánea-mente en esta Comunidad Autónoma y en otros lugares distintos de la misma, de-ben realizarse ante Policía Autónoma.

2. Si la comunicación de los contratos de servicio y sus modificaciones celebrados en otros territorios distintos de Cataluña pero que solo se presten en dicha Comunidad Autónoma o simultáneamente en ésta y otros lugares distintos de la misma, debe realizarse ante la Policía Autónoma.

3. Si la comunicación de los contratos de servicio y sus modificaciones, celebrados en Cataluña y que se presten en otros lugares distintos de dicha Comunidad Autónoma, debe realizarse ante la Policía Autónoma.

4. Si para cada uno de los tres supuestos anteriores la comunicación de los contratos de servicio y modificaciones de los mismos celebrados debe realizarse ante la Co-misaría General de Seguridad Ciudadana de la Dirección General de la Policía.

5. Si para cada uno de los tres primeros supuestos de celebración del contrato y lugares de prestación de los servicios antes expuestos, la comunicación de los contratos y modificaciones de los mismos celebrados debe efectuarla de forma simultánea ante ambas Administraciones, es decir, a través de la Policía Autónoma Catalana por un lado y de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de la Dirección General de la Policía.

CONSIDERACIONES

En primer lugar, es de señalar que en relación con el artículo 9.2 de la Ley 5/2014, de 4 de abril (donde se establece la obligación legal de formalizar y comunicar los contratos de servicios en materia de seguridad privada ante el Ministerio del Interior o, en su caso, al órgano autonómico competente con antelación a la iniciación de los mismos), al que se hace mención en el escrito dirigido a esta Unidad, conviene traer a colación lo dispuesto en el artículo 20 del Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprobó el Reglamento de Seguridad Privada, el cual establece que la comunicación de los contratos y sus servicios, así como las modificaciones de los mismos, podrá hacerse por cualquier medio que permita dejar constancia de ellos.

Por su parte, y en relación con dicho artículo 9.2 de la nueva LSP y el referido artículo 20 del vigente Reglamento de Seguridad Privada, el artículo 17.1 de la Orden INT/314/, de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad privada, dispone que "Las empresas de seguridad deberán comunicar los contratos por vía electrónica a través de la sede electrónica de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito del Cuerpo Nacional de Policía, una vez que este procedimiento sea incluido en el anexo de la Orden INT/3516/2009, de 29 de diciembre, o, en su caso, en la correspondiente de las Comunidades Autónomas…"(no obstante, en la actualidad solo se puede utilizar para comunicar los contratos la aplicación informática SEGURPRI en el ámbito nacional).

De todo ello, se desprende que, en la actualidad, es viable desde un punto de vista legal la comunicación de los contratos en materia de seguridad privada tanto a la Administración General del Estado como a las Administraciones Públicas Autonómicas, dependiendo de los casos (incluso con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva LSP, como ha quedado reflejado, ya se contemplaba la posibilidad de comunicación al órgano correspondiente dentro del ámbito auto-nómico con competencias en la materia)

Igualmente, debe tenerse en cuenta los artículos 11 y 13 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada (donde se clarifica el reparto de competencias estatales y autonómicas). De una lectura de tales preceptos, se infiere que los órganos de control e inspección de la Comunidad Autónoma de Cataluña sí pueden exigir que se realicen las comunicaciones y datos de referencia a las empresas de seguridad privada cuyo ámbito territorial de actuación sea de carácter nacional pero que presten servicios en dicha Comunidad Autónoma (téngase en cuenta que, a tenor del inciso segundo del apartado 2 del artículo 11 de la nueva LSP, han de inscribirse en el Registro Autonómico de la Comunidad Autónoma de Cataluña las comunicaciones de los contratos y sus modificaciones y cuantos datos sean necesarios para las actuaciones de control y gestión de la seguridad privada, siempre que tales comunicaciones y datos se refieran a servicios de seguridad privada que se presten en el ámbito territorial de dicha Comunidad Autónoma)

Obsérvese que la nueva LSP no añade que tengan su domicilio legal en el territorio de cada Comunidad Autónoma (a diferencia de lo que ocurre en el artículo 13.1. a), o en el inciso primero del apartado 2 del artículo 11, ambos de la nueva LSP, respecto a la inscripción de oficio de autorizaciones y declaraciones responsables en los registros autonómicos), sino que solo se refiere a que los servicios de seguridad se presten en el ámbito territorial propio de una Comunidad Autónoma con competencia en materia de seguridad privada (en el artículo 11.1, inciso segundo de la nueva LSP, relativo a la inscripción en el Registro Nacional de Seguridad Privada de las comunicaciones de contratos y sus modificaciones, el texto es el mismo con la diferencia de que se refiere a un ámbito territorial distinto al de una Comunidad Autónoma con competencia en materia de seguridad privada). De la misma manera, relacionado con lo anterior, los párrafos b), c) y e) del artículo 13.1 de la nueva LSP se refieren a los servicios de seguridad privada que se realicen en la Comunidad Autónoma de que se trate, así como de quienes los presten o utilicen sin añadir que tengan su domicilio en la Comunidad Autónoma (autorización o control previo cuando así se requiera, inspección, sanción, coordinación…)

De la misma manera, de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 11. 2 de la nueva LSP (al igual que en el caso del inciso segundo del artículo 11.1 en relación con las competencias de la Administración General del Estado respecto de la inscripción de las comunicaciones de los contratos, a cuyo tenor éstas y sus modificaciones han de inscribirse en el RNSP cuando tales comunicaciones se refieran a servicios de seguridad privada que se presten en un ámbito territorial distinto al de una comunidad autónoma con competencia en materia de seguridad privada), se aprecia que éstas han de realizarse en función del lugar de prestación del correspondiente servicio de seguridad y no del lugar donde se celebren aquéllos en ningún caso (de formalización por escrito). Ni siquiera la citada Orden INT/314/, de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad privada (artículo 16.1, en relación con los datos a incluir, con carácter general, en el modelo de los contratos de servicios de seguridad) dispone que haya de incluirse el lugar de celebración en el contenido de los contratos y sí el lugar de prestación del servicio correspondiente.

CONCLUSIONES

Por todo cuanto antecede, esta Unidad Central entiende que aquellos servicios objeto de contratación (y sus modificaciones) que, de manera exclusiva, se presten en la Comunidad Autónoma de Cataluña deberán de comunicarse a la Policía Autónoma de Cataluña (Mozos de Escuadra), mientras que a la Policía Nacional (Cuerpo de Policía Nacional) habrán de comunicarse aquellos otros servicios objeto de contratación que se presten en el resto del territorio nacional. Cuando la prestación de los servicios objeto de contratación se lleve a cabo en los dos ámbitos territoriales (nacional y autonómico catalán), entonces habrán de comunicarse tanto a uno como a otro cuerpo policial los contratos correspondientes: la parte que se preste en territorio de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se comunicará a la policía autonómica, y la parte que se preste fuera de dicho ámbito territorial autonómico, a la Policía Nacional.

En todos los casos referidos anteriormente, habrá que entender que tales comunicaciones han de efectuarse a los órganos competentes respectivos atendiendo a los lugares de la efectiva prestación de los servicios únicamente, es decir, con independencia del lugar en el que se hayan celebrado (formalizado) los contratos correspondientes, resultando que éste podrá coincidir, o no, con aquéllos, ya que dicho extremo (lugar de celebración) no implica el lugar de comunicación.

Suplemento Temático: Los nuevos retos del Director de Seguridad

 


Fuente: Segurpri Nº 49
Fecha: 2016

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