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Seguridad Corporativa y Protección del Patrimonio.
 

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Unidad Central de Seguridad Privada


Ministerio del Interior

Obligatoriedad de Empleados en Estaciones de Servicio


Consulta formulada por una Unidad Territorial de Seguridad Privada, sobre la obligatoriedad de disponer de personal empleado, en las estaciones de servicio y unidades de suministro de combustibles y carburantes.


CONSIDERACIONES

El capítulo IV de la Ley 5/2014, de seguridad privada, sobre medidas de seguridad privada, establece en su artículo 51, la obligación de los establecimientos e instalaciones industriales, comerciales y de servicio y los eventos, a adoptar medidas de seguridad con la finalidad de prevenir la comisión de actos delictivos contra ellos o por generar riesgos directos para terceros o ser especialmente vulnerables, determinándose reglamentariamente el tipo y características de las mismas. El Real Decreto 2364/1994 de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad privada, en vigor, en su Capítulo II sobre Medidas de Seguridad Específicas, y en sus distintas secciones se enumeran las medidas de seguridad física, electrónicas, procedimentales y sistemas de alarma que específicamente, cada establecimiento, instalación industrial, comercial y de servicio y eventos deben implementar.

De forma complementaria, las sucesivas Órdenes Ministeriales que desde su entrada en vigor, se publicaron, especialmente la INT/316/2011 e INT/317/2011 actualmente vigentes, desarrollan, concretan y especifican técnicamente las medidas y sistemas de seguridad, para cada uno de los establecimientos, quedando de ese modo obligados a disponer de ellas para el inicio de las actividades regladas o fijando plazos para su adecuación y disposición. De todo lo anterior, se determina que la normativa impone la obligación de instalar medidas de seguridad físicas, electrónicas o sistemas de alarma concretos en determinados establecimientos, mientras que otros, quedan exentos de dicha prevención, señalando la instalación de sólo alguna de ellas, todo ello sin perjuicio de la posibilidad de que dicha implementación pueda realizarse de manera voluntaria en los casos no impuestos por la normativa, dado que en ella se recoge tan sólo un catálogo de mínimos. En este contexto, es en el artículo 130 del reglamento en el que se señalan las medidas de seguridad exigibles a las estaciones de servicio y unidades de suministro de combustibles y carburantes, tratándose todas ellas, exclusivamente, de medidas físicas y procedimentales, excluyendo la exigencia de medidas de carácter electrónico.

 

Si bien, en el punto 5, del referido articulo señala de forma específica, que a tales establecimientos en virtud del volumen económico, su ubicación o sus condiciones de vulnerabilidad, se les podrá imponer la obligación de adopción de alguno de los sistemas de seguridad e incluso los servicios que de forma genérica, quedan previstos en el artículo 112 del Reglamento para todos los establecimientos, obligados o no. Medida que acordarán los Delegados y Subdelegados del Gobierno o las Autoridades Autonómicas, en aquellas comunidades que tengan delegadas las competencias en materia de seguridad privada.

También el texto normativo, señala la aplicación, a las estaciones de servicio y unidades de suministro de combustibles y carburantes, lo dispuesto reglamentariamente sobre dispensas en el artículo 129 del Reglamento.

Respecto al personal empleado en las estaciones de servicios, la normativa no contempla la obligatoriedad de disponer de dichos empleados como una parte de las medidas de seguridad obligatorias, lo que debe interpretarse a sensu contrario, como un claro supuesto de no exigibilidad de los mismos. También es cierto que la normativa de seguridad privada se refiere, en ocasiones, a los denominados empleados de las estaciones de servicio, así como a los encargados del negocio, e igualmente emplea diferentes términos como pudiera ser la palabra fondos, sin que deba inferirse por ello su necesaria existencia, pudiendo darse el caso de estaciones de servicio que no dispongan ni de empleados, ni de encargados, ni de fondos, a la vista del uso generalizado de los actuales sistemas electrónicos de pago, y no pudiendo obligarse a que dispongan de dichos fondos en el establecimiento, entendiéndose que en caso de existir unos y otros, sí que deben cumplir con los aspectos procedimentales prevenidos en su actuación, que es en definitiva lo que viene a regular la normativa.

En cualquier caso, tampoco indica la norma el lugar material donde deban ejercer su labor profesional los empleados de una estación de servicio, pudiendo llegar a implementarse un sistema de funcionamiento automatizado y controlado a distancia, incluso absolutamente autónomo, que no requeriría la presencia continua en el establecimiento de ningún empleado, sin que exista en la normativa ninguna base legal que expresamente obligue a ello, no pudiendo por tanto imponerse, ya que supondría una evidente extralimitación material, pues lo relativo a la existencia o no de “empleados” excede el ámbito regulatorio de la normativa de seguridad privada, además de representar una vulneración del principio de tipicidad, al no resultar expresamente descrito y previsto en la norma. En este mismo sentido, debe tenerse en cuenta que no resulta procedente, cuando de ello deriva la imposición de un nuevo gravamen, la aplicación de un método inductivo-deductivo en la interpretación de la ley, pretendiendo imponerse obligaciones no existentes, mediante el artificio jurídico de considerar como tales lo que no son más que meros elementos accidentales o contingentes de la norma, obviando con ello el verdadero sentido que ofrece el contenido de la misma, y que versa básicamente sobre las medidas de seguridad obligatorias, las cuales quedan claramente enumeradas. En definitiva, no debe olvidarse de ningún modo, la existencia de diferentes principios generales del derecho, los cuales deben servir de inspiración en la aplicación de la norma en todo momento, pudiendo citarse en este caso la máxima “Permittiur quod non prohibetur”, lo que resume de algún modo, la facultad otorgada por la ley, consistente en la actuación con libertad y seguridad jurídica, determinando claramente los propios límites que se impone en su aplicación a supuestos reales.

CONCLUSIONES

De todo lo anterior, cabe concluir los siguientes extremos relacionados con la consulta efectuada:

 1. Las estaciones de servicio y unidades de suministro de combustibles y carburantes, son establecimientos obligados a disponer de medidas de seguridad físicas y procedimentales, entre las cuales no se contempla la exigencia de disponer de personal empleado en las mismas, independientemente de su horario de apertura.

2. De acuerdo con la normativa de seguridad privada, es obligatoria la existencia de una caja fuerte en las estaciones de servicio, con los requisitos que en ella se establecen, si bien, su instalación o disposición, puede ser dispensada por los Delegados, Subdelegados del Gobierno, o autoridades autonómicas competentes.

3. La autorización gubernativa para el inicio de la actividad, en las estaciones de servicio, es obligatoria en virtud del literal del artículo 136 del Reglamento de Seguridad Privada, contemplándose la apertura o inicio de actividad sin la necesaria autorización como una infracción grave al régimen de medidas de seguridad vigente.

Suplemento Temático: Seguridad en el Suministro de Energía

 


Fuente: Unidad Central de Seguridad Privada-Segurpri- Boletín nª 49
Fecha: Mayo 2016

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