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Seguridad Corporativa y Protección del Patrimonio.
Seguridad Pública y Protección Civil.

 

 Expertos

Manuel Muñoz Astudillo


Abogado, Profesor Part-time de la Universidad Técnica Federico Santa María - Sede Talcahuano, Chile

Prevención de la corrupción


Indudablemente que los servidores públicos deben llevar una vida ajena a toda vicisitud, libre de necesidades. Ello no quiere decir con lujos, pero, si lo suficiente para un nivel holgado en la correcta administración de de sus remuneraciones.

I.- ANTECEDENTES.

Chile fue un país que, en el ámbito internacional, según el último Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, que en 2014 incluyó a 175 países, Chile se ubicó en el puesto 21, o sea entre los 25 menos corruptos del mundo, con 73 puntos en un arco que va de 0 (la máxima corrupción) a 100 (la máxima probidad). Hoy ha bajado a lo menos cinco puntos.

En los últimos tiempos, la opinión pública chilena se ha visto conmocionada por escándalos que involucran a políticos de todos los sectores, ministros y altos funcionarios, instituciones castrenses e uniformadas en general, con razón o sin ella, han sido presa del periodismo de investigación.

Según la prensa internacional (Sputnik Mundo), uno de los fraudes más bullados y de connotación internacional ha sido el fraude tributario del Grupo Penta, que comenzó a investigarse en 2013, consistió en la utilización indebida de boletas falsas de honorarios y facturas para disminuir la base imponible del Impuesto a la Renta. El caso Penta se extendió a un grupo de empresas y están bajo sospecha varios dirigentes políticos por presuntamente haber recibido de ellas aportes ilegales para sus campañas políticas.

El período de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) fue notorio en casos de corrupción, pero al no existir independencia de poderes no hubo posibilidad de investigación. El más famoso de aquel período fue el conocido como "pinocheques". En 1989 el dictador emitió tres cheques a favor de su hijo, Augusto Pinochet Hiriart, para la compra por parte del Estado de una empresa que estaba en quiebra por una suma de casi tres millones de dólares.

Ya en democracia, Pinochet fue procesado por evasión fiscal, falsificación de documentos, engaño en declaración de bienes y falsificación de ingresos, a raíz de las millonarias cuentas secretas que mantenía en el exterior, especialmente en el banco Riggs.

En 1996 se denunció un fraude al fisco supuestamente cometido en la compra de aulas tecnológicas durante el gobierno del demócrata cristiano Patricio Aylwin (1990-1994), cuando era ministro de Educación el socialista Ricardo Lagos.Según denuncias de dos diputados, el Ministerio de Educación habría pagado más de 4 millones de dólares de sobreprecio para adquirir aulas tecnológicas en un convenio con España.

Además, se detectaron irregularidades en los contratos para el equipamiento educativo, firmados con la empresa estatal española Fomento de Comercio Exterior por un valor aproximado de 13 millones de dólares.

En 2005 se detectaron irregularidades en 70 de los 77 proyectos auditados en forma aleatoria del órgano estatal Chiledeportes. La auditoría desembocó en una acusación de fraude al fisco, malversación de fondos públicos y uso malicioso de instrumento privado, falsificación de instrumento público y apropiación indebida de dinero, indica la ficha número 102 del registro citado de la Universidad de Chile.

Por este caso fueron procesados varios altos funcionarios de Chiledeportes y de la oficina impositiva. Los montos de las transacciones irregulares fueron de 417 millones de pesos chilenos (más de 745.000 dólares, según el cambio de 2005).

CIPER: En enero de 2016, la Fiscalía formalizó a Raúl Fuentes por fraude reiterado al Fisco en el “Milicogate”. En otra causa, Fuentes está acusado de vender 488 facturas falsas a un empresario, con un perjuicio fiscal de $1.800 millones. Eso no ha cortado el millonario flujo de dineros que hasta hoy recibe Fuentes del Departamento de Transportes de Carabineros por la reparación de vehículos. En medio del fraude que remece a Carabineros, CIPER puso la lupa en los negocios de Fuentes con la institución: desde 2006 y a través de cuatro sociedades, se ha beneficiado con contratos por más de $3.100 millones.

CIPER: Soquimich fue sancionada en EE.UU. por pagos indebidos a políticos en Chile (US$15 millones). El director del Centro de Gobierno Corporativo de la U. de Stanford, Evan Epstein, explica por qué SQM fue castigada allá y analiza la ausencia de las autoridades chilenas en dichos procesos. Para Epstein, este caso y las sanciones a LATAM reflejan la debilidad de nuestro sistema público, en contraposición al estadounidense, con el cual ninguna empresa quiere enfrentarse. Y muestra la exitosa colaboración de Brasil y los beneficios de sumarse a la cooperación internacional en el combate contra la corrupción.

El 13 de enero de 2017 el Departamento de Justicia y la Comisión de Valores (SEC) de los Estados Unidos anunciaron sanciones en contra de la empresa Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) por infringir la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), una norma estadounidense que sanciona delitos de cohecho e infracciones contables.

Autoridades estadounidenses determinaron que SQM infringió las disposiciones contables de la ley FCPA, en base a los pagos irregulares por US$15 millones entre los años 2008 a 2015 a políticos, partidos políticos y funcionarios públicos chilenos. La empresa fue multada por un total de US$30 millones y llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia para diferir los cargos por tres años (acuerdo conocido como Deferred Prosecution Agreement o DPA) mediante el cual SQM consintió en:

1) pagar la referida multa penal,

2) continuar cooperando con la investigación del Departamento de Justicia,         

3) robustecer su programa de cumplimiento, y

4) acogerse a un monitor corporativo independiente por un plazo de dos años, con un tercer año de auto-monitoreo.

Según CUIPER, la empresa LATAM, cuyo inversionista mayoritario es por todos conocido, también fue sancionada en forma  similar. Señala, LATAM también firmó un DPA para para diferir los cargos con el Departamento de Justicia por tres años, consintiendo en: 1) pagar una multa penal, 2) continuar cooperando con la investigación del Departamento de Justicia, 3) robustecer su programa de cumplimiento, y 4) acogerse a un monitoreo corporativo independiente por un plazo de al menos 27 meses. Más aún, la sanción a LATAM tuvo la nefasta distinción de ser la única sanción corporativa por FCPA en 2016 que no tuvo ninguna rebaja al rango de sanciones aplicables, por considerarse que la empresa no tomó acciones disciplinarias en contra del ejecutivo responsable de dicha conducta.

Según El Mostrador, los empresarios no escapan al contagios de la corrupción, dice: La percepción general sobre Chile como un país corrupto es que estamos mejor posicionados que otros de la región, pese a reconocer que en muchas compañías ocurren estos hechos. El 67% de los encuestados dijo que estamos expuestos a este problema y el 60% estimó que está menos dispuesto a aceptar los sobornos.

Instituciones de elevado prestigio en probidad han caído estruendosamente como lo señala Teve13: Cerca de 40 imputados serán llevados a juicio por fraude en CarabinerosLa fiscalía busca que se condene al “núcleo central” de la operación que ideó la malversación de, por lo menos, $26 mil millones de pesos. Otros 60 podrían llegar al acuerdo de un procedimiento abreviado.

Las fuerzas armadas de  Chile no solo se encuentran cuestionadas por sunparticipación en las investigaciones por torturas y asesinatos durante la dictadura, sino, porque  han sido actores de los más grandes fraudes al mpatrimonio nacional. El Dínamo expone: Negocio redondo de las FF.AA.: los más grandes escándalos de la Ley Reservada del Cobre de los últimos 25 años

El "caso Mirage", la compra de tanques Leopard, el Milicogate y el patrimonio del general Fuente-Alba son solo algunos de los escándalos financieros y de corrupción derivados de una ley que impide a los chilenos saber en qué gastan su dinero las Fuerzas Armadas. Por El Dínamo 4 de mayo de 2016.

En los últimos 20 años, el Estado chileno ha entregado más de 17 mil millones de dólares al Ejército a ojos cerrados. Esto por la Ley Reservada del Cobre, que obliga a Codelco entregar el 10% del dinero de sus ventas a las Fuerzas Armadas para que compren armamento o construyan instalaciones para guardarlos o repararlos. Esto con un piso de 150 millones de dólares independiente de cómo estén las ventas. El problema es que el cómo se gasta este dinero y cuánto se gasta es información reservada por considerarse estratégica para la defensa del país. Es imposible fiscalizarlo. Tampoco se puede destinar lo que sobra a otros fines como construir hospitales, colegios o reparar caminos. El resultado en los últimos 25 años han sido multimillonarios casos de corrupción y de desviación de fondos en cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas.

En fin, no hay colectivo civil o militar que no tenga sus deudas con la ética y moral en su comportamiento.

II.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN.

Ello nos lleva a reflexionar que es necesario una política de prevención de la corrupción. En este oriente se nos ocurre que hay medidas que el Estado debe tomar para defenderse de los gobiernos y sus agentes y de las instituciones que tienen por objeto salvaguardar su patrimonio, pues, el patrimonio del estado es de todos los  chilenos.

A ojo de buen varón uno de los problemas fundamentales que afectan la administración del Estado, aparece directamente relacionado con el llamado principio de la libertad económica, que fue concebido como el pleno derecho a emprender la actividad económica que el individuo estimara conveniente limitada solo a cuestiones de ética, interés común y seguridad nacional. Tal principio a su ves se encuentra muy estrechamente relacionado al concepto económico sobre la mano invisible que regula el mercado, en una suerte de aplicación mecánica de los postulados más añejos de las políticas económicas imperantes en el mundo de las naciones civilizadas, desde que son opciones que alguna vez pudieron haber sido aplicables, que en ninguna parte del mundo dieron el resultado que teóricamente se había pensado. De este modo se ha llegado a la libertad absoluta de mercado en un país que no tiene la cultura suficiente para establecer que las ramas de la economía y sus acciones inherentes a la producción y el comercio, además, de la justa utilidad que buscan, conllevan una responsabilidad social para beneficio del país donde se desarrollan y principalmente de su gente, quienes aprovechan las fuentes de trabajo y los bienes y servicios que llevan al mercado.

Como se dijo, esta economía fundamentalista podría ser útil y beneficiosa en un país que tuviera la cultura empresarial y nacional en sus acciones productivas. Sin embargo, el sistema ideado en plena dictadura y para la dictadura militar, si alguna vez tuvo un propósito de bien común, no pasó mucho tiempo, no alcanzó a madurar no a manifestar los síntomas de la madurez fértil, pues, aun en su nivel parvulario fue y ha sido objeto de las más indecorosas violaciones.

En efecto, la libertad social de mercado ha sido devastada en cada ocasión que es posible hacerlo. Así ocurrió con la industria del cerdo; con la del papel, con la de los pollos, con el transporte cada vez que hay un aumento de flujo. No es nuestro tema la denuncia, sino la prevención. Basta un llamado telefónico para que se borre la mano invisible que controla los precios y estos suben en cada caso por acuerdo entre los gerentes, sin que el estado haya podido intervenir a tiempo, atendido que los niveles de fiscalización producto del concepto de libertad y del dejar hacer, han disminuido enormemente, no solo el número de sus funcionarios, sino, también sus facultades.

Digámoslo de paso, tales fiscalizadores se encuentran siempre sujetos a la dádiva o a la recompensa para que den vuelta la cabeza frente a los fraudes, ello impulsados por la falta de remuneraciones que les otorguen independencia y solvencia para sus necesidades esenciales.

Es evidente que frente a estas circunstancias toda la actividad económica y todas las empresas caen bajo la sospecha de corrupción y fraude, justos y pecadores, se even analizados y motejados de lo mismo, hoy la corrupción en chile es transversal y corre de capitán a paje, especialmente cuando el capitán, es uno de los hombres más rico del país y conocedor directo de las variables económicas, tema útil para las inversiones oportunas y gananciosas.

¿Qué HACER, ENTONCES?

1.- El problema de la corrupción ha demostrado que el exceso de la libertad en ciertos aspectos económicos no se encuentra de acuerdo a nuestra idiosincrasia, principios de probidad y sentido de bien social, en consecuencia, lo primero que el legislador conciente de este problema debe hacer es limitar la libertad económica y poner como principio fundamental que  el empresario en Chile debe mirar conjuntamente con la viabilidad de su emprendimiento un resultado que vaya en beneficio del colectivo nacional.

Con ello se fija un piso esencial que permite otras acciones paliativas accesorias, las que hoy se encuentran limitadas por el exceso de libertad económica, la que como se sabe y se critica cada día, solo ha permitido una extravagante acumulación de riqueza en manos de unos pocos, los que tienen la desfachatez de explicarnos que las inversiones deben buscar su optimización de ganancias en el extranjero. Y que conste, que lo dicen esto son los que juran ser patriotas y nacionalistas.

2.- En segundo lugar, derrumbado el muro legal que limita la acción del Estado en el control de la economía y sin entrar a mayores reformas que impliquen un proceso de discusión económica, donde los que más opinan en favor de la libertad económica, son aquellos paniaguados que se encuentran felices en la recepción de algunas prebendas menores. Porque, el caso es que no se  piden favores, sino derechos y uno de estos derechos es que los conceptos de equidad y justicia económica sean la base de una economía que redunde en el bien de todos y no solo de unos pocos.

Para lograr lo anterior es necesario que el estado fiscalice.

Pero que fiscalice en sentido de aplicar el imperio con que cuenta la ley fiscalizadora. Ello nos lleva a fortalecer los servicios públicos en todos aquellos ámbitos que sean necesarios, verbigracia,  fiscalización de la ley laboral; de las disposiciones de protección del consumidor; de las leyes de medio ambiente; de las normativas que rigen el comercio; especialmente de las normas anti monopolios,  normativas sanitarias: bancarias; impositivas y todas aquellas en que la ciudadanía ha puesto sus ojos críticos, pues, sufre en carne propia los desajustes que las malas prácticas de la economía.

3.- En la línea de cumplimiento de las falencias y desatinos antes enunciados, corresponde también que se eliminen por parte del Estado la facultad para personar acciones que impliquen fraude. En este sentido el fraude a privados tenidos como contraparte se encuentran sancionados en virtud de una acción o demanda interpuesta ante los tribunales de justicia. Sin embargo, hay grandes y enormes fraudes en los que el estado se da el lujo, por medio de los agentes y gobiernos de turno, en perdonar sin causa alguna o con causas sospechosamente no acreditadas elevadas penas o multas que a los infractores correspondía aplicar.

Lo anterior no debe ocurrir jamás. En Chile se ha puesto ante los ojos críticos de la ciudadanía no solo a los políticos, sino a instituciones de tanto poder como el mismo Ministerio Público, a los bancos y al retail, quienes muchas veces han sido investigados por cuantiosas sumas, investigaciones que al final se deshacen en el aire como una pompa de jabón.

4.- La independencia total y absoluta de las entidades fiscalizadoras, representa un requisito de extrema importancia. Pues, sabemos que son vulnerables a espacios de corrupción. Servicios como el de Impuestos Internos o Tesorería para la efectividad de su cometido deben estar expuestos a un sistema general de investigación como todo servicio público, pero en su origen no puede existir una sombra de dudas sobre influencias extrañas distintas a aquellas que correspondan solo a sus capacidades o experticias profesionales. Este es un intersticio por donde escapan grados de corrupción que se convierten en definitivas en una puerta abierta a las influencias ajenas.

El Ministerio Público y el Poder Judicial, son poderes del Estado que no pueden estar sujetos a penetración de influencias en el ejercicio de sus importantes funciones. Entre otros argumentos porque gran parte del prestigio y confianza en los poderes públicos depende de ello. Un servicio judicial débil, permeables a las influencias acarrea un desprestigio en la organización política, sus autoridades y en todo lo que sustenta el sistema superestructural.

Se hace necesario departamentos internos de investigación a fin de mantener la probidad dentro de los causes normales y evitar que sucedan  hechos como permitir a otros órganos de Estado poner los ojos en materias ajenas a sus facultades y conocimientos.

5.- Las fuerza uniformadas del país hoy tienen una deuda enorme derivada no solo de su reciente  historia sobre atropello a los derechos humanos fundamentales, sino, que la ciudadanía consiente y no comprometida, ha descubierto que en la etapa de gobierno llevada adelante por estas fuerzas y, lo que es peor, dentro de este sistema semi democrático, han utilizado su fuerza, sus poderes legales y fácticos para promover los más graves atentados contra el patrimonio nacional, al punto que si nos encontráramos en países  más adelantados y de mayor probidad habría caído en desgracia y seguramente  habrían sido formalizados un número mayor de autoridades uniformadas, debido a los hechos que se han señalado por la prensa nacional y extranjera.

Hoy, urge una reingeniería total y absoluta para romper los cercos de silencio y el amparo mantenido permanentemente repecto a los fraudes que se han organizado, y aquí es mi opinión, por el colectivo completo, que no tiene los anticuerpos suficientes para limpiar las filas de elementos pútridos. Ello implica, entregar los mandos a quienes no solo demuestren un compromiso con el ciudadano chileno, con los derechos fundamentales, sino, que además que comprobadamente mantengan un elevado nivel de probidad.

El fraude llevado a cabo por elementos uniformados, constituyen una especie de fraude al país, y se sabe que, si un uniformado atenta contra su país, niega los juramentos hechos en su vida profesional, en consecuencia comete un hecho significativo de traición a la nación y a su sociedad.

Mi opinión es que la oficialidad ingrese como todos a las universidades, tenga contacto con las personas, conozca a su propio pueblo y se identifique con la ciudadanía. No es posible que aprendan nacionalidad y soberanía estudiando tortura en la Casa de las Américas, donde solo aprenden a ser subordinados del estado norte americano.

6.- Indudablemente que los servidores públicos deben llevar una vida ajena a toda vicisitud, libre de necesidades. Ello no quiere decir con lujos, pero, si lo suficiente para un nivel holgado en la correcta administración de de sus remuneraciones.

7.- Por otra parte, se sabe que hasta el quinto grado de parentesco colateral hay una implicancia que impide que personas ligadas por líneas de parentesco. Ello implica que es crucial mantener las distancias correspondientes dentro del servicio público.

En base a los antecedentes derivados de investigaciones periodísticas de los medios indicados, podemos trazar algunas líneas de cómo prevenir, en parte el flagelo de la corrupción en la administración del Estado.

Suplemento Temático: Los nuevos retos del Director de Seguridad

 


Fuente: Prevención Integral
Fecha: 2018-09-20

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