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Rafael Rueda

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Málaga.
Ingeniero Técnico Industrial por la Escuela Universitaria de Málaga
Oficial Técnico del Real Cuerpo del Bomberos de Málaga

Fallan muchas cosas. Quizás demasiadas


Cualquier profesional del sector de la prevención de incendios que en la madrugada del pasado día 13 tuviera la oportunidad de presenciar en directo, a través de la televisión, el dantesco espectáculo del edificio de oficinas Windsor ubicado en pleno centro financiero de Madrid, ardiendo literalmente como una gigantesca tea, casi con toda seguridad habría llegado a la misma conclusión que nosotros desde la observación de las primeras imágenes: “No es normal, aquí fallan muchas cosas......, quizás demasiadas”.

Las imágenes del pavoroso incendio que ha destruido por completo uno de los edificios más altos de nuestro país, reanuda un viejo debate y proporciona una experiencia más, quizás esta vez más evidente por sus proporciones pero nunca única o aislada en el tiempo, de la cual se desprenden cuestiones y conclusiones importantes:
¿Como se puede justificar que en pleno siglo XXI, en la capital de un país de lo que con orgullo denominamos Primer Mundo, ocurra una catástrofe de esta magnitud?

Si alguien piensa que estamos exagerando que haga cuentas aproximadas con nosotros: 72 millones de euros el valor de la edificación, unos 22 millones los costes previstos de demolición –habrá que verlo-, costes irreparables de las empresas que en él se alojaban materializadas en horas de trabajo perdidas, información y documentos para siempre irrecuperables, traslado forzoso de sus instalaciones; edificios comerciales y de oficinas cercanos cerrados durante días, miles de horas de trabajo de trabajadores pérdidas por problemas para desplazarse a sus lugares de trabajo, labores de extinción desarrolladas, de limpieza, etc.

¿Con que criterio de racionalidad se puede comparar el coste de estas pérdidas con el coste de las obras de reforma que a buen seguro habrían minimizado los daños provocados por este incendio? ¿Esta comparación puede de algún modo llevar a la conclusión de eludirlas o aplazarlas?

Hablamos concretamente de:
- Sectorización interior y por fachada (ojo con los muros cortina), que habrían contenido el siniestro en un volumen máximo determinado del edificio durante un tiempo suficiente que permitiera su extinción al confinarlo e impedir la propagación violenta y rápida que todos pudimos apreciar en vivo.
- Vías de evacuación protegidas utilizables por bomberos para acceder al foco de fuego.
- Elementos estructurales que resistan la acción del fuego durante un tiempo acorde con la magnitud del riesgo, no hay que olvidar que hablamos de un rascacielos.
- Elementos de recubrimiento de suelos paredes y techos (moquetas, telas, plásticos, maderas, etc.) con una adecuada reacción al fuego de manera que no se conviertan en elementos propagadores de los incendios, actuando a veces casi como acelerantes de los mismos.
- Sistemas e instalaciones de protección contra incendios imprescindibles, en correcto estado de funcionamiento, es decir, bien diseñados y bien mantenidos: Ascensores de emergencia, red de rociadores, detección eficaz, abastecimiento de agua, alumbrado de emergencia, etc.
- UN PLAN DE EMERGENCIA IMPLANTADO entre el personal que ocupa el edificio, y más aún, entre el que vela por su seguridad y la de sus ocupantes. No conviene olvidar al respecto, y esto ocurre con demasiada frecuencia, que la seguridad no es sólo contra la intrusión, sino también sobre la posibilidad de incendio o de evacuación urgente.

¿Qué tanto por ciento supone la inversión necesaria para alcanzar los niveles de seguridad mínimos que exigen las normativas contra incendio en nuestro país, con respecto a las pérdidas irremediables mencionadas anteriormente?

¿Es tolerable que estas cuestiones continúen estando sometidas a absurdos regateos entre propietarios, técnicos redactores de proyectos y técnicos de la administración?

¿Cuántos sucesos como estos han de ocurrir para que exista una concienciación social adecuada al respecto?

Y eso que por fortuna no se han producido pérdidas de vidas humanas, aunque a faltado poco: Tres bomberos heridos. Al hilo de esto: ¿Debe potenciarse la prevención de incendios en los cuerpos de bomberos dotándolos de los medios humanos y materiales necesarios para que no aporten únicamente el riesgo de su integridad física en caso de incendio, sino también el conocimientos y la experiencia a la hora de prevenirlo? Y al referimos a esto debemos hacerlo en toda su amplitud, es decir, abarcando desde la participación en la redacción de regulaciones normativas contra incendio, hasta el control de su aplicación y mantenimiento durante toda la vida de los edificios, algo que hoy por hoy no se hace en muchas ciudades españolas.

¿Debe mantenerse la no retroactividad existente de la mayoría de las normas de protección contra incendios en vigor para aquellos edificios o instalaciones que por su peligrosidad, valor estratégico, social o económico supongan un riesgo excesivo? ¿En virtud de qué? ¿Del coste de su adaptación? ¿Pero no quedamos que el porcentaje de este coste es mínimo respecto al de las pérdidas originadas?

¿Deben por el contrario las administraciones públicas actuar con la diligencia necesaria para que estas edificaciones, construidas en tiempos con otras percepciones sobre el valor seguridad, se adapten progresivamente a las mismas? Tal y como se hizo con los hoteles o se deja previsto en el nuevo Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. Acometiendo esta tarea con las negociaciones, plazos, ayudas, mínimos exigibles, inspecciones, etc. que sean necesarios.

Por su parte, las compañías de seguro suelen actuar elevando el coste de las primas, a veces niveles casi insoportables, para los usuarios con elevado riesgo de siniestro, como es el caso de los seguros de automóvil de jóvenes con pocos años de permiso de conducir ¿No tenía esta edificación un riesgo tan elevado como para que el alto coste de las primas persuadiera a sus propietarios a invertir los fondos necesarios para acometer las obras de adaptación que permitieran alcanzar valores de seguridad aceptables?
¿Todo ha sido un accidente, o los accidentes no existen, sólo hay faltas de previsión?

Y por último. ¿Se reproducirá también en este caso el ocultismo habitual que pulula alrededor de este tipo de sucesos e impide conocer sus detalles, circunstancias, causas que lo originaron, consecuencias, etc.? ¿O por el contrario aprenderemos alguna vez de aquellos países en los que, al poco de producirse siniestros de esta singularidad y que pueden verse repetidos en circunstancias similares en otras ciudades, la información técnica al respecto y las conclusiones están disponibles de forma totalmente accesible por canales como: internet, prensa especialzada, etc, evitándose así la patrimonialización de este “bien” común con la finalidad de su posterior uso como medio de obtener determinadas rentabilidades personales, sectoriales, geográficas, etc; o de ocultar errores propios y ajeno?

Creemos que todas estas cuestiones se contestan por sí solas. Al menos a día de hoy, cuando tenemos esas impresionantes imágenes frescas en nuestras conciencias profesionales. No debemos caer en aquello que la sabiduría popular expresa magistralmente a través del viejo refrán: “No hay peor ciego que el que no quiere ver”.


Fuente: Autor
Fecha: 18/02/05

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