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Expertos Profesionales


Javier Larrea


Secretario General de la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos
APTB

Podía pasar


En Madrid, la capital de España, una de las ciudades más modernas del mundo occidental, de uno de los países más industrializados del mundo, que cuenta con una legislación de protección contra incendios (en adelante PCI) relativamente reciente, un Cuerpo de Bomberos numeroso y dotado de moderno equipamiento, con buenas empresas instaladoras y mantenedoras de instalaciones contra incendios, con grandes compañías aseguradoras que se supone que cuidan por sus intereses y con políticos que continuamente pregonan que velan por la seguridad de los ciudadanos, hemos visto en directo cómo ardía un edificio emblemático con la impotencia de no poder hacer nada para apagarlo.
La conclusión inmediata a los hechos es que el incendio del Windsor ha sido un fracaso colectivo.

A estas alturas resulta evidente lo que ya tantos expertos, analistas y colegas han concluido: han fallado muchas cosas; ha fallado casi todo. Falló: la legislación de prevención de incendios que tiene como fin que esto no ocurra, la detección del incendio, la transmisión de la alerta, la rápida transmisión de la alarma al Servicio de Bomberos, el diseño de la compartimentación del edificio que permitió que se propagase, el arquitecto que no previó que se podía producir un incendio como éste y no tuvo en cuenta dotar al rascacielos con instalaciones contra incendios más eficaces como los rociadores automáticos, el mantenimiento de las instalaciones de lucha contra incendios, el plan de emergencia del edificio, la formación de los vigilantes, faltó el agua en las instalaciones del edificio... Y algo más tuvo que pasar para que el Servicio de Bomberos de Madrid no pudiese apagar este incendio. No es el primer edificio que se ha incendiado en Madrid y hasta ahora siempre los han apagado, así que se ha de reflexionar sobre lo ocurrido, detectar los fallos y adoptar las medidas correctoras para el futuro.

Suponemos que las investigaciones en curso serán capaces de determinar algunas de las incógnitas del Incendio del Windsor.

Hay algunos aspectos de este incendio sobre los que nada se ha dicho públicamente y corresponde a nuestra asociación poner el dedo sobre la llaga. Analicemos algunas de las variables que han participado en este incendio. En cuanto a la legislación en materia de prevención de incendios, España es uno de los pocos países que carece de una Autoridad Nacional de Incendios, por lo que la legislación en materia de PCI es competencia de cada uno de los Ministerios: así existe legislación sobre incendios del Ministerio de Interior en los espectáculos públicos, del Ministerio de Fomento en los puertos y aeropuertos, del Ministerio de Sanidad en hospitales, del Ministerio de Comercio y Turismo sobre los hoteles. La seguridad en las cárceles depende del Ministerio de Justicia y en los cuarteles del Ministerio de Defensa, mientras que la seguridad en los camiones y autobuses depende de Transporte.¡Ah! Y los incendios forestales en el campo, en las cosechas y en los bosques dependen del Ministerio de Medio Ambiente. Y, por ejemplo, no existe legislación nacional contra incendios aplicable a las estaciones del transporte o los túneles de Metro o de carretera. ¡A que parece hecho adrede en plan de cachondeo!

Y por si fuera poco, la legislación que regula las instalaciones de protección contra incendios dependen del Ministerio de Industria y por ejemplo la instalación de hidrantes (esos aparatos rojos que se ponen en las aceras para que cuando llegue el vehículo de bomberos tenga agua con el que abastecer sus mangueras y apagar los incendios) depende de cada uno de los 8.000 ayuntamientos españoles, pues es una competencia municipal. La anchura de una calle y los obstáculos urbanos que determinan si un vehículo de bomberos puede llegar o no hasta la fachada de un edificio, se considera en España una cuestión de diseño urbanístico y por tanto es también competencia municipal, mientras que en Europa, por ser una cuestión de seguridad de las personas, es una competencia del Ministerio del Interior. Un ejemplo de este problema es que los vehículos de bomberos no se pueden aproximar a ninguna de las fachadas de la Torre Picasso, de 157 metros de altura (referente del moderno Madrid) ya que está situada en el centro de una plaza a la que no pueden entrar los camiones de bomberos.

La principal legislación española en materia de PCI en la Edificación es la NBE.CPI.96 (que depende de la Dirección General de la Vivienda).En virtud de esta Norma existe un Comité Permanente de las Condiciones de Protección Contra Incendios encargado de velar por la aplicación, la interpretación y la actualización de esta normativa. Pues bien, este Comité no se ha reunido desde el año 1996 a pesar de nuestras reiteradas denuncias. Desde nuestra asociación hemos venido reclamando insistentemente, con poco éxito, que en los reglamentos de protección contra incendios se tengan en cuenta los criterios expresados por los técnicos de los Servicios de Bomberos y que en la legislación se recoja que los Servicios de Bomberos realizarán el control y la aplicación de esta normativa.Es más, en muchas de las Normas y Reglamentos que regulan la PCI en España ni se menciona a los Servicios de Bomberos (deliberadamente).

La realidad es que la normativa estatal de PCI se realiza desde un despacho de un ministerio de la Castellana sin contar con la participación de los auténticos conocedores de los incendios, que son los responsables técnicos de los Servicios de Bomberos, y eso no es admisible.

En toda Europa está establecido que el control de los proyectos urbanísticos y de edificación, las licencias de actividad y organización de espectáculos depende de los departamentos de Prevención de los Servicios de Bomberos, pero España es diferente.

Como conclusión, el colectivo de Jefes, Mandos y Técnicos de Bomberos de España nos vemos en la obligación de exigir:

-Una Autoridad o Agencia nacional que sea competente en materia de Incendios, o al menos la creación de una Dirección General de Bomberos.

-Establecer la retroactividad de la legislación de prevención de incendios en todo lo que afecte a la seguridad de las personas.

-Una Ley Nacional de Incendios que garantice el derecho a la protección contra Incendios a todos los ciudadanos españoles.

-Promulgar una Ley Marco que regule la prestación de los Servicios de Bomberos en España y que recoja la obligatoria función de prevención de incendios dentro de los Servicios de Bomberos.

Sabíamos que esto podía pasar, nos temíamos que pudiese ocurrir y finalmente ha sucedido. ¿Alguien va a hacer algo para que esto no vuelva a ocurrir? Nos tememos que no.

En todo caso, si algún órgano de la Administración o incluso algún partido político está dispuesto a corregir este caos, puede contar con la colaboración de esta asociación. Sabemos lo que hay que hacer, sólo hace falta que alguien quiera escuchar nuestro diagnóstico y quiera aplicar las medidas correctoras que proponemos y que consideramos necesarias para asegurar la necesaria protección contra incendios a nuestros ciudadanos.


www.aptb.org


Fuente: www.elmundo.es
Fecha: 18/03/05

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