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José Antonio Rivera S.

Periodista y Catedrático de Derecho Constitucional


El derecho a la seguridad humana


El derecho a la seguridad humana es un conjunto de potestades y facultades que tiene la colectividad para exigir al Estado que adopte medidas tendientes a generar condiciones propicias para una convivencia pacífica, exenta de todo riesgo o peligro

La Constitución ha creado la acción popular para la protección de los derechos e intereses colectivos, entre ellos, el derecho a la seguridad.

En su significado semántico la seguridad supone la exención de peligro o daño, es decir, una situación o estado social con ausencia de todo peligro o amenaza real. Cabe señalar que existen diferentes modalidades de seguridad; así, se tiene la seguridad humana, la seguridad pública, la seguridad jurídica, seguridad internacional, seguridad social, seguridad política, etc.

Considerando la naturaleza jurídica de la acción popular y la finalidad que persigue, se puede afirmar que el Constituyente se refirió a dos modalidades de la seguridad: la seguridad pública y la seguridad humana, como derechos protegidos por la acción popular.

El concepto de seguridad pública se reduce al ámbito de protección de las personas en el ejercicio de su derecho a la vida, su integridad física y sus bienes; lo que, en el nuevo contexto, constituye una concepción circunscrita solamente a la prevención o persecución del delito.

En cambio la seguridad humana se concibe como un concepto amplio y significa mucho más que la ausencia de la amenaza delictiva; incluye la seguridad contra la privación de la dignidad humana, la garantía de una calidad de vida aceptable, así como la garantía a todos los derechos humanos; persigue la seguridad en la vida cotidiana y en las preocupaciones de la gente común, ante las amenazas de las enfermedades, del hambre, del desempleo, del delito, de la represión política, de las carencias medioambientales sociales, políticas y culturales.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en su Informe sobre Desarrollo Humano 1994, ha definido la seguridad humana como la protección de los individuos frente a amenazas, como riesgos medioambientales, violencia, enfermedades, desempleo, hambre, conflictos sociales y represión política.

En la definición del PNUD, se puede identificar siete elementos de la seguridad humana: a) seguridad económica (refiere a que todo individuo tenga garantizado un ingreso por encima de la línea de pobreza); b) seguridad alimenticia (que esté garantizado el acceso a una correcta alimentación); c) seguridad de la salud (protección del individuo frente a enfermedades infecciosas); d) seguridad ambiental (protección del medio ambiente y sus recursos no renovables); f) seguridad personal (cuidado del individuo frente a distintas formas de violencia e inseguridad); g) seguridad comunitaria (se refiere a la paz entre las distintas comunidades y la protección de sus identidades); y h) seguridad política (protección de los derechos humanos en general frente al abuso de poder de los gobernantes).

De lo referido se puede concluir que el derecho a la seguridad humana es un conjunto de potestades y facultades que tiene la colectividad para exigir al Estado que adopte medidas tendientes a generar condiciones propicias para una convivencia pacífica, exenta de todo riesgo o peligro que pueda menoscabar la dignidad humana de sus integrantes, con resguardo y protección de todos los derechos humanos.

El derecho a la seguridad humana tiene su base de sustentación en las normas previstas por la Constitución en sus artículos: 8.II que consagra los valores supremos, entre ellos la dignidad humana; 13.II que consigna la cláusula abierta para la integración de otros derechos no consagrados expresamente por la Constitución; 14.III que impone como obligación del Estado garantizar a todas las personas y colectividades el libre y eficaz ejercicio de los derechos humanos; 9.2) que define como fines y funciones del Estado, garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades; el Art. 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; y Art. 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Para satisfacer este derecho colectivo el Estado, en cumplimiento de su función definida por el Art. 9.2 de la Constitución, tiene la obligación de adoptar políticas públicas para generar condiciones básicas para garantizar: a) seguridad económica, impulsando el desarrollo humano sostenible y sustentable; generando fuentes de empleo dignos y estables; y distribuyendo equitativamente la riqueza social; b) seguridad política, garantizando la gobernabilidad; racionalizando el ejercicio del poder político; respetando y resguardando los principios democráticos; respetando, resguardando y protegiendo los derechos humanos; c) seguridad ambiental, preservando y protegiendo el medio ambiente; adoptando medidas para evitar la contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales renovables, así como la degradación, la erosión y el revenimiento de suelos y tierras; d) seguridad de la salud, adoptando políticas de prevención; y garantizando el acceso universal a los sistemas de seguro de salud; e) la seguridad alimentaria, garantizando el acceso a una alimentación sana y saludable; y f) seguridad ciudadana, protegiendo la vida, la integridad física, psicológica y sexual de las personas, garantizando la paz pública a través de la prevención y represión de los delitos.


Fuente: lostiempos.com
Fecha: 09/06/11

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