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Jueves, 14 de junio 2001


Seguridad Alimentaria y Protección Biotecnológica

cada país decidirá si sacrificar a todas las vacas de una granja en que se registre un caso de eeb

 

La Comisión Europea ha propuesto nuevas medidas de control de la encefalopatía espongiforme bovina (EEB), o mal de las 'vacas locas', entre ellas que cada país pueda decidir si debe o no sacrificar a las reses de una explotación en la que se ha registrado un caso de EEB, lo que venía haciéndose hasta ahora en toda la Unión Europea.

Por el contrario, se pretende adelantar la obligación de someter al test priónico a todas las vacas en riesgo o destinadas al consumo que sean mayores de 24 meses (hasta ahora sólo se realizaba a partir de los 30 meses). Asimismo, los estados miembros deberán aplicar estos análisis de forma aleatoria a ovejas y cabras, con lo que se pretende prevenir la encefalopatía de estos animales, conocida como tembladera.

El plazo de prohibición de los piensos animales se prorroga de forma indefinida y los test priónicos serán obligatorios para todas las vacas de más de 30 meses que hay en Europa, unos 40 millones (3,4 de ellas en España).

Paralelamente a estas medidas de detección, Bruselas también ha previsto medidas para potenciar la investigación sobre esta epidemia, por lo que está previsto aportar 4.000 millones de pesetas adicionales a la investigación para combatir estas enfermedades.

España gastará 100.000 millones

Estas medidas contra el mal de las 'vacas locas' suponen un elevado coste que en España amenaza con volver a abrir el enfrentamiento entre el Gobierno central y los de las comunidades autónomas, ya que, tras los 60.000 millones de pesetas gastados hasta junio del 2001, nadie quiere hacerse cargo de los 40.000 millones que estas medidas pueden suponer para España en lo que resta de año.

El acuerdo alcanzado entre estos ejecutivos el pasado mes de diciembre concluye al final del presente mes y debe ser renovado, por lo que todas las partes implicadas quieren reducir su aportación al presupuesto. De momento, el Gobierno central ha descartado la posibilidad de establecer una tasa sobre la carne.

Hasta ahora, el Ejecutivo central, el autonómico y los ganaderos financian por partes iguales (33 por ciento) la retirada y destrucción de las reses muertas en las explotaciones, lo que supuso un total de 7.246 millones de pesetas en el primer semestre de 2001. Del mismo modo se repartió el costo de una campaña de información y promoción de la carne de vacuno, que costó 1.000 millones de pesetas.

A estas cifras se suman otros gastos como la compra de tests, la gestión de los laboratorios y su personal, las ayudas al sector, lo cual acaba sumando 100.000 millones de pesetas de gastos previstos para todo el año 2001. 

El País
ABC
13.06.01

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