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Seguridad Colectiva y Defensa Nacional

el fbi y la cia retienen a cerca de 1.000
sospechosos de colaborar con bin laden

Algunas autoridades policiales consideran las detenciones inconstitucionales por basarse en prejuicios raciales

Después de los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono, las agencias federales estadounidenses el FBI, la CIA y la NSA (Agencia Nacional de Seguridad) han iniciado una campaña de detenciones e interrogatorios, con el balance de alrededor de 1.000 sospechosos de tener algún tipo de vínculo con la organización de Osama Bin Laden encarcelados, tanto fuera como dentro de los EE UU. Además, el Departamento de Justicia tiene una lista de 5.000 hombres de Oriente Próximo a la espera de interrogar.

Para el presidente de los EE UU, George W. Bush, los ataques del 11-S fueron fundamentalmente una ofensiva contra un sistema de libertades al que los terroristas odiaban. Con el argumento de que la seguridad debe primar sobre la libertad, el fiscal general John Ashcroft y las agencias policiales han emprendido una operación marcada por los interrogatorios y las detenciones.

Además de las actuaciones policiales y militares, también los ciudadanos estadounidenses tratan de combatir contra el terrorismo internacional. De hecho, hasta la primera semana de noviembre las autoridades habían recibido 435.000 pistas.  El propio Ashcroft solicitó a los estadounidenses que comunicasen cualquier actividad sospechosa que pueda involucrar terrorismo.

Las informaciones proporcionadas por los ciudadanos, algunas veces se materializan en verdaderas pistas. Sin embargo, en otras ocasiones, han llevado a la detención de personas que no son terroristas, sino que han cometido en violaciones menores de inmigración.

Por ello, la Policía de muchas ciudades estadounidenses se ha negado a tomar parte de la que consideran una campaña anticonstitucional. Por ejemplo, el jefe de la Policía de Portland, como responsables policiales de Tucson (Arizona), Detroit y Dearborn (Michigan), Richardson (Texas) y Arlington County (Virginia) han calificado las directrices del Departamento de Justicia de interrogar a unos 5.000 inmigrantes legales sólo por el hecho de proceder de países donde actúan agentes de Al Qaeda de "violación de la ley", "práctica inconstitucional" o de "actuar a partir de prejuicios raciales".

Incluso, organizaciones de defensa de los derechos humanos han comparado las más de 1.000 detenciones de sospechosos tras el 11-S con las desapariciones en América del Sur y Central, en muchos casos por el mero hecho de haber entrado ilegalmente en el país.

Cooperación España-EE UU

Por otra parte, recientemente fiscales de la Audiencia Nacional se reunieron con otros tantos representantes del FBI y con un miembro de la Embajada de los Estados Unidos en España para acordar un sistema de cooperación e intercambio de información en lo referente a las investigaciones sobre los atentados en nuestro país, en especial a raíz de la operación llevada a cabo por la Policía y coordinada por el juez Baltasar Garzón contra un ala de Al Qaeda, la banda del terrorista liderada por el saudí Osama Bin Laden, principal sospechoso de los atentados contra EE UU.

Tribunales militares

Por otra parte, la decisión de EE UU de crear tribunales militares para juzgar a terroristas ha provocado reticencias en el seno de la Unión Europea, en contraposición a la opinión de la mayoría de la población estadounidense, que tras los atentados de septiembre acepta la limitación de libertades por razones de seguridad.

Los tribunales militares permitirán juzgar a terroristas o supuestos terroristas en barcos o instalaciones estadounidenses en todo el mundo. Con esta iniciativa se permite que una minoría dicte sentencia condenatoria, incluso de muerte. Además, existe la autorización para espiar conversaciones reservadas por ejemplo entre un abogado y su cliente, y el Gobierno puede mantener detenido de forma indefinida a un ciudadano no estadounidense aunque un juez haya ordenado su puesta en libertad.

Con los tribunales militares, el fiscal general puede detener y deportar a cualquier extranjero si cuenta con "indicios razonables para creer" que está "implicado en cualquier actividad que ponga en peligro la seguridad de los EE UU".

Por otro lado, aunque el Gobierno está obligado a presentar cargos contra cualquier sospechoso en el plazo de siete días, puede mantener su detención en lugar secreto y sin cargos de forma definida.

Fuente: ABC
26.11.01
Cinco Días
ABC
23.11.01
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