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Jueves, 20 de septiembre de 2001


Seguridad Colectiva y Defensa Nacional

la ue acelera la armonización de la normativa judicial antiterrorista de los quince

La Comisión Europea presentó ayer el primer proyecto legal para que los Quince superen las lagunas y disparidades legislativas sobre terrorismo, con el principal, e imprescindible, objetivo de armonizar la normativa.

Después de los atentados terroristas en Estados Unidos, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea decidieron acelerar su colaboración en las áreas de Justicia e Interior y de Política Exterior y Seguridad Común, siguiendo los propósitos originales acordados en la cumbre de Tampere en octubre de 1999.

El proyecto se fundamenta principalmente en el reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales y la extradición automática de delincuentes (a través de la propuesta legal para crear la orden europea de busca y captura), que supone la piedra angular de la cooperación judicial europea, y con él se pretende suprimir el sistema actual, "lento y obsoleto", por el que los procesos de extradición están sometidos a trámites judiciales y decisiones políticas.

Con el reconocimiento mutuo de decisiones judiciales en la UE y la ejecución inmediata por cualquier Estado miembro de una orden de detención emitida por un juez de los Quince, cuando el acusado se oponga a su entrega, se realizará un procedimiento simplificado de apelación que deberá resolverse en 90 días como máximo.

El nuevo proyecto significa, entre otros, una definición y unas penas comunes mínimas para los delitos terroristas. Así, las condenas mínimas por cometer atentados terroristas mortales en la UE se fijarán en 20 años. El listado de penas contempla, además, quince años de cárcel por dirigir un grupo terrorista. Diez por el secuestro o toma de rehenes; la fabricación, posesión, compra, transporte o suministro de armas o explosivos, y por atentados contra redes de suministro de agua o energía. También, siete años de cárcel por promover, apoyar o pertenecer a un grupo terrorista; cinco años por causar daños a medios de transporte públicos y por interferir en los sistemas de información y comunicación; cuatro por causar daños personales, y dos años de cárcel por extorsión, robo o amenazas.

La pena se agravará siempre que se atente contra un jefe de Estado, ministro, parlamentario, consejero o concejal, juez, funcionario de prisiones o policía. Y se atenuarán siempre y cuando el acusado de actos terroristas opte por colaborar con la justicia o renuncie a su actividad delictiva.

Por grupo terrorista la UE entiende a toda organización estructurada, establecida durante un período de tiempo, formada por más de dos personas y dedicada a cometer delitos terroristas. Éstos últimos: los cometidos intencionadamente por individuos o grupos contra uno o más países, sus instituciones o su población, mediante la intimidación, con el objeto de alterar o destruir sus estructuras políticas, económicas o sociales.

Fuente: El País
El Periódico de Aragón
18.09.01

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