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Miércoles, 17 de abril de 2002 |
Noticias
Seguridad Corporativa y Protección del PatrimonioEscoltas privados del País Vasco irán a huelga si no se aumentan las medidas de seguridad en su trabajo
Los agentes privados pretenden que se equipare su trabajo
con el de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado
Los escoltas privados destinados en el País Vasco, representados por la Asociación Española de Escoltas (AES) -sindicato profesional que asegura contar con la afiliación del 30% de los profesionales del sector en toda España-, amenazan con una jornada de huelga a primeros de mayo si ni la Administración ni sus empresas garantizan la equiparación de su trabajo con el que realizan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, fundamentalmente en lo que a medidas de seguridad se refiere.
Los agentes destinados en el País Vasco han advertido que realizarán una jornada de huelga (que posteriormente se convertiría en un día de paro a la semana) como consecuencia de su hartazgo ante la falta de respuesta del Ministerio del Interior, de la Consejería vasca de Interior y de las propias empresas a la demanda de mejorar sus sistemas de seguridad y sus condiciones laborales y de equipararlas a las de los cuerpos policiales.
Esta medida de presión puede llegar a afectar a los casi 700 cargos públicos no nacionalistas, jueces, fiscales, empresarios y periodistas que cuentan con este tipo de protección personal en el País Vasco.
Por un lado, la plataforma reivindicativa incluye la supresión de los más de 300 servicios de protección que se realizan con un solo escolta y su sustitución por operativos con dos escoltas, por lo que además se exige la contratación de otros 500 profesionales (que se sumarían al millar que actualmente complementa el trabajo de protección personal que realizan la Ertzaintza, la Guardia Civil y las policías Nacional y Local).
Asimismo, los escoltas afiliados en la AES pretenden que la Administración pública les dote de chalecos antibalas para aumentar su seguridad (elemento que, según estos profesionales, podría haber evitado la muerte del escolta Joseba Andoni Urduniz el 2 de abril en el tiroteo fortuito que mantuvo con tres guardias civiles).
Estas exigencias de seguridad contemplan también la asignación de inhibidores de frecuencias en los vehículos de las personas amenazadas y de placas de matrículas oficiales.
Los escoltas privados solicitan, del mismo modo, la asignación de una placa profesional identificativa y su consideración como agentes de la autoridad, lo que les permitiría requerir la identidad de presuntos sospechosos.
Por último, además de un mayor grado de formación (tanto inicialmente como con la realización de cursos complementarios), los escoltas privados destinados en el País Vasco pretenden eliminar la acumulación de jornadas de trabajo (que en muchos casos superan hasta los 30 días sin interrupción) y que se aumenten las prestaciones económicas por invalidez o muerte de los 27.000 euros estipulados actualmente en el convenio del sector a los más de 120.000 euros recogidos en su plataforma reivindicativa.
Fuente: El País
14.04.02
www.belt.es