Seguridad de la
Información y Protección de Datos
Dos
años y medio de cárcel a un funcionario del Instituto Nacional de la
Seguridad Social en Murcia que reveló información secreta
El administrativo
admitió los hechos y se conformó con la condena
Reconoció
los hechos desde el primer momento del proceso. Había utilizado su
clave personal de acceso a la terminal del Instituto Nacional de la
Seguridad Social (INSS) en Murcia para bucear en el expediente laboral
de numerosas personas y empresas y facilitar los datos a un tercero.
Este funcionario de la Dirección Provincial del INSS se enfrenta ya a
una condena en firme de dos años y seis meses de cárcel por un delito
de violación de secretos. Manuel (en la foto), que se mostraba
totalmente alicaído antes de entrar a la sala, admitió los hechos que se
le imputaban, por lo que no fue necesaria la vista oral. Por su
condición de funcionario, además de la pena de prisión, ha sido
condenado a una pena de inhabilitación de doce años. Ahora, el
condenado sólo quiere olvidarlo todo y empezar una vida nueva.
Las numerosas consultas informáticas a la base de datos del INSS
realizadas desde junio de 1999 hasta junio de 2000 fue lo que
despertó las sospechas el grupo de agentes especializados en la
represión de los delitos contra la Seguridad Social (GISS). Los datos
de la Seguridad Social pueden ser muy interesantes para agencias y
empresas dedicadas a la elaboración de informes. En concreto,
permiten conocer si una sociedad está al tanto de los pagos de la
Seguridad Social o si tiene deudas pendientes; si un trabajador está de
baja laboral y por qué causas; si cobra algún tipo de pensión, e incluso
conocer al detalle el historial laboral de cada persona.
Los miembros del GISS advirtieron en su investigación supuestas
relaciones que el funcionario mantenía con una agencia de detectives de
Murcia. Lo que llevó a pensar, en un principio, que el administrativo
ofrecía la información a cambio de ciertas cantidades de dinero,
extremo que no ha podido probarse. Conocida la sentencia de la
Sección Segunda de la Audiencia, la Dirección Provincial podría
reactivar el expediente administrativo.
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Fuente: La Verdad
(29.11.2002)