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Martes, 3 de diciembre de 2002


Seguridad de la Información y Protección de Datos

Dos años y medio de cárcel a un funcionario del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Murcia que reveló información secreta

El administrativo admitió los hechos y se conformó con la condena

Reconoció los hechos desde el primer momento del proceso. Había utilizado su clave personal de acceso a la terminal del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en Murcia para bucear en el expediente laboral de numerosas personas y empresas y facilitar los datos a un tercero.

Este funcionario de la Dirección Provincial del INSS se enfrenta ya a una condena en firme de dos años y seis meses de cárcel por un delito de violación de secretos. Manuel (en la foto), que se mostraba totalmente alicaído antes de entrar a la sala, admitió los hechos que se le imputaban, por lo que no fue necesaria la vista oral. Por su condición de funcionario, además de la pena de prisión, ha sido condenado a una pena de inhabilitación de doce años. Ahora, el condenado sólo quiere olvidarlo todo y empezar una vida nueva.

Las numerosas consultas informáticas a la base de datos del INSS realizadas desde junio de 1999 hasta junio de 2000 fue lo que despertó las sospechas el grupo de agentes especializados en la represión de los delitos contra la Seguridad Social (GISS). Los datos de la Seguridad Social pueden ser muy interesantes para agencias y empresas dedicadas a la elaboración de informes. En concreto, permiten conocer si una sociedad está al tanto de los pagos de la Seguridad Social o si tiene deudas pendientes; si un trabajador está de baja laboral y por qué causas; si cobra algún tipo de pensión, e incluso conocer al detalle el historial laboral de cada persona.

Los miembros del GISS advirtieron en su investigación supuestas relaciones que el funcionario mantenía con una agencia de detectives de Murcia. Lo que llevó a pensar, en un principio, que el administrativo ofrecía la información a cambio de ciertas cantidades de dinero, extremo que no ha podido probarse. Conocida la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia, la Dirección Provincial podría reactivar el expediente administrativo.

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Fuente: La Verdad
(29.11.2002)

 

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