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Jueves, 12 de diciembre de 2002 |
Noticias
Seguridad de la Información y Protección de DatosFuncionarios del INEM de Zaragoza revelaron datos privados de 17.000 personas
La Fiscalía solicita penas que oscilan entre los dos años y seis meses y cuatro años de prisión
La Audiencia de Zaragoza ha dejado visto para sentencia el juicio contra seis personas, dos de ellas funcionarios, acusadas de la compraventa de datos reservados del Inem, para las que el ministerio fiscal solicita penas que oscilan entre los dos años y seis meses y cuatro años de prisión. Los implicados manejaron fichas de 17.000 personas. En la sesión del pasado martes declararon varios funcionarios del instituto, quienes reafirmaron la confidencialidad de los datos que manejan.
Algunos de los informes fueron entregados a un grupo de la Policía dedicado a la lucha antiterrorista También declaró el jefe de un grupo de la Comisaría General de Información de la Policía, dedicada a la lucha antiterrorista. El agente confirmó que algunas informaciones extraídos del Inem le fueron entregados por el investigador José Manuel G. M. No obstante, señaló que éste se había ofrecido a darle voluntariamente datos de ciudadanos vascos que podían estar relacionados con ETA, "sin que nosotros los solicitáramos. No sabíamos que procedían del Inem, porque disponemos de vías oficiales para obtener estos datos".
El investigador privado reconoció que uno de los acusados le entregaban esporádicamente, "dos o tres veces al mes", los datos de localización de personas que solicitaba. Manifestó que nunca explicó al procesado que esta información sirviera a la lucha antiterrorista, aunque reconoció que él colaboraba con ella. "No sabía que los datos se sacaban del Inem, porque es ilegal", añadió.
La fiscal alegó que los delitos estaban probados, tanto por los documentos incautados a los acusados como por su confesión de que extrajeron datos del Inem de alrededor de 17.000 personas, por lo que mantuvo su petición de condena.
Asimismo, dijo que no había causa de nulidad de actuaciones por los registros realizados en las mesas de trabajo de los dos funcionarios acusados sin orden judicial, ya que no se vulneró su derecho a la intimidad. "La mesa no es de su propiedad, sino un elemento de trabajo, y los documentos requisados eran los manejados habitualmente en el Inem. No se registraron bolsos, carteras o pertenencias personales, por lo que no cabe aquí acudir a la doctrina del árbol con los frutos envenenados" para anular el procedimiento.
El abogado del Estado y la acusación particular incidieron en las tesis de la fiscal, mientras que todas las defensas pidieron la absolución. Según el letrado Fernando Lacruz, defensor de uno de los funcionarios, la jurisprudencia sobre reserva de datos hace referencia a asuntos relacionados con la salud, la ideología o las creencias religiosas de las personas.
Por su parte, el abogado Enrique Cederio, insistió en la nulidad, por entender que los registros de las mesas de los acusados se realizaron sin respetar los requisitos legales. El letrado Fernando Garrido alegó la eximente de que los acusados habían obrado por un deber de forma altruista, al creer que colaboraban en la lucha antiterrorista.
Más información:
INEM
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(11.12.02)