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Miércoles, 2 de enero de 2002


Seguridad Pública y Protección Civil

La Presidencia española de la UE se centra en la lucha antiterrorista y el espacio europeo de seguridad

El PSOE impulsará la seguridad ciudadana en términos
de seguridad laboral, alimentaria y medioambiental

 

Los principales objetivos del Gobierno de José María Aznar, que durante los próximos seis meses y desde ayer se hará cargo de la presidencia de la Unión Europea, son el de lograr una Europa más segura y más competitiva. Al tiempo que se pretende impulsar la liberalización de las economías europeas, y tras los atentados del 11 de septiembre, el Ejecutivo español quiere fomentar la lucha contra el terrorismo.

En un contexto de novedad ante la llegada del euro y de crisis de identidad, en su presidencia de turno, España se enfrenta a las dudas sobre la capacidad de la actual UE para asumir económica y políticamente la ampliación a los países del Este y, sobre todo, al diseño del papel de la Europa comunitaria en un mundo convulsionado por el 11 de septiembre.

A éste último respecto, Aznar considera que los sucesos del 11-S exigen reforzar la política de seguridad y defensa de la Unión para potenciar la capacidad europea de respuesta a probables crisis internacionales.

Los cometidos básicos de la Presidencia española se resumen en cinco grandes bloques: la lucha contra el terrorismo, que engloba el mayor avance posible en relación al "tercer pilar" de la UE (constituido por la cooperación en los temas de justicia y seguridad interior); impulsar las negociaciones de adhesión de diez países candidatos del centro y del este de Europa; iniciar el debate acerca de las reformas institucionales a raíz de la ampliación; renovar el compromiso de los Quince en lo que respecta al objetivo del pleno empleo y, por último, la sustitución definitiva de las monedas nacionales por la divisa comunitaria, al alcance de 300 millones de europeos desde el día de ayer.

Cooperación en justicia y defensa

Tras los atentados contra EE UU del pasado 11 de septiembre ha quedado patente la necesidad de un nuevo orden mundial. A este respecto y en el seno de la Unión, en los últimos tres meses se ha registrado un importante avance en la lucha contra el terrorismo. En la segunda mitad del 2001, los Quince han aceptado una definición común del delito de terrorismo, han aprobado la orden europea de búsqueda y captura y han elaborado las listas de organizaciones terroristas y sus cómplices (donde se ha incluido a ETA).

El camino hacia la cooperación antiterrorista surgió en mayo 1999 con el Tratado de Amsterdam, en el que por insistencia de eurodiputados populares españoles se incluyó por primera vez el terrorismo como delito a perseguir. En octubre del mismo año, en el Consejo de Tampere, también por iniciativa española, se define el espacio europeo de justicia, libertad y seguridad.

Además, entre los propósitos en el contexto de la lucha antiterrorista se encuentran la negociación de un Tratado de Cooperación Penal entre la UE y EE UU (que podría agilizar las entregas trasatlánticas de presuntos terroristas), la reforma legislativa para el bloqueo gubernamental de los fondos de grupos terroristas europeos y la constitución de equipos conjuntos de investigación contra el terrorismo entre policías comunitarias.

Asimismo, la Presidencia española tratará reforzar el "tercer pilar" de la UE con la puesta en funcionamiento de Eurojust, la unidad de cooperación judicial -compuesta por magistrados de los distintos estados miembros-, que se pondrá en marcha durante el primer semestre de 2002. Además, el Gobierno de Aznar impulsará la aproximación de legislaciones nacionales en materia de tráfico de drogas, racismo, xenofobia, lucha contra la corrupción y el reconocimiento práctico de resoluciones judiciales.

Dispositivos policiales

Por otra parte, las Fuerzas de Seguridad españolas llevan todo el año preparando el dispositivo policial para velar por el buen desarrollo de las cumbres internacionales que se celebrarán en España durante el semestre europeo. Incluso, la Guardia Civil ha creado unidades operativas de intervención rápida en toda sus comandancias con el objetivo prioritario de velar por la pacífica celebración de las 26 reuniones al más alto nivel que tendrán lugar entre enero y junio, entre las que se incluyen tres reuniones de jefes de Estado y de Gobierno.

El Ministerio de Interior dispone de casi 13 millones de euros (más de 2.000 millones de pesetas) para hacer frente "a las necesidades adicionales de seguridad", entre las que destaca la alerta permanente entre desde ayer hasta finales de junio de miles de policías y guardias civiles -para acudir de inmediato allá donde surja la alarma-, especialmente ante el temor de que ETA se intente dejar ver con atentados cuando toda Europa mira hacia España. Además, Interior también ha detectado los riesgos de movimientos antiglobalización y grupos anarquistas.

En lo que se refiere a la banda terrorista ETA, las autoridades españolas creen probable que la organización aproveche la Presidencia española para incrementar su actividad, a pesar de la presión internacional y la cooperación de otros países contra el terrorismo, que ha aumentado hasta niveles inimaginables antes de los atentados del 11 de septiembre, y de que durante el año pasado, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad lograron desarticular más de una docena de comandos operativos de la banda.

Entre los acuerdos importantes a este respecto destaca la reunión bilateral hispano-francesa en Perpignan, cuando los Gobiernos de Francia y España acordaron una serie de medidas que han permitido aumentar la presión contra ETA y su entorno, que contempla, entre otros, la entrega temporal de etarras -por la que todos los etarras condenados en el país galo serán entregados a España por un espacio de cuatro meses para que sean juzgados de las causas que tengan pendientes en nuestro país.

Por otra parte, el PSOE centrará su impulso político en la seguridad ciudadana, como garantía de la seguridad de los españoles más que como orden público (tesis esta última defendida por el PP). La secretaria general del grupo parlamentario socialista, María Teresa Fernández de la Vega, precisa, además, que "no estamos hablando sólo de seguridad ciudadana que, por cierto, según el propio CIS es el tercer problema que más preocupa a los ciudadanos, estamos hablando también de seguridad vial, de seguridad laboral, de seguridad alimentaria, de violencia de género, de seguridad medioambiental".

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Noticias relacionadas:

* Fuerzas policiales concluyen el dispositivo de seguridad para la presidencia española de la UE  (18.12.01)
* España mantendrá las medidas de seguridad para evitar actos violentos en su presidencia de la UE  (23.10.01)

* El espacio europeo de seguridad, justicia y libertad, en marcha a partir del 1 de enero de 2002 (02.10.01)

Fuente: El Mundo
El País
02.01.02
El Mundo
31.12.01
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