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Viernes, 15 de febrero de 2002


Seguridad Pública y Protección Civil

Siete miembros de la UE adelantan un año la aplicación de la orden de detención y entrega europea

Los ministros de Interior y Justicia de la Unión anunciaron la puesta en marcha de un plan global para combatir la inmigración irregular

 

Siete estados miembros de la Unión Europea, entre ellos España, acordaron ayer en Santiago de Compostela -donde está teniendo lugar una cumbre informal de los ministros de Interior y Justicia comunitarios- la aplicación de la orden de detención y entrega europea, conocida como euroorden, a partir del próximo 1 de enero, un año antes de los previsto.

España, Francia, Alemania, el Reino Unido, Portugal, Bélgica y Luxemburgo decidieron ayer adelantar a principios de 2003 la aplicación de la euroorden, que entrará en vigor en todo el territorio de la UE el 1 de enero de 2004 y que constituye un sistema de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales sobre 32 delitos. Los ministros de Interior y Justicia apoyaron además el desarrollo de un plan global para combatir la inmigración irregular en el territorio comunitario.

La euroorden -adoptada por los Quince en diciembre pasado- se perfila así como "un instrumento jurídico esencial que marcará un antes y un después en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado", explicó el ministro español de Justicia, Ángel Acebes, además de suponer una herramienta primordial para la lucha contra ETA.

El titular de Justicia de Luxemburgo, Luc Frieden, destacó, por su parte, que la euroorden permite "pasar de la teoría a la práctica" y demuestra que Europa no va a relajarse en la lucha contra los terroristas. "No va a ser un lugar seguro para ellos", añadió.

El proyecto se configura como un sistema de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales contempladas en una lista de 32 delitos, entre los que se incluyen además del terrorismo y la delincuencia organizada, el tráfico de seres humanos, la piratería informática y la persecución de los delitos financieros y la corrupción.

Reconocimiento judicial comunitario

Esta orden comunitaria se basa principalmente en la supresión de los lentos procedimientos de extradición en la UE y obligará a la entrega de presuntos terroristas y criminales en un plazo máximo de noventa días. Con esta iniciativa se reemplazará por tanto la extradición y permitirá la entrega casi inmediata de los delincuentes, de modo que el mandamiento de detención de un juez de cualquiera de los estados firmantes tendrá plena vigencia en los otros.

Además, la euroorden contempla que tendrá prioridad para juzgar al sospechoso el país en el que el arrestado o reclamado haya cometido el crimen más grave. Así, la euroorden se dibuja como un documento judicial homologado en el que un juez español consignará los datos fundamentales por los que se interesa la detención de un presunto delincuente al resto de los firmantes del acuerdo. El documento se trasladará al Ministerio de Justicia o de Asuntos Exteriores, que lo enviará a los departamentos homónimos de los países signatarios de la euroorden.

A su vez, estos departamentos trasladarán dicha orden a la autoridad judicial, que es la que finalmente pondrá al reclamado en su lista de buscados. Por este procedimiento, el documento será reconocido por el Estado receptor, que incorporará a sus bases de datos sobre delincuencia la orden de detención del reclamado.

"Acuerdo abierto"

Los siete países que ayer acordaron adelantar la aplicación de la euroorden un año -España, Francia, Alemania, el Reino Unido, Portugal, Bélgica y Luxemburgo- se comprometieron a tener listas este mismo año las adaptaciones legislativas necesarias para la entrada en vigor de la orden europea de detención y entrega.

Ángel Acebes garantizó además que el acuerdo "está abierto a la incorporación del resto de países según tramiten su legislación" y aseguró que los que se han quedado fuera expresaron su voluntad de sumarse, excepto Italia, que es un caso excepcional, pues la lista de 32 delitos de los Quince incluye los delitos financieros y de corrupción y pone a Silvio Berlusconi -presidente de la República- al alcance de cualquier juez europeo.

A pesar de las reticencias del Gobierno italiano por suscribir el acuerdo de la euroorden, al final Roma aceptó la normativa, a regañadientes y con promesas imprecisas, si bien los representantes italianos en Santiago dijeron ayer que se sumarán al proyecto cuando sus modificaciones legales estén listas, "¿cuándo? en el 2004, en el 2005, en el 2006...", advirtió el ministro de interior, Claudio Scajola.

Contra la inmigración ilegal

Además de que siete países decidieran ayer adelantar la aplicación de la orden europea de detención y entrega, los ministros de Interior y justicia de la UE anunciaron la puesta en marcha de una política común de lucha contra la inmigración ilegal, que incluiría una guardia europea de fronteras y un pasaporte más seguro, entre otros.

El plan recoge veinte medidas referidas a las políticas de visados, el intercambio de información sobre irregulares, el endurecimiento del control de fronteras, la armonización de las políticas de repatriación y readmisión por terceros países, el incremento de la cooperación policial y el tratamiento penal unificado contra el tráfico de y la trata de seres humanos.

Básicamente, el proyecto pretende que los estados miembros intercambien informaciones entre ellos, de manera que se realice una gestión ordenada de los flujos migratorios. Para ello, una de las medidas propuestas es la posibilidad de un archivo común de visados que incluya tanto los solicitados como los denegados, esto es, la creación de un Banco de Visados Único, lo que supondría una de las armas más eficaces contra el visashoping (el peregrinar de los solicitantes de visado de un consulado a otro de la UE hasta conseguirlo).

Con el fin de que dichos documentos dispongan de mayores medidas de seguridad y evitar así duplicidades y falsificaciones, Alemania ha planteado que además de los datos habituales, el visado incluya una fotografía digital o incluso los datos biométricos (rasgos faciales, por ejemplo) del individuo en cuestión.

Al respecto de los datos biométricos, se prevé la próxima aprobación de un archivo central de huellas dactilares (Eurodac) de solicitantes de refugio, asilo y visado. El Eurodac es un sistema común para la comparación de las huellas dactilares de todos aquellos ciudadanos extracomunitarios que soliciten asilo político. El acuerdo se formalizará en la cumbre que tendrá lugar en Bruselas a finales de este mes.

Por otro lado, también se está estudiando la creación de un pasaporte europeo que "gracias a la incorporación de las nuevas tecnologías será más fiable y seguro", explicó el comisario europeo Antonio Vitorino. Y con el fin de crear un control de fronteras interiores y exteriores integrado, se prevé también la creación a largo plazo de una  Guardia de Fronteras de la UE.

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Más información:

* Aznar marca la lucha antiterrorista como objetivo prioritario de la Presidencia Española de la UE (17.01.02)
* La UE estudia la creación de una fuerza policial común para vigilar fronteras y controlar la inmigración (14.01.02)
* La Presidencia española de la UE se centra en la lucha antiterrorista y el espacio europeo de seguridad (02.01.02)

Fuente: El País
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