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Noticias Profesionales
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Miércoles, 19 de junio de 2002 |
Noticias
Seguridad de la Información y Protección de DatosSeguridad Pública y Protección Civil
La Administración pública británica podría espiar e-mails y conexiones telefónicas sin permiso judicial
Según el Gobierno, dicha medida es imprescindible para
luchar contra el terrorismo y la delincuencia en una sociedad
que cada vez emplea más dichos medios de comunicación
El Gobierno de Tony Blair pretende otorgar a la Administración pública (incluidos ministerios, ayuntamientos y diversos servicios públicos como los relacionados con bomberos o seguridad alimentaria) el derecho a rastrear el correo electrónico, las llamadas telefónicas y los lugares en que se ha utilizado el móvil, sin necesidad de disponer de una orden judicial, con el objetivo de luchar contra el terrorismo y la delincuencia.
El ministro británico del Interior, David Blunkett, justifica tan drástica medida en la necesidad de luchar contra el terrorismo y la delincuencia en general, en una sociedad que utiliza cada vez más esos medios de comunicación, y considera que constituye una herramienta imprescindible para la salvaguardia de la seguridad nacional, prevención o detección del crimen, salud pública, cobro de impuestos y cualquier otro propósito especificado en una orden por el Ministerio del Interior.
Ya desde hace dos años la Policía, los servicios secretos, aduanas y Hacienda podían hacer ese rastreo sin permiso judicial. A partir de ahora, ese mecanismo de lucha antiterrorista podría extenderse a siete ministerios (incluidos los de Agricultura o Sanidad, por ejemplo), todas las corporaciones locales y una decena de agencias del Gobierno, como la de Medio Ambiente, Seguridad Alimentaria o Servicios Postales.
Información de los clientes
Los funcionarios de un determinado nivel podrán exigir a las compañías de teléfonos, proveedores de Internet y operadores postales información detallada sobre sus clientes. Entre esa información se incluye el nombre y dirección, llamadas telefónicas realizadas y recibidas, identificación de las páginas visitadas en Internet y localización geográfica de las llamadas de móviles. Por su parte, las compañías proveedoras de servicios estarán obligadas a proporcionar el listado de dichas comunicaciones, si bien no podrán revelar el contenido de las conversaciones o el correo electrónico.
La propuesta, que ha provocado la protesta de los defensores de los derechos civiles, podría entrar en vigor en agosto próximo, sin necesidad de ser aprobada por el Pleno del Parlamento, ya que bastaría con el visto bueno de un comité parlamentario especializado.
Las críticas a la iniciativa por atacar a la privacidad no se han hecho esperar. Simon Davies, director de la organización de defensa de derechos civiles Privacy, denunció que "el Ministerio del Interior ha roto su compromiso de que esta ley no se convertiría en un poder generalizado de vigilancia al servicio del Gobierno", y añadió que "la exhaustiva lista de organismos que podrán acceder a los datos sin una orden judicial prueba que estamos ante un ataque sistemático del derecho a la privacidad".
Fuente: El País
12.06.02