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Miércoles, 27 de marzo de 2002


Gestión y Protección del Conocimiento

La Mesa Antipiratería española pide a la UE
que reaccione de forma tajante ante el fraude

La Comisión Europea denunciará a España por no combatir
las copias ilegales de descodificadores y tarjetas inteligentes

 

Representantes de la Mesa Antipiratería [*] intervinieron ayer en Bruselas ante la Comisión de Cultura del Parlamento Europeo para exigir medidas urgentes que frenen el importante incremento de esta práctica ilegal en España. El objetivo fue el de escuchar a los interesados y buscar soluciones conjuntas a una cuestión considerada como un problema global.

Entre las propuestas para combatir la piratería, destacan la creación de un observatorio europeo para vigilar la reproducción ilegal de obras discográficas o editoriales y la adopción de un proyecto de directiva que proteja específicamente la creación cinematográfica. Porque para atajar este problema es fundamental la actuación y colaboración entre todos los Estados de la UE.

Además, la Mesa Antipiratería solicitó al Parlamento la difusión de un manifiesto en los Quince Estados miembros de la UE para sensibilizar a las opiniones públicas, la creación de un programa europeo para desarrollar nuevos sistemas anticopia de alta tecnología, armonización de las normas comunitarias sobre derechos de propiedad intelectual y mejora de los controles aduaneros para impedir el tráfico de soportes piratas.

Incluso, los representantes de la Mesa pidieron una mayor atención de cara a la ampliación de la UE hacia los países del Este, de modo que, antes de que éstos se incorporen, se les exija tener aprobadas unas regulaciones adecuadas para luchar contra la piratería.

Contra un delito organizado

Asimismo, los representantes de la Mesa Antipiratería consideraron "fundamental" que haya "sanciones penales" disuasorias contra lo que consideran "un delito" y no un fenómeno que pueda quedar relegado a la jurisdicción civil.

A este respecto, el presidente de la Comisión de Cultura, Michel Rocard, apostó por una definición jurídica del delito y por una implicación policial más amplia en toda la UE, de modo que considera necesario que la Policía de toda Europa se involucre en la persecución de este delito.

El director de cine y presidente de la Federación Europea de Realizadores y Autores, Manuel Gutiérrez Aragón advirtió que la piratería "no es un asunto de pobres inmigrantes que venden discos en la esquina", sino de "redes mafiosas bien organizadas" que disponen de plantas de discos ópticos en casi todos los países de la UE, además de las 700 existentes en Extremo Oriente y Europa del Este.

Por su parte, el presidente de la SGAE, Juan Palomino, pidió soluciones de tipo "legislativo, fiscal, preventivo y educativo", ya que la Unión "debe actuar de forma inmediata" ante este fenómeno frente al que, según Miguel Gil, director de Relaciones Corporativas del Grupo PRISA, se reacciona "con laxitud", a pesar de que los delitos están repercutiendo en la industria hasta el punto de provocar recortes en plantillas de multinacionales como la británica EMI.

Gil recordó que el problema "crece a un ritmo en términos de progresión geométrica", mientras que la respuesta de las autoridades lo hace "en progresión aritmética". Para Gil, resulta sorprendente la pasividad gubernamental ante una actividad que priva a las arcas públicas de ingresos fiscales de cerca de 50 millones de euros.

Si hasta el verano de 1999, el índice de piratería en España estaba entre el 2 y el 3% anual, según la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), en 2001 el índice se disparó hasta el 20%. Actualmente, el 30% de los discos comercializados en España tienen una procedencia ilegal, aseguró ayer en Bruselas Luis Mendo, presidente de la plataforma española antipiratería.

El año pasado en España, tanto la industria discográfica como los artistas perdieron en ventas 210 millones de euros (80 millones de unidades vendidas son ilegales), mientras que, según la SGAE, en el año 2000 se vendieron 1.850 millones de copias piratas en todo el mundo.

Copias ilegales de descodificadores

Por otro lado, la Comisión Europea ha decidido denunciar al Gobierno español ante el Tribunal de Justicia de la UE por no recoger en la legislación nacional las normas europeas para combatir la piratería en los descodificadores y en las 'tarjetas inteligentes', que debían haberse adoptado hace dos años.

La directiva comunitaria, de noviembre de 1998 (que dejaba año y medio de plazo para trasponer dicha normativa a las legislaciones nacionales), protege jurídicamente a los suministradores de servicios de acceso condicional, exigiendo a los Estados miembros que adopten medidas necesarias para "prohibir" y "sancionar" la venta de descodificadores, tarjetas inteligentes y programas informáticos piratas que permiten acceder a servicios codificados.

Así, la normativa comunitaria exige a los países de la UE que sancionen actividades como la fabricación, importación, distribución, venta, alquiler o posesión con fines comerciales de dispositivos ilícitos; la instalación, mantenimiento o sustitución con fines comerciales de un dispositivo ilícito; y el uso de comunicaciones comerciales para la promoción de dispositivos ilícitos.

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[*] La Mesa Antipiratería -formada por representantes de los sectores de la gestión de derechos, operadores de televisión de pago, discográfico, editorial, distribución y fabricantes de soportes de audio y video- nació en Madrid en septiembre del año pasado, con motivo de la creciente preocupación ante los índices alarmantes que está adquiriendo en nuestro país la reproducción ilícita de productos culturales y de ocio.

Fuente: El País
El Mundo
Cinco Días
27.03.02

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