Gestión y Protección
del Conocimiento
La Mesa
Antipiratería española pide a la UE
que reaccione de forma tajante ante el fraude
La Comisión Europea
denunciará a España por no combatir
las copias ilegales de descodificadores y tarjetas inteligentes
Representantes de la Mesa Antipiratería
[*]
intervinieron ayer
en Bruselas ante la Comisión de Cultura del Parlamento Europeo
para exigir medidas urgentes que frenen el importante incremento
de esta práctica ilegal en España. El objetivo fue el de escuchar a los
interesados y buscar soluciones conjuntas a una cuestión
considerada como un problema global.
Entre las propuestas
para combatir la piratería, destacan la creación de un observatorio
europeo para vigilar la reproducción ilegal de obras discográficas o
editoriales y la adopción de un proyecto de directiva que
proteja específicamente la creación cinematográfica. Porque
para atajar este problema es fundamental la actuación y colaboración
entre todos los Estados de la UE.
Además, la Mesa
Antipiratería solicitó al Parlamento la difusión de un manifiesto
en los Quince Estados miembros de la UE para sensibilizar a las
opiniones públicas, la creación de un programa europeo para
desarrollar nuevos sistemas anticopia de alta tecnología,
armonización de las normas comunitarias sobre derechos de propiedad
intelectual y mejora de los controles aduaneros para impedir
el tráfico de soportes piratas.
Incluso, los
representantes de la Mesa pidieron una mayor atención de cara a la
ampliación de la UE hacia los países del Este, de modo que, antes de
que éstos se incorporen, se les exija tener aprobadas unas regulaciones
adecuadas para luchar contra la piratería.
Contra un delito
organizado
Asimismo, los
representantes de la Mesa Antipiratería consideraron "fundamental" que
haya "sanciones penales" disuasorias contra lo que consideran "un
delito" y no un fenómeno que pueda quedar relegado a la jurisdicción
civil.
A este respecto, el
presidente de la Comisión de Cultura, Michel Rocard, apostó por una
definición jurídica del delito y por una implicación policial más
amplia en toda la UE, de modo que considera necesario que la Policía
de toda Europa se involucre en la persecución de este delito.
El director de cine y
presidente de la Federación Europea de Realizadores y Autores, Manuel
Gutiérrez Aragón advirtió que la piratería "no es un asunto de pobres
inmigrantes que venden discos en la esquina", sino de "redes mafiosas
bien organizadas" que disponen de plantas de discos ópticos en casi
todos los países de la UE, además de las 700 existentes en Extremo
Oriente y Europa del Este.
Por su parte, el
presidente de la SGAE, Juan Palomino, pidió soluciones de tipo
"legislativo, fiscal, preventivo y educativo", ya que la Unión "debe
actuar de forma inmediata" ante este fenómeno frente al que,
según Miguel Gil, director de Relaciones Corporativas del Grupo PRISA,
se reacciona "con laxitud", a pesar de que los delitos están
repercutiendo en la industria hasta el punto de provocar recortes en
plantillas de multinacionales como la británica EMI.
Gil recordó que el
problema "crece a un ritmo en términos de progresión geométrica",
mientras que la respuesta de las autoridades lo hace "en progresión
aritmética". Para Gil, resulta sorprendente la pasividad
gubernamental ante una actividad que priva a las arcas públicas de
ingresos fiscales de cerca de 50 millones de euros.
Si hasta el verano de
1999, el índice de piratería en España estaba entre el 2 y el 3%
anual, según la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), en
2001 el índice se disparó hasta el 20%. Actualmente, el
30% de los discos comercializados en España tienen una procedencia
ilegal, aseguró ayer en Bruselas Luis Mendo, presidente de la
plataforma española antipiratería.
El año pasado en
España, tanto la industria discográfica como los artistas
perdieron en ventas 210 millones de euros (80 millones de unidades
vendidas son ilegales), mientras que, según la SGAE, en el año 2000 se
vendieron 1.850 millones de copias piratas en todo el mundo.
Copias ilegales de
descodificadores
Por otro lado, la
Comisión Europea ha decidido denunciar al Gobierno español
ante el Tribunal de Justicia de la UE por no recoger en la
legislación nacional las normas europeas para combatir la piratería en
los descodificadores y en las 'tarjetas inteligentes', que debían
haberse adoptado hace dos años.
La directiva
comunitaria, de noviembre de 1998 (que dejaba año y medio de plazo
para trasponer dicha normativa a las legislaciones nacionales),
protege jurídicamente a los suministradores de servicios de acceso
condicional, exigiendo a los Estados miembros que adopten medidas
necesarias para "prohibir" y "sancionar" la venta de
descodificadores, tarjetas inteligentes y programas informáticos
piratas que permiten acceder a servicios codificados.
Así, la normativa
comunitaria exige a los países de la UE que sancionen actividades como
la fabricación, importación, distribución, venta, alquiler o posesión
con fines comerciales de dispositivos ilícitos; la instalación,
mantenimiento o sustitución con fines comerciales de un dispositivo
ilícito; y el uso de comunicaciones comerciales para la promoción de
dispositivos ilícitos.
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[*] La Mesa Antipiratería
-formada por representantes de los sectores de la gestión de derechos,
operadores de televisión de pago, discográfico, editorial, distribución
y fabricantes de soportes de audio y video- nació en Madrid en
septiembre del año pasado, con motivo de la creciente preocupación ante
los índices alarmantes que está adquiriendo en nuestro país la
reproducción ilícita de productos culturales y de ocio.
Fuente: El
País
El Mundo
Cinco Días
27.03.02