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Miércoles, 13 de noviembre de 2002 |
Noticias
Seguridad de la Información y Protección de DatosDesarticulada en Madrid una red que falsificaba documentos para obtener créditos bancarios
La "operación Chavela" ha sido llevada a cabo por la Guardia Civil. Puede haber hasta 40 afectados por estas prácticas delictivas.
La Guardia Civil ha detenido en los últimos días en la capital a cinco personas acusadas de falsificar documentos para la obtención de créditos bancarios e hipotecas. Los agentes han realizado, además, dos registros domiciliarios, donde han intervenido una gran cantidad de documentación.
Para las operaciones, la banda seleccionaba a inmigrantes de Europa del Este o Hispanoamérica, y también a españoles cuyas condiciones económicas les impedían obtener créditos bancarios. Según informó ayer el instituto armado, la "Operación Chavela", desarrollada en la última semana, ha dado como resultado la detención de este grupo de personas que, con contactos bancarios e inmobiliarios, falsificaban documentos para la concesión de créditos hipotecarios sobre todo a personas que no reunían los requisitos necesarios.
Entre los detenidos figura M. E. F. G., presunta cabecilla del grupo, quien, junto a su hija, M. L. L. F., era la supuesta encargada de localizar a los 'colaboradores', quienes acudían a ellas 'por el boca a boca'. Las detenidas elegían a aquellas personas que por su situación laboral y personal tenían dificultades para la concesión de préstamos, explicó la Guardia Civil. El siguiente paso consistía en la falsificación de los documentos, generalmente nóminas y declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Una vez confeccionados los documentos eran remitidos a los empleados de banca que colaboraban con la organización, quienes los tramitaban y los entregaban en diferentes entidades financieras y bancarias que eran las que posteriormente concedían el crédito. Por estas operaciones los presuntos delincuentes se quedaban con un 10% del importe del préstamo en concepto de comisión.
Del estudio de la documentación intervenida en dos registros domiciliarios se desprende, según el instituto armado, que puede haber hasta 40 afectados por estas prácticas delictivas.Noticias relacionadas:
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El País
La Vanguardia
(12.11.2002)
