Seguridad de la
Información y Protección de Datos
El
Gobierno reformará la Ley de Internet dos meses después de su entrada en
vigor
El director general
para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, Leopoldo
González-Echenique, ha dejado abierta la puerta a una modificación de la
ley en lo relativo al envío de publicidad 'si se genera inseguridad
jurídica'
La Ley de Servicios
de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (más
conocida como LSSI o Ley de Internet), que entró en vigor el pasado 12
de octubre, prohíbe expresamente el envío de comunicaciones
publicitarias por cualquier medio electrónico 'que previamente no
hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los
destinatarios de las mismas'.
El problema es
que la prohibición choca con la directiva 2002/58 de la Unión
Europea, que no exige a las empresas pedir consentimiento si el
destinatario de la publicidad es ya cliente.
"Estamos
en los albores de aplicación de la ley y el camino se hace al andar",
afirma el director general para el Desarrollo de la Sociedad de la
Información. "Si genera inseguridad jurídica y es necesario, tendremos
que ajustar la ley a la directiva europea", asegura.
El ministerio alega
que la directiva europea no pudo incluirse en la LSSI "por falta de
tiempo". Sin embargo, la norma europea fue aprobada el 12 de julio,
el mismo día en que la Ley de Internet se publicó en el Boletín Oficial
del Estado.
El envío de
publicidad a través de Internet no es el único punto que ha generado
incertidumbre entre las empresas proveedoras de servicios, que
actualmente no saben a qué atenerse. González-Echenique, quien presentó
el lunes en Madrid, junto al secretario de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información, Carlos López Blanco, una campaña
de publicidad para informar sobre la LSSI, afirmó que "el ministerio
ha recibido cientos de preguntas desde la entrada en vigor de la ley".
Para intentar
paliar de alguna forma las dudas que ha levantado la polémica norma,
Ciencia y Tecnología ha puesto en marcha una página web para resolver
preguntas (www.lssi.es) y un tríptico que se distribuirá por toda
España y donde se resumen los aspectos más importantes de la LSSI.
Además del envío
de publicidad no deseada, otro frente abierto es, según reconoció ayer
González-Echenique, el controvertido artículo 12 de la ley, que
obliga a los proveedores de acceso a Internet a retener datos de tráfico
de los usuarios. "Esa obligación no se está aplicando porque así nos
lo han comunicado por escrito desde Ciencia y Tecnología", afirmó ayer
Javier Valiente, presidente de la Asociación de Proveedores de Internet
(Aepsi). Ese punto se encuentra sujeto a desarrollo reglamentario, a
través de un real decreto, para delimitar qué empresas deben cumplirlo,
cuánto tiempo deben conservarse los datos y quién correrá con los
costes.
La tarea del
nuevo equipo de Josep Piqué en cuanto a la aplicación de la ley promete
ser muy difícil. La puesta en marcha de la LSSI, impulsada por la
anterior ministra del ramo, Anna Birulés, descuida aspectos tan
esenciales como el número de inspectores de que dispone el ministerio
para hacer cumplir la norma.
Otra de las
obligaciones que incluye la ley es la de comunicar en el Registro
Mercantil o en cualquier otro registro el nombre de dominio. "En el
Registro Mercantil de Madrid no tienen ni idea de cómo se registra un
dominio, sólo te dicen: presente usted un escrito", afirma Eduardo
Berrocal, presidente de Atiendes, que engloba a las 15 principales
empresas de comercio electrónico.
El lunes, el estupor
era palpable entre las principales asociaciones de Internet, que no
habían sido informadas de la campaña. "Mal empezamos si sigue sin haber
una interlocución entre los comercios y la Administración dos meses
después de la entrada en vigor de la ley", afirmó Berrocal.
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Fuente: Cinco Días
26.11.02