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Jueves, 24 de octubre de 2002 |
Noticias
Seguridad Pública y Protección CivilFrancia aprueba la ley de seguridad que tipifica nuevos delitos urbanos y castiga con cárcel la mendicidad
La oposición cree que es una "declaración de guerra contra los pobres"
El Gobierno francés ha aprobado el proyecto de Seguridad Interior que refuerza considerablemente las atribuciones policiales, aunque ha sido «limado» hasta eliminar algunos de los puntos más controvertidos que figuraban en el texto inicial. Sin embargo, siguen intactos los que elevan a la categoría de delito la exhibición de las prostitutas en la calle para atraer clientes o la mendicidad «agresiva».
Uno de los últimos puntos en caer ha sido el que preveía penas de hasta seis meses de cárcel para los «ocupas». La aprobación del texto por el Consejo de Ministros se ha producido en medio de una tormenta de críticas provenientes de la izquierda, que sostiene que el proyecto es una «declaración de guerra contra los pobres», frente a la cerrada defensa que de él hace el ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, bajo el argumento de que la intención del Gobierno es garantizar la seguridad de los franceses «olvidados», que son los «más modestos».
El ministro del Interior explicó también, frente a las críticas, que el nuevo texto legal conseguirá «mover las cosas, obtener resultados, hacer que la vida cotidiana mejore». «Los que tienen miedo, los que ya no pueden más, los que no comprendían por qué desde hace tanto tiempo el Estado les ignoraba -añadió-, son ellos los que están en el corazón de nuestras preocupaciones».
Lo cierto es que Sarkozy, que en unos meses de gestión se ha hecho acreedor de apodos tan variados como «Spedy» o «el primer policía de Francia», ha tenido que renunciar a algunas de sus primeras intenciones. Medidas como la de alargar el período de detención sin derecho a la presencia de abogado fueron «aparcadas» al principio de los debates.
En otros casos, se hizo necesaria la intervención del primer ministro, Jean-Pierre Raffarin, para zanjar algunas discrepancias, -oficialmente negadas- entre Justicia e Interior. Los últimos retoques parecen hechos a golpe de encuesta, con la eliminación del proyecto de algunos apartados que los ciudadanos sondeados desaprobaban, como el de castigar «la ocupación colectiva de bienes inmobiliarios ajenos».
Aún con esas correcciones, el proyecto que el Gobierno ha decidido remitir al Parlamento ensancha los márgenes de la actuación policial en materia de registros, sobre todo en asuntos de terrorismo, crimen organizado y tráficos ilegales.
También establece la ampliación de ficheros policiales que contienen huellas genéticas, hasta ahora limitados exclusivamente a los condenados por delitos sexuales, la autorización de registros de coches en casos de robo y receptación o la persecución por intimidación de las bandas que se reúnen en las cajas de escalera y en las partes comunes de los inmuebles de los barrios más conflictivos.
En el caso de los delitos sexuales, no sólo serán inscritos en el registro de «huellas genéticas» los culpables, sino también quienes hayan sido procesados y se arriesgaran a tres años de cárcel, aunque finalmente no fueran condenados.
El discurso de Sarkozy, y en general todas las medidas del nuevo Gobierno de derechas destinadas a reforzar la seguridad, son una respuesta directa al resultado de las pasadas elecciones presidenciales y legislativas, sobre todo las primeras, en las que el ultraderechista Jean-Marie Le Pen utilizó el argumento de la seguridad ciudadana para entrar en la segunda vuelta. Sin embargo, muchos consideran que el proyecto de ley constituye un «peligro para la democracia».
Nuevos delitos, nuevas penas:
Prostitución callejera, activa o pasiva, con incitación a la relación sexual, seis meses de cárcel y 3.750 euros de multa.
Ocupación de habitaciones o terrenos pertenecientes a terceros, seis meses de cárcel y 3.750 euros de multa.
Ocupación de entradas y escaleras de inmuebles, dos meses de cárcel y 7.500 euros de multa.
Mendicidad agresiva, en grupo y acompañada de animales, seis meses de cárcel y 7.500 euros de multa.
Explotación de la mendicidad, con niños, cinco años de cárcel y 7.500 euros de multa.
Amenazas contra agentes públicos ejerciendo su función (policías, pero también maestros) dos años de cárcel y hasta 30.000 euros de multa.
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Fuente: La Razón
ABC
24.10.02
