Seguridad Pública y Protección Civil
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En sólo siete
meses se han fugado de los reformatorios de Madrid 70 menores
Los reformatorios
de la Comunidad de Madrid sólo tienen capacidad para atender en
condiciones a uno de cada cinco menores delincuentes a los que la
Fiscalía ordena su ingreso en régimen cerrado y semiabierto.
Los que tratan a diario
con menores violentos o polémicos se quejan de que los medios de que
disponen son insuficientes. Los datos oficiales ponen de manifiesto
que es prácticamente imposible que la Nueva Ley de Responsabilidad del
Menor se pueda aplicar en la región. En los dos años de vigor de esta
ley, la Comunidad de Madrid ha atendido a más de 1.200 menores, más de
600 cada año. El proceso siempre es el mismo: una vez que el juez de
menores determina que el niño mayor de 14 años tiene que ser ingresado
bien en régimen, cerrado, semiabierto o abierto, la Comunidad de Madrid
lo lleva a cabo.
Pero el problema es que
los medios son insuficientes. De los 600 menores que se han atendido en
el último año, el 57,7% debía ser ingresado en régimen cerrado (no puede
salir del centro) por la gravedad de los delitos, pero los cuatro
centros de la Comunidad habilitados para estos menores violentos sólo
tienen cabida para 97 plazas. Para régimen semiabierto la
Administración regional sólo dispone de 44 plazas y las estadísticas
muestran que hay 66 niños pendientes de una plaza en este tipo de
régimen, puesto que ya son medidas firmes de ejecución. Del mismo modo,
22 chavales que han cometido penas más graves están pendientes de una
plaza en centro cerrado.
Cuando
hace unas semanas la Consejería de Servicios Sociales presentó el
balance de estos dos años de vida de la Ley del Menor destacó el aumento
de personal y centros que se había realizado para una mejor aplicación
de la Ley. Así, se ha pasado de tener tres centros para régimen cerrado
y semiabierto a siete, aunque la mejora es insuficiente a la vista de la
demanda real.
La
Comunidad cuenta con un total de 113 plazas para todos los menores que
deben ser ingresados en régimen cerrado y semiabierto. De hecho, algunas
plazas del centro «Los Álamos», destinado únicamente a la rehabilitación
de menores con problemas de drogas, han tenido que ser habilitadas para
menores que el juez había determinado que tenían que estar en régimen
cerrado.
De nada
vale que se modifiquen las lagunas que tiene la ley si la Comunidad va a
tener que seguir reinsertando a más menores para los que no dispone de
medios. Desde el Instituto del Menor, un organismo dependiente del
Gobierno regional, no se descarta una reforma de esta ley, ya que sus
responsables son conscientes de que los medios no son los suficientes.
Esta falta de medios ha provocado que en lo que va de año
70 menores
delincuentes se hayan fugado de los reformatorios en los que se
encontraban recluidos en la Comunidad. A juicio del Defensor del Menor
de la Comunidad de Madrid, Pedro Núñez Morgades, la ley, tal y como se
está aplicando y tras los últimos asesinatos cometidos el último de
ellos el de la joven Sandra Palo, que fue brutalmente asesinada por
cuatro menores, está perdiendo credibilidad entre la ciudadanía.
Por su
parte, la Fiscalía de Menores de Madrid eludió hacer una valoración de
la situación y aportar datos sobre la situación de los centros de
internamiento en la Comunidad.
Fuente: La Razón
14.08.03
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