Cumplir
el protocolo de Kioto costará a las empresas españolas 5.000 millones al
año
Cumplir con los
compromisos adquiridos por España en el protocolo de Kioto puede
costarle a las empresas españolas unos 5.000 millones de euros al año a
partir de 2008, lo que equivale al 0,7% del Producto Interior Bruto
(PIB), según diversas fuentes.
Los
sectores afectados (generación eléctrica, refino de petróleo, cemento,
cal, siderurgia, vidrio, cerámica, papel y pasta de papel) han puesto
el grito en el cielo y se quejan de que los compromisos asumidos por
nuestro país fueron mal calculados cuando la Unión Europea y sus países
miembros firmaron dicho protocolo el 31 de mayo de 2002 ante Naciones
Unidas.
El
objetivo de la UE es reducir las emisiones de gas de efecto invernadero
para 2012 en un 8% en comparación con el nivel que había en 1990. En el
caso de España, nuestro país puede aumentar un 15% sus emisiones en el
periodo 2002-2012 con respecto a 1990.
España
alcanza el 32%
Sin
embargo, y según la Agencia Europea del Medio Ambiente, las emisiones
sólo se han reducido hasta ahora en un 2,3%. En el caso español, se
sitúan en el 32%, muy lejos del objetivo del 15%. Y eso que en 2001, y
por primera vez en cinco años, España redujo sus emisiones un 1,1%.
En 2005
entrará en vigor la Directiva europea sobre comercio de derechos de
emisión de gases de efecto invernadero. El precio de esos derechos,
aún por determinar, podría estar entre 20 y 50 euros por tonelada
emitida.
Desde esos
sectores en España explican que la economía española ha experimentado un
ciclo expansivo muy importante en los últimos años, no compartido por el
conjunto de la economía europea. Apuntan que el incremento de emisiones
en España tiene su origen en este proceso de expansión económica y
convergencia con Europa.
El
nivel actual de emisiones per cápita de España es un 12% inferior a la
media de la Unión Europea (9,7 tCO2 frente a 10,9) y se encuentra
por debajo del objetivo de emisiones de la Unión Europea en el
compromiso de Kioto (10 tCO2). «Puede decirse que España ya cumpliría
el compromiso de la UE para Kioto en emisiones per cápita», afirman
fuentes de estos sectores.
El
compromiso de Kioto exige a España reducir sus emisiones per cápita un
15%, frente a exigencias de reducción inferiores al 10% para la mayoría
de los países.
Las
citadas fuentes dicen que «si España quiere conservar su proceso de
convergencia económica y cumplir también con Kioto es necesario reducir
un 40% las emisiones por unidad de PIB y colocarse (en emisiones por PIB
y per cápita) en niveles de países como Suecia y Francia, con un peso
relativo muy elevado de la energía nuclear. Este es un objetivo poco
realista y tecnológicamente inviable». Y añaden que «la aplicación
de la Directiva de Emisiones debe hacerse sin poner en riesgo la
competitividad de los sectores regulados, el crecimiento de la economía
y su convergencia con Europa».
La CEOE
afirma que «el Gobierno deberá encontrar una solución al aumento de
las emisiones, ya que entre 2008 y 2012 las empresas españolas deberán
adquirir derechos de emisión por encima de sus cuotas de entre 100 y 120
millones de toneladas de CO2, lo que supondrá unos 5.000 millones de
euros».
Compañías eléctricas
Fuentes de
las compañías eléctricas afirman que «el sector se encuentra entre los
más eficientes de la UE en emisiones, sólo superado por países con alta
proporción de generación nuclear. De hecho, la media de emisiones de la
producción eléctrica española se encuentra por debajo de las emisiones
de la tecnología más eficiente disponible en la actualidad (ciclo
combinado de gas natural)».
Explican
que el sector eléctrico ha reducido sus emisiones (en t/CO2/MWh) un 14%
desde el año de referencia de 1990. El incremento en el nivel absoluto
de emisiones (30% desde 1990 a 2001) está ligado a un incremento de
demanda muy superior (51% desde 1990 a 2001).
Las
citadas fuentes dicen que «las previsiones para el horizonte de 2007
colocan al sector eléctrico español entre los más competitivos en
emisiones y como uno de los más intensivos en utilización de energías
renovables dentro de la UE. Dado que el sector eléctrico español se
encuentra entre los más eficientes de Europa desde un punto de vista de
emisiones, la aplicación de la Directiva debería evitar que se exigiesen
al sector esfuerzos que no van a realizar otros países o sectores».
El
Gobierno negoció «a la ligera»
Otro
sector afectado, el de las cementeras, anuncia que «es imposible» poder
cumplir con el protocolo de Kioto, dado el proceso químico que llevan a
cabo para producir este material de construcción, y a pesar de los 100
millones de euros que anualmente invierten en mejorar la eficiencia
productiva de sus plantas, según explicó recientemente Rafael
Fernández, director general de la patronal del sector, Oficemen.
«Estas inversiones sólo se traducirán en una reducción total del 1% de
las emisiones totales de esta industria», apuntó.
Para las
cementeras, el Gobierno se ha comprometido a cumplir estos compromisos
«a la ligera, sin tener en cuenta el proceso de convergencia en renta
y en infraestructuras con la UE».
Arcelor
recurrirá al Tribunal de la CE
Por su
parte, el grupo Arcelor, líder mundial del acero, ha acordado recurrir
ante el Tribunal de las Comunidades Europeas de Luxemburgo la directiva
europea sobre derechos de emisión si no se cambia su texto.
Uno de los
problemas para Arcelor es que la directiva asigna a cada fábrica un
derecho de emisión y la compañía quiere que se les asigne de forma
global, ya que poseen factorías por numerosos países. Este problema lo
sufrirían otras multinacionales.
También
se quejan de que la directiva contempla que las emisiones de los altos
hornos, vendidas a las eléctricas, sean contabilizadas por las acerías.