Temor a
otro 11-S
El temor a que se
repita un 11-S no justifica, por sí solo, todas las medidas legales
decididas por las autoridades de Estados Unidos en los dos últimos años,
pero explica la tensión permanente en que viven sus ciudadanos.
Desde
hace varios días, el Departamento de Seguridad Nacional acordó elevar el
rango de la amenaza terrorista, ante la previsión de actos criminales
durante la Navidad. No han cesado los mensajes de Al Qaida avisándolos.
La preocupación por evitar la perpetración de nuevos atentados se ha
volcado especialmente en el transporte aéreo, no sólo porque los
atentados de Nueva York y Washington se ejecutaron mediante el secuestro
previo de cuatro aviones, sino también porque representa un medio de
transporte masivo en Estados Unidos. Sólo en 2000, 829.000 aviones
pasaron los sistemas de control fronterizo de Estados Unidos. La
magnitud del riesgo es enorme, porque la porosidad del transporte aéreo
puede ser contrarrestada sólo en parte con la implantación de nuevos
dispositivos de seguridad en tierra, antes del vuelo, como el que han
convenido Estados Unidos y la Comisión Europea, gracias a los cuales las
líneas aéreas que tengan vuelos desde Europa deberán comunicar
previamente a las autoridades aduaneras estadounidenses hasta treinta y
cuatro datos personales de los pasajeros, con los que se filtrarán los
que resulten sospechosos. El procedimiento busca más el desistimiento
del presunto terrorista ante la posibilidad de ser detectado que la
implantación realista de un método para «alertas tempranas»,
porque resulta casi utópico plantearse una gestión eficaz, rápida y no
arbitraria de todo el caudal informativo que este sistema va a poner en
manos de la Administración de Estados Unidos. Quedan, además, problemas
graves sobre el destino verificable de algunos datos personales
especialmente privados.
Una
valoración muy distinta merecen las medidas coyunturales que Estados
Unidos adopta ante la previsión de un atentado inminente, aunque es
cierto que la Administración Bush hace cada vez más difícil distinguir
entre lo normal y lo excepcional, porque está dando carta de estabilidad
a una legislación antiterrorista restrictiva de derechos y libertades,
cuya ejecución empieza a verse salpicada por denuncias de abusos
policiales. En todo caso, el 11-S sigue siendo una referencia
inequívoca para quienes cuestionan la verosimilitud de las amenazas
alertadas por los servicios de información de Estados Unidos. La
suspensión de vuelos procedentes de Francia los días 24 y 25 ha sido
motivo de especulaciones retorcidas sobre la intención de las
autoridades de Estados Unidos al advertir al Gobierno francés sobre la
posibilidad de que alguno de los aviones de Air France podía ser
secuestrado y estrellado contra Las Vegas. El Ejecutivo presidido por
Jean Pierre Raffarin ordenó inmediatamente la inmovilización de los
aviones con destino a Estados Unidos, aunque sus Fuerzas de Seguridad no
hallaron indicios de un posible atentado. Ayer se reanudaron los vuelos
porque la advertencia resultó ser una falsa alarma o una alarma no
confirmada, según la perspectiva que se tome. El escepticismo y recelo
con que se consideran ambos países desde el desencuentro por la
intervención militar en Irak han hecho el resto para deslizar la
existencia de intereses comerciales o el simple deseo de perjudicar a
las líneas aéreas francesas. Pero este planteamiento del suceso, además
de falaz, desenfocaría la vigencia de una amenaza que en poco más de un
año se ha hecho presente en Bali, centro África, Casablanca y Estambul.
No se trata de una amenaza fantasma, sino real, persistente y con un
saldo creciente de muertos. No sólo Estados Unidos, sino todos los
países incluidos en la lista de objetivos del terrorismo internacional,
se verán en la obligación de ampliar sus márgenes de seguridad y
desarrollar mecanismos hasta ahora inéditos de prevención policial.
La inteligencia y la sensatez de sus gobiernos deben ser suficientes
para lograr esos objetivos sin perjudicar desproporcionada e inútilmente
los derechos y las libertades de sus ciudadanos.