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Lunes 29 de diciembre de 2003


Seguridad Colectiva y Defensa Nacional

Temor a otro 11-S

El temor a que se repita un 11-S no justifica, por sí solo, todas las medidas legales decididas por las autoridades de Estados Unidos en los dos últimos años, pero explica la tensión permanente en que viven sus ciudadanos.

 

Desde hace varios días, el Departamento de Seguridad Nacional acordó elevar el rango de la amenaza terrorista, ante la previsión de actos criminales durante la Navidad. No han cesado los mensajes de Al Qaida avisándolos. La preocupación por evitar la perpetración de nuevos atentados se ha volcado especialmente en el transporte aéreo, no sólo porque los atentados de Nueva York y Washington se ejecutaron mediante el secuestro previo de cuatro aviones, sino también porque representa un medio de transporte masivo en Estados Unidos. Sólo en 2000, 829.000 aviones pasaron los sistemas de control fronterizo de Estados Unidos. La magnitud del riesgo es enorme, porque la porosidad del transporte aéreo puede ser contrarrestada sólo en parte con la implantación de nuevos dispositivos de seguridad en tierra, antes del vuelo, como el que han convenido Estados Unidos y la Comisión Europea, gracias a los cuales las líneas aéreas que tengan vuelos desde Europa deberán comunicar previamente a las autoridades aduaneras estadounidenses hasta treinta y cuatro datos personales de los pasajeros, con los que se filtrarán los que resulten sospechosos. El procedimiento busca más el desistimiento del presunto terrorista ante la posibilidad de ser detectado que la implantación realista de un método para «alertas tempranas», porque resulta casi utópico plantearse una gestión eficaz, rápida y no arbitraria de todo el caudal informativo que este sistema va a poner en manos de la Administración de Estados Unidos. Quedan, además, problemas graves sobre el destino verificable de algunos datos personales especialmente privados.

Una valoración muy distinta merecen las medidas coyunturales que Estados Unidos adopta ante la previsión de un atentado inminente, aunque es cierto que la Administración Bush hace cada vez más difícil distinguir entre lo normal y lo excepcional, porque está dando carta de estabilidad a una legislación antiterrorista restrictiva de derechos y libertades, cuya ejecución empieza a verse salpicada por denuncias de abusos policiales. En todo caso, el 11-S sigue siendo una referencia inequívoca para quienes cuestionan la verosimilitud de las amenazas alertadas por los servicios de información de Estados Unidos. La suspensión de vuelos procedentes de Francia los días 24 y 25 ha sido motivo de especulaciones retorcidas sobre la intención de las autoridades de Estados Unidos al advertir al Gobierno francés sobre la posibilidad de que alguno de los aviones de Air France podía ser secuestrado y estrellado contra Las Vegas. El Ejecutivo presidido por Jean Pierre Raffarin ordenó inmediatamente la inmovilización de los aviones con destino a Estados Unidos, aunque sus Fuerzas de Seguridad no hallaron indicios de un posible atentado. Ayer se reanudaron los vuelos porque la advertencia resultó ser una falsa alarma o una alarma no confirmada, según la perspectiva que se tome. El escepticismo y recelo con que se consideran ambos países desde el desencuentro por la intervención militar en Irak han hecho el resto para deslizar la existencia de intereses comerciales o el simple deseo de perjudicar a las líneas aéreas francesas. Pero este planteamiento del suceso, además de falaz, desenfocaría la vigencia de una amenaza que en poco más de un año se ha hecho presente en Bali, centro África, Casablanca y Estambul. No se trata de una amenaza fantasma, sino real, persistente y con un saldo creciente de muertos. No sólo Estados Unidos, sino todos los países incluidos en la lista de objetivos del terrorismo internacional, se verán en la obligación de ampliar sus márgenes de seguridad y desarrollar mecanismos hasta ahora inéditos de prevención policial. La inteligencia y la sensatez de sus gobiernos deben ser suficientes para lograr esos objetivos sin perjudicar desproporcionada e inútilmente los derechos y las libertades de sus ciudadanos.

Fuente: ABC
27/12/2003

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