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Viernes 21 de noviembre de 2003


Seguridad Industrial y Prevención de Riesgos Laborales

Vocales del Poder Judicial exigen investigar la actuación en los accidentes laborales

La siniestralidad se cobró ayer seis nuevas víctimas mortales y el jueves otras cuatro

 

Tres miembros progresistas del Consejo General del Poder Judicial (el vicepresidente, Fernando Salinas, y los vocales José Antonio Alonso y Luis Aguiar) exigen que los servicios de inspección del organismo investiguen inmediatamente lo acaecido en los juzgados y tribunales de España con las denuncias interpuestas en relación con los accidentes laborales. Esta petición se produce tras conocerse tres polémicas sentencias emitidas en Córdoba, Barcelona y Pontevedra en las que se responsabiliza a los trabajadores de siniestros con consecuencias graves. Una siniestralidad que ayer dejó seis víctimas mortales y el jueves otras cuatro. Los tres vocales creen que las pesquisas vienen justificadas por la alta cifra de accidentes y muertes que azota España. "En 2002 se registraron un total de 1.016.670 accidentes de trabajo", explican, "de los cuales 1.000.673 fueron leves, 14.453, graves (1.101 en el puesto de trabajo y el resto en el trayecto entre casa y trabajo)". Además, añaden los vocales, "en el periodo enero-julio de 2003, se registraron, en el puesto de trabajo, 525.988 accidentes de trabajo, de los que 6.781 fueron calificados como graves y con 582 víctimas mortales".

Los vocales -Fernando Salinas, vicepresidente del Consejo; Luis Aguiar y José Antonio Alonso- lamentan la alta tasa de siniestralidad laboral que registra España y por ello quieren conocer, con datos oficiales, cuál ha sido la respuesta judicial a los accidentes laborales ocurridos entre 2001 y julio de 2003. Los citados vocales presentarán al pleno del Consejo que se celebrará el próximo día 19 un escrito para que se dé luz verde a esta investigación.

Uno de los vocales firmantes del escrito explica: "Creemos que el Consejo General del Poder Judicial debe tener un conocimiento cabal del tratamiento que se está dando en la vía judicial a este asunto; cuando se conozca esa realidad, se actuará en consecuencia".

En el escrito que elevarán el día 19 al pleno del Consejo, para que éste apruebe la investigación, los vocales destacan que la siniestralidad laboral en España casi duplica la medida de la Unión Europea.

Dimensiones sociales

"Las cifras expuestas", indican, "dan cuenta de la enorme magnitud de una tragedia intolerable. De hecho, España es el país de la Unión Europea con más accidentes laborales. Prácticamente, duplicamos la media comunitaria", detallan. En el escrito, se explica también: "Las respuestas futuras del poder público ante un fenómeno de tales dimensiones personales, sociales y económicas exigen conocer, antes de nada, las respuestas que el mismo poder público está dando en la actualidad".

Según estos vocales, el Poder Judicial "desconoce totalmente la manera y el alcance con el que el sistema judicial está afrontando los conflictos derivados de los accidentes laborales". Por ello, razonan, "la institución que gobierna la judicatura debe corregir tal desconocimiento, y en su caso poner los remedios que sean pertinentes para mejorar el funcionamiento del sistema".

Los tres vocales quieren que la investigación se ciña, inicialmente, a la jurisdicción penal, "con la finalidad de no complicar el estudio completo", pero no descartan ampliarlo después al resto de jurisdicciones afectadas por este problema.

En concreto, los firmantes del escrito solicitan del pleno lo siguiente: "Que se ordene al Servicio de Inspección la inmediata realización de un informe, relativo a la jurisdicción penal, que contenga el número de asuntos en los que la causa identificable del procedimiento judicial sea un accidente de trabajo, y que sean relativos a los años 2001, 2002 y al periodo enero-julio de 2003, desglosándolos por cada uno de esos periodos". También reclaman, en relación con cada uno de los años antes indicados, que en el informe "se especifiquen la cifra de asuntos [de este tipo] archivados", así como aquéllos que han sido tramitados "como falta y también los seguidos por delito".

De entre los asuntos no archivados, los vocales quieren que se aclaren cuántos de esos asuntos están "pendientes de juicio, cuántos han sido ya enjuiciados en primera instancia y cuántos están recurridos" o bien ha recaído sobre ellos "una sentencia firme". También se pide que entre los casos ya enjuiciados, se "especifique (aunque no sean firmes) el número de sentencias condenatorias y absolutorias".

Los tres vocales del Consejo saben de las dificultades con que muchas veces se topan las sentencia a la hora de ser ejecutadas. Por ello, quieren que en el informe que hagan los inspectores, si el Consejo da luz verde a esta iniciativa, se enumeren las sentencia firmes "ya ejecutadas", así como "el monto total de indemnizaciones efectivamente pagadas" a los trabajadores víctimas de esos accidentes laborales. En su escrito, los tres vocales entienden que los datos "que se piden son los mínimos solicitados", pero que ello no es óbice para que " el Servicio de Inspección utilice su plena libertad para suministrar cualquier otro que los complemente, cuando lo entienda útil a los fines del informe".

Un padre y un hijo muertos

Al goteo de accidentes se sumaron ayer las muertes de dos operarios en Barcelona, y de otros cuatro en Sevilla, Moratalla (Murcia), Castellón y Don Hierro (Segovia), sumados a cuatro más el pasado jueves. El accidente de Barcelona fue particularmente dramático porque padre e hijo murieron al caer al vacío desde la terraza de un cuarto piso mientras subían con una cuerda una barandilla nueva. Ambos se apoyaron sobre la barandilla vieja que pretendían sustituir. Pero ésta cedió. Según testimonios presenciales, el tercer operario que desde la acera vigilaba la operación era hijo y hermano de los fallecidos, informa Judith Casals desde Santa Coloma de Gramanet. Según la policía autonómica, la Inspección de Trabajo se personó en el lugar del accidente. El sindicato CC OO subrayó que la obra en que trabajaban las víctimas, que tenían su propia empresa familiar (Ruiz Márquez, que coincide con las iniciales de las víctimas, R. M.), carecía de licencia municipal.

Todos los testimonios consultados explicaron que en el momento del accidente no había ninguna medida de seguridad. Los operarios no llevaban casco ni arnés. Tampoco había instalada ninguna red de protección. Francisco R. M. y su hijo Jordi tenían 56 y 26 años de edad, respectivamente. Pese a ser atendidos en el lugar del accidente -durante cerca de una hora los servicios de emergencia intentaron reanimarles- murieron. El padre, en el trayecto en el hospital, y el hijo, una vez en él.

Fuente: El País
15/11/2003

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