Seguridad
de la Información y Protección de
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California aprueba
la ley 'antispam' más dura de EEUU
El gobernador de
California, el demócrata Gray Davis, ha aprobado la ley americana más
dura y completa contra los mensajes basura. Davis, cuestionado e
impopular, está en la recta final de una confusa y compleja campaña
electoral que le podría desalojar de su oficina el 7 de octubre.
La ley no sólo prevé
penas de hasta un millón de dólares sino que persigue tanto a las
empresas especializadas en hacer y enviar este tipo de mensajes como a
las compañías y productos que se benefician de esa publicidad.
La iniciativa,
además, tiene el valor de que puede marcar un ejemplo a seguir en otros
estados o incluso a nivel federal. Ahora mismo hay en Estados Unidos 35
estados que regulan de alguna forma este problema, aunque la mayoría se
limitan a prohibir los mensajes basura que tienen un origen o identidad
oscura. Pero no existen restricciones federales, aunque hay registrados
varios proyectos en ese sentido en el Congreso. Uno de ellos propone la
creación de un registro nacional de ciudadanos en contra de recibir
esta publicidad, a la manera del registro de no llamadas telefónicas de
marketing que ha cautivado ya a 50 millones de personas y que está en
plena discusión jurídica sobre su legalidad.
La nueva ley
antispam californiana, que debería entrar en vigor el 1 de enero,
prohíbe el envío de mensajes publicitarios o comerciales no solicitados
a no ser que exista una relación previa clara de negocios con el posible
receptor o cuando se haya recibido su autorización expresa, medida
que ya está en vigor en otros estados.
Se calcula que
las empresas de marketing dedicadas al correo basura hacen perder unos
9.000 millones de dólares al año a las compañías, sólo en pérdida de
competitividad.
La ley penaliza
desde un dólar por cada mensaje no solicitado hasta un millón de dólares
por cada campaña. Este proyecto, además, permitirá a los propios
usuarios de Internet afectados demandar a las empresas responsables de
los spam, así como al fiscal del Estado y a las firmas que proporcionan
los servicios de Internet.
Fuente:
El País
02.10.03
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