Seguridad
Corporativa y Protección del
Patrimonio
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El Ministerio del
Interior destina 92 millones de euros para escoltas privados en el País
Vasco
La partida, que
incluye a Navarra, es un 26% superior a la de 2004
El
Ministerio del Interior va a destinar el año que viene más de 92
millones de euros a contratar escoltas privados para las personas
necesitadas de protección en el País Vasco y Navarra a causa de la
persistencia de la "amenaza explícita" de ETA. Esta
partida es un 26% superior a la de 2004 y supone la constatación de que
los efectivos policiales para cubrir los servicios de guardaespaldas
"resultan insuficientes".
La
propuesta del Ministerio del Interior para aumentar el presupuesto para
escoltas privados ha sido enviada a La Moncloa, con la pretensión de que
sea aprobada en el Consejo de Ministros, según fuentes gubernamentales.
El texto remitido a Presidencia subraya que en toda España, pero
especialmente en el País Vasco y Navarra, existe un "grave riesgo"
debido a la persistencia de la "amenaza explícita" de ETA".
Este hecho conlleva la necesidad de adoptar medidas a fin de "elevar el
nivel de protección" de los amenazados, especialmente de políticos,
jueces y fiscales. La protección de personalidades es una de las
funciones naturales de la seguridad pública, pero la ley permite
contratar con empresas especializadas de seguridad
privada cuando se considere que los efectivos policiales
"resultan insuficientes".
El Gobierno autorizará, en el caso de que la propuesta sea aprobada, a
contratar servicios de guardaespaldas con varias empresas de seguridad
por un máximo de 92.020.850 euros (casi 15.311 millones de las extintas
pesetas). Las fuentes consultadas han explicado que esta partida supone
un incremento de un 26% respecto a este año.
Autoridad pública
El dinero
saldrá de los créditos de la Secretaría de Estado de Seguridad, que,
desde la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales que aprobó
el PP en 2000, puede autorizar la prestación de servicios de
acompañamiento y protección por parte de escoltas privados a personas
que tengan la consideración de autoridad pública. Los miembros de
las Fuerzas de Seguridad son autoridad, pero no los empleados de la
seguridad privada.
La aprobación por el Consejo de Ministros es imprescindible, ya que la
ley de Contratos del Estado obliga a este trámite cuando los contratos
sean superiores a 12 millones. El procedimiento para elegir las
empresas será el "negociado sin publicidad", es decir, que se
consultará y negociará con varias empresas del sector. La ausencia de
publicidad está justificada legalmente para aquellos contratos que
versan sobre "medidas especiales de seguridad que exigen mantener la
confidencialidad de su contenido", según fuentes de la
Administración.
Interior se había planteado en agosto llevar a cabo una revisión
"caso por caso" de los servicios de escolta de personalidades
que, según aseguraron entonces fuentes del departamento, en ningún caso
iba a afectar a Navarra y el País Vasco, donde se calcula que hay unas
1.500 personas con protección. El Gobierno vasco también tiene previsto
destinar el año que viene 60 millones de euros al pago de escoltas
privados y casi 30 millones a pagar las horas extras de los ertzainas
que desempeñan la misma función de protección.
Fuente: El País
13.12.04
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